-El Derecho Mercantil-

Por: Alexa Estefania López Negrete

 

El Derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los derechos, las relaciones jurídicas y la conducta de las personas y empresas dedicadas al comercio; dentro de su jurisdicción se encuentra el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Como función tiene regular los contratos de empresa, las prácticas de contratación, seguros de vida y de accidentes, títulos de crédito, las sociedades y asociaciones, así como la fabricación y venta de bienes de consumo.

 

 

Es posible distinguir entre dos criterios dentro del derecho mercantil. El criterio objetivo es aquel que se refiere solamente a los actos de comercio, mientras que el criterio subjetivo está vinculado a la persona que se desempeña como comerciante.

 

Sus principales elementos son:

 

  • Actos de comercio, intermediación en el cambio de bienes.
  • Sujetos de la relación de derecho mercantil, comerciantes y empresas.
  • Las cosas o bienes materia de los actos de comercio, objetos o servicios de relación mercantil: empresa, títulos de crédito, moneda, mercancías, etc.
  • Procedimientos judiciales o administrativos. Por ejemplo juicios mercantiles, proceso de quiebra, por mencionar algunos. 
 

-Sucesión Legítima-

 Por Bianca Elizabeth Valerio Michel

 

¿QUÉ ES LA SUCESIÓN LEGÍTIMA?

 

Un sucesión legítima o también conocida como intestamentaria o intestado, ocurre cuando no hay testamento, cuando el testador no dispuso de todos los bienes o ninguno, o bien cuando el testamento que se otorgó es nulo o perdió su validez. Operará también la sucesión legítima cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, o cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, en los casos que no haya nombrado substituto.

 

¿QUIÉNES HEREDAN POR SUCESIÓN LEGÍTIMA?

 

Tendrán derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina. A falta de los anteriores la beneficencia pública. El parentesco de afinidad no da derecho de heredar en estos supuestos.

 

¿QUÉ ES UNA HERENCIA?

 

Es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima.

 

¿QUÉ ES UN LEGATARIO?

 

Es quien adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.

-Obligaciones tributarias. Principio de Autodeterminación-

Por Ana Inés Gómez Obregón

 

En el sistema tributario mexicano, contemplado en el Código Fiscal Federal artículo 6 en su tercer párrafo, todo contribuyente está obligado a saber las hipótesis de causación, que causan la obligación de pagar impuestos, además tiene la obligación de determinar en cantidad liquida, las contribuciones (las cuales el Estado puede cobrar de manera coactiva sin juicio previo), mediante operaciones matemáticas con el fin de encontrar en importe exacto, mediante tasas previamente estipuladas en la ley, sin que sea necesario que la autoridad fiscal le requiera el cumplimiento al contribuyente.

 

Es decir, que la referida autodeterminación parte de un principio de buena fe, no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.

 

Referencia: Tesis Jurisprudencial Núm. 1a./J. 11/2012 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala.

 

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LPA

  

 

 

El contrato de arrendamiento es aquel contrato a través del cual una de las partes, designada como arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y disfrute de una cosa, ya sea mueble o inmueble, a otra parte que se denominará arrendatario, quien se encuentra obligado a través del mencionado contrato a pagar un valor por ese uso y goce.

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LA ORALIDAD EN LOS JUICIOS CIVILES

 

 
Se trata de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la justicia.
 
El proceso oral se entiende en la aplicación de los siguientes principios:
 
Predominio de la palabra como media de la expresión contemplada con el uso de escritos de preparación y documentación.
 
Si se mira sólo el elemento exterior de la oralidad y de la escritura puede conducir a equívocos en cuanto a la índole del proceso pues es difícil concebir un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad y un proceso oral que no admita algún grado de escritura.
 
El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia.
 
El desarrollo del procedimiento civil viene condicionado por la exigencia de mayor sencillez en los actos procesales dada la naturaleza de las cuestiones que son objeto de debate en esta jurisdicción, por la necesidad del incremento de la oralidad en los debates civiles a fin de aumentar la publicidad del proceso, el acceso de las partes y el impacto social de estos.
 
Dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar:
 
Menor formalidad,
 
Mayor rapidez,
 
Propicia la sencillez,
 
Aumenta la publicidad del proceso,
 
Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias,
 
Permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda.

 

 
El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso.
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reconocimiento de paternidad


El reconocimiento de la paternidad, en ocasiones no se produce, es decir que hay padres que no quieren reconocer legalmente a sus hijos, para ello la madre debe acudir a un procedimiento judicial civil, de reconocimiento de paternidad.
El ejercicio de dicha acción ante los Tribunales tiene por finalidad determinar la filiación de un padre respecto del hijo.
La acción puede ser ejercitada por el hijo durante toda su vida, si bien, durante su minoría de edad, se realizará por su representante legal (la madre) o por el Ministerio Fiscal.
Es necesario, para ejercitarla, Abogado y Procurador.
Para que el reconocimiento de paternidad sea admitido ante los Tribunales, la demanda deberá ir acompañada de “un principio de prueba” (fotografías, testigos, cartas, etc.), que puedan acreditar la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el supuesto padre, en la época de la concepción.
Hoy día ese reconocimiento suele configurarse a través de la prueba del ADN, o también llamada prueba criminológica.
Pruebas de ADN en Parentesco Biológico y Criminalística
La identificación genética (identidad) tiene como finalidad la identificación de personas, o de testigos biológicos tales como sangre, saliva, raíces de cabello, semen, piezas dentales u otros tejidos corporales diversos.
Las aplicaciones del análisis del ADN en materia de identificación genética son muy numerosas. De entre ellas, cabe destacar:
1.      Los diagnósticos de parentesco biológico, éstos se realizan casi siempre en casos de paternidad disputada, sin embargo, también se llevan a cabo diagnósticos de maternidad y otras clases de parentesco.
2.      La identificación de vestigios biológicos en relación con delitos, así como en la identificación de cadáveres de personas desaparecidas o que han perecido en accidentes o catástrofes.

 

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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Por Bianca Valerio Michel



Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Principio de Universalidad: Señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.

Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.

Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tiene la función de:

 Contribuir al desarrollo integral de la persona.

 Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares.

 Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función.

 Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias (vida democrática).
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RELACIÓN DEL DERECHO PENAL CON OTRAS CIENCIAS

 

Por Bianca Valerio Michel
 
Medicina forense: es la que interviene a través de sus conocimientos medico quirúrgicos con el fin de apoyar al derecho penal ya que el médico legista es el primero que interviene después de la realización de delitos.
Criminalística: es la rama que ayuda a averiguar si en un delito o un suicidio y a determinar quiénes son o el culpable.
Criminología: es la ciencia que estudia al delincuente desde el punto de vista biopsicosocial.
Psicología criminal: La valoración de las características psicológicas criminales ya sea por herencia o alteraciones psíquicas que se refieren o relacionan con la conducta del sujeto.
Psiquiatría criminal:  determina si el criminal es imputable o inimputable, estudia las enfermedades mentales y que a través de su intervención la autoridad podrá dictaminar si el sujeto es o no imputable o no.
Victimología: Estudia a la víctima y el papel que desempeña en relación al delito y las consecuencias que el delito ocasionada en la victima.
Sociología criminal: estudia los entornos sociales, con el fin de apoyar al derecho penal pretendiendo identificar las causas del delito.
Penología: es la ciencia que estudia la aplicación y la ejecución de las penas y en forma general el castigo y el tratamiento del delincuente.

Estadística criminal: es el número de los crimines o delitos realizados en un lugar y tiempo en específico para llegar a estadísticas numéricas.
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ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO

 

Por Bianca Valerio Michel
 
 
Un contrato es aquel documento en donde las partes acuerdan, producir o transferir obligaciones y derechos.
Los elementos esenciales para que el contrato sea válido son:
 
I) Capacidad: Se divide en capacidad de goce que es la aptitud jurídica para ser titular de derechos y capacidad de ejercicio es la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin ser representados por un tercero.
 
II) Consentimiento: El consentimiento se manifiesta por la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir en el contrato.
También se puede dar los vicios en el consentimiento y se hará invalido si se da por error, violencia o por dolo. 
III) Objeto: Es la cosa que el obligado debe dar. La cosa debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio, en caso de cosas futuras también pueden ser objeto del contrato sin embargo no se podrá llevar acabo en la herencia de una persona viva ni con su consentimiento.
 
IV) Causa: Es la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte.
 
V) Forma: en alguno de los contratos es posible que se exija una forma específica de celebración. Por ejemplo, puede ser necesaria de forma escrita, la firma ante notario y la presencia de testigos.
 
Hay dos tipos de contratos: 
 
Los unilaterales, que se dan cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que la otra quede obligada.
 
Y los bilaterales, estos se dan cuando las partes se obligan recíprocamente.
 
Es importante contar con cada uno de los elementos esenciales ya que en caso de que haga falta alguno de ellos el contrato podrá ser invalido, en alguno de los siguientes casos:
 
I)Por incapacidad legal de algunas de las partes o por una en especifico 
II) Por vicios en el consentimiento, 
II) porque el objeto motivo o fin sea ilícito, 
IV) porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece.
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Mandato

Por: Carlos Gabriel López Portillo S.

El mandato es una representación voluntaria. 
Las personas físicas con capacidad procesal pueden comparecer a través de mandatarios judiciales o procuradores si así lo desean.
Cuando una persona comparece a través de un representante legítimo legal o voluntario debe acompañar a la demanda los documentos que acrediten esa representación.
El mandatario judicial o el representante común designado por los litisconsortes o el representante común nombrado por el juez sera el único que puede representar a los litisconsortes con exclusión de los demás.
Los emplazamientos, las notificaciones y las citaciones se entenderán con el mandatario judicial o el representante común.
 
En el decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publicado en el diario oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996 se adicionó el párrafo cuarto del artículo 112 a fin de establecer que las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a personas con cédula profesional de licenciado en derecho o con carta pasante, a quienes por esta autorización expresada por escrito (que puede ser en la demanda o en cualquier otro escrito posterior) se otorgue una especie de mandato judicial simplificado ya que los autorizados quedan facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad de la instancia por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero.
En el texto reformado por el decreto publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre del año 2009, se prevé en forma más específica que las personas autorizadas estarán facultados para intervenir en representación de la partes que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución,  con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorga, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades. En el escrito en que se haga la autorización se deben proporcionar los datos de la cédula profesional o de la carta de pasante, además de que el autorizado debe exhibir la cédula profesional o la carta de pasante en la primera diligencia en que intervenga. Asimismo, los tribunales deberán llevar a cabo un libro para el registro de las cédulas profesionales y cartas de pasantes.
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DE LA SEPARACIÓN DE PERSONAS COMO ACTO PREVIO A JUICIO

Por Michel N. Rivera Arriaga




El que intente demanda, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación ante el Juez.
La solicitud de separación puede ser escrita o verbal, en la que se expresarán las causas en que se funde el domicilio en que habrá de instalarse quien pide la separación, la existencia de los hijos menores, en su caso, exhibiendo copia certificada de las actas respectivas.
Presentada la solicitud al Juez, sin más trámite resolverá sobre su procedencia y si la concede, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación, atendiendo las circunstancias del caso, determinando los bienes que ha de llevar consigo el solicitante y ordenara la notificación al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causarle molestias, bajo apercibimiento de procederse en su contra.
El Juez podrá modificar las resoluciones decretadas, cuando exista causa justa, o los cónyuges de común acuerdo o individualmente lo soliciten.
El Juez, según las circunstancias del caso, proveerá lo conducente a la guarda y custodia, a fin de salvaguardar la estabilidad de los hijos menores, durante la separación.
Si los cónyuges tuvieren hijos menores de edad, propondrán la forma y términos de su guarda y custodia, decidiendo el Juez, a su criterio, de acuerdo a las circunstancias.
Cualquier reclamación de los cónyuges respecto a la guarda y custodia de los hijos, se decidirá incidentalmente.
En la resolución se señalará el plazo de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella que podrá ser hasta de quince días hábiles a partir del siguiente de efectuada la separación, pudiendo a criterio del Juez prorrogarse por igual tiempo.
Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, denuncia o querella, cesarán los efectos de la separación decretada.
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