Derecho corporativo

El derecho corporativo se centra en las empresas y en todo lo concerniente con ellas desde un enfoque legal, es decir, las distintas clases de sociedades, la relación de la empresa con los consumidores, el análisis de la tributación o la contratación mercantil.

 

El derecho corporativo interviene en el sector privado o en el sector público y en relación con los negocios nacionales o con proyección internacional.

 
Áreas del Derecho Corporativo

Estudiar y analizar la imagen de una empresa desde la perspectiva legal; estudiar los contenidos de los diversos mensajes de la entidad (publicidad, notas de prensa o la viabilidad de la identidad de la empresa).

 

Cada empresa puede conformarse en un tipo de sociedad distinto en función de sus intereses y de su estrategia de negocio, para lo cual es necesario elegir la forma jurídica más adecuada (como empresario individual, en comunidad de bienes, como sociedad civil, colectiva o anónima o sociedad de responsabilidad limitada).

En las sociedades mercantiles es necesario establecer la responsabilidad de los administradores de dichas entidades, lo cual dependerá de la modalidad de administrador (administrador único, administradores solidarios o mancomunados).
La elección del contrato mercantil es igualmente clave en la dinámica de una empresa y el profesional del derecho corporativo tiene que asesorar sobre cuál es la tipología de contrato más conveniente en función de las circunstancias (contrato de compraventa, arrendamiento mercantil, contratos de garantía u otros).
Toda sociedad mercantil tiene la obligación de llevar unos libros corporativos como complemento de la actividad contable. En este sentido, existen los libros de actas de las asambleas o los libros de sesiones en los consejos de administración.

 


Carlos Gabriel López Portillo Sánchez
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Patria potestad

El Derecho de Familiar, se refiere a las normas que son de orden público e interés social encargadas de proteger a la familia y a sus integrantes. Los Juzgadores especializados en materia familiar, serán los encargados de resolver cuestiones relativas a la familia; así como su organización y desarrollo integral.
Los juicios familiares pueden ser diversos atendiendo a los sujetos hacia los que vaya dirigidos y dependiendo al caso en concreto,  puede tratar asuntos como:
·         Cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y concubinato.
·         Filiación
·         Derechos y obligaciones alimentarias.
·         Guarda y custodia, patria potestad.
·          Parentesco.
·         Menores incapacitados
·         Sucesiones 
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Regularización de Inmuebles

El contrato de compraventa se define como el contrato mediante el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador, y éste a su vez, se obliga a pagar su precio en dinero.
Existen ciertos elementos a saber respecto del contrato de compraventa:
Se dice que es bilateral ya que hay un intercambio de obligaciones entre las partes y a su vez, las mismas resultan beneficiadas al gozar de ciertos derechos reconocidos en las cláusulas del contrato.
Es consensuado, ya que no puede nacer a la vida jurídica si las partes no están de acuerdo a la estructura del contrato y/o resulte desproporcional respecto de los intereses de cada parte.
Es oneroso ya que representa gravámenes para las partes.
Es conmutativo ya que las prestaciones al celebrar el contrato, quedan perfectamente determinadas.
El contrato de compraventa puede celebrarse con algún tipo de modalidad impuesta para los contratantes, por ejemplo:
·         Que la cosa no se venda a determinada persona.
·         Prohibición de retroventa.
·         De reserva de dominio.
·         Promesa de compraventa
·         Se puede celebrar bajo el régimen de pagos diferidos.
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Juicios del Orden Familiar

El Derecho de Familiar, se refiere a las normas que son de orden público e interés social encargadas de proteger a la familia y a sus integrantes. Los Juzgadores especializados en materia familiar, serán los encargados de resolver cuestiones relativas a la familia; así como su organización y desarrollo integral.
Los juicios familiares pueden ser diversos atendiendo a los sujetos hacia los que vaya dirigidos y dependiendo al caso en concreto,  puede tratar asuntos como:
·         Cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y concubinato.
·         Filiación
·         Derechos y obligaciones alimentarias.
·         Guarda y custodia, patria potestad.
·          Parentesco.
·         Menores incapacitados
·         Sucesiones 

licenciado en derecho méxico

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Juicios Familiares

El Derecho de Familiar, se refiere a las normas que son de orden público e interés social encargadas de proteger a la familia y a sus integrantes. Los Juzgadores especializados en materia familiar, serán los encargados de resolver cuestiones relativas a la familia; así como su organización y desarrollo integral.
Los juicios familiares pueden ser diversos atendiendo a los sujetos hacia los que vaya dirigidos y dependiendo al caso en concreto,  puede tratar asuntos como:
·         Cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y concubinato.
·         Filiación
·         Derechos y obligaciones alimentarias.
·         Guarda y custodia, patria potestad.
·          Parentesco.
·         Menores incapacitados
·         Sucesiones
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Régimen de convivencias

El Derecho de Familiar, se refiere a las normas que son de orden público e interés social encargadas de proteger a la familia y a sus integrantes. Los Juzgadores especializados en materia familiar, serán los encargados de resolver cuestiones relativas a la familia; así como su organización y desarrollo integral.
Los juicios familiares pueden ser diversos atendiendo a los sujetos hacia los que vaya dirigidos y dependiendo al caso en concreto,  puede tratar asuntos como:
·         Cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y concubinato.
·         Filiación
·         Derechos y obligaciones alimentarias.
·         Guarda y custodia, patria potestad.
·          Parentesco.
·         Menores incapacitados
·         Sucesiones
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Arrendamiento

Es el contrato mediante el cual una de las partes denominada ARRENDADOR, se obliga a transferir a otra denominada ARRENDATARIO, el uso, goce y disfrute de alguna cosa determinada por un lapso de tiempo y éste a su vez, a pagar el precio pactado en el arrendamiento.
Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, salvo a aquellos que expresamente la ley prohíbe arrendar.
En éste tipo de contratos (como lo es en la mayoría) los contratantes se obligan en la medida que quieran obligarse otorgando para éste efecto su consentimiento. Es recomendable que cualquier tipo de contrato sea de manera escrita.
Algunas obligaciones del arrendador:
·         Entregar el bien a arrendar
·         Conservar la cosa en buen estado
·         Responder del daño y perjuicio que sufra el bien
·         Pagar las mejoras hechas por el arrendatario al bien inmueble
·         Garantizar el uso y goce pacífico de la cosa por el tiempo que dure el arrendamiento
Algunas obligaciones del arrendatario
·         Satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos
·         A responder de los daños causados por su culpa o negligencia
·         A usar la cosas sólo por lo pactado en el contrato
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Juicios Familiares

El Derecho de Familiar, se refiere a las normas que son de orden público e interés social encargadas de proteger a la familia y a sus integrantes. Los Juzgadores especializados en materia familiar, serán los encargados de resolver cuestiones relativas a la familia; así como su organización y desarrollo integral.
Los juicios familiares pueden ser diversos atendiendo a los sujetos hacia los que vaya dirigidos y dependiendo al caso en concreto,  puede tratar asuntos como:
·         Cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y concubinato.
·         Filiación
·         Derechos y obligaciones alimentarias.
·         Guarda y custodia, patria potestad.
·          Parentesco.
·         Menores incapacitados
·         Sucesiones
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Contratos

El contrato, de acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México,  se define como la especie de convenio en el cual se transfieren derechos y  obligaciones recíprocas entre las partes. A diferencia del contrato en materia civil, el contrato mercantil se encuentra regulado por el Código de Comercio y son celebrados ante la presencia de un comerciante ya que el fin que persigue el contrato mercantil es la industria, de acuerdo a la naturaleza del objeto sobre el cual recae. Los contratos son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, ya que la actividad de los comerciantes, principalmente, consiste en contratar y lucrar.
EL Código de Comercio regula algunos tipos de contratos como lo son: comisión mercantil, depósito  mercantil, préstamo mercantil, compraventa y permuta mercantil, cesiones de crédito comerciales, consignación mercantil y el contrato mercantil de transporte.
Se reputan actos mercantiles:
Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
 Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
Las empresas de abastecimientos y suministros;
Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados. Entre otros actos.
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Asesoría en contratos

El contrato, de acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México,  se define como la especie de convenio en el cual se transfieren derechos y  obligaciones recíprocas entre las partes. A diferencia del contrato en materia civil, el contrato mercantil se encuentra regulado por el Código de Comercio y son celebrados ante la presencia de un comerciante ya que el fin que persigue el contrato mercantil es la industria, de acuerdo a la naturaleza del objeto sobre el cual recae. Los contratos son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, ya que la actividad de los comerciantes, principalmente, consiste en contratar y lucrar.
EL Código de Comercio regula algunos tipos de contratos como lo son: comisión mercantil, depósito  mercantil, préstamo mercantil, compraventa y permuta mercantil, cesiones de crédito comerciales, consignación mercantil y el contrato mercantil de transporte.
Se reputan actos mercantiles:
Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
 Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
Las empresas de abastecimientos y suministros;
Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados. Entre otros actos. 
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Juicios de Pensión para tus Hijos

La pensión alimenticia comprende, esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños, adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, la cónyuge o concubina que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre imposibilitado para trabajar.
El derecho a recibir alimentos es recíproco, es decir, el que los da, a su vez tiene el derecho de recibirlos atendiendo a las reglas de proporcionalidad; de acuerdo a las necesidades del acreedor y posibilidades del deudor. Es importante señalar que el pago de alimentos retroactivos puede ser solicitado por la parte interesada por todo el tiempo que se dejó de administrar.
La obligación de pago por concepto de pensión alimenticia cesa cuando:
·         El acreedor deja de necesitar alimentos.
·         En caso de daños causados (violencia, conducta viciosa) del acreedor contra el deudor.
·         El acreedor abandona la casa del deudor sin causa justificada.
·         Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias 
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DIVORCIO INCAUSADO- divorcio expres méxico

El divorcio incausado, o también llamado sin expresión de causa, es el procedimiento mediante el cual una pareja de Derecho (no de hecho), decide no continuar con la relación sentimental por diversas causas. Con la simple manifestación de uno de los cónyuges en no seguir con el vínculo matrimonial, se puede dar trámite a la demanda de divorcio cumpliendo, para tal efecto, requisitos esenciales que la ley considera como el que haya transcurrido, cuando menos, un año desde la celebración del mismo; así como la propuesta de convenio donde se lleve a cabo las siguientes consideraciones:
·         Designación de la persona quien tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces.
·         El Régimen de Visitas para el cónyuge que no tenga la guarda y custodia de los hijos menores o  incapaces.
·         La forma de cubrir  pago de los derechos alimenticios a quien los necesite.
·         La designación del cónyuge que le corresponderá el uso del domicilio conyugal.
·         La administración de los bienes de la Sociedad Conyugal hasta su liquidación.
Es importante señalar que la reconciliación de los cónyuges pone término al procedimiento de divorcio en Cualquier estado en que se encuentre. Para tal caso se debe hacer la comunicación al Juez de lo Familiar.  

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Trámite de pensión alimenticia

La pensión alimenticia comprende, esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños, adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, la cónyuge o concubina que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre imposibilitado para trabajar.
El derecho a recibir alimentos es recíproco, es decir, el que los da, a su vez tiene el derecho de recibirlos atendiendo a las reglas de proporcionalidad; de acuerdo a las necesidades del acreedor y posibilidades del deudor. Es importante señalar que el pago de alimentos retroactivos puede ser solicitado por la parte interesada por todo el tiempo que se dejó de administrar.
La obligación de pago por concepto de pensión alimenticia cesa cuando:
·         El acreedor deja de necesitar alimentos.
·         En caso de daños causados (violencia, conducta viciosa) del acreedor contra el deudor.
·         El acreedor abandona la casa del deudor sin causa justificada.
·         Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias
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PENSIÓN ALIMENTICIA

La pensión alimenticia comprende, esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños, adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
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INTESTADO

La palabra INTESTADO, hace alusión a la persona que en vida, nunca hizo su testamento ante Notario, o habiendo testamento, es declarado nulo o invalidado, por lo tanto el procedimiento a seguir en estos casos es por medio de un Juicio de Sucesión Legítima o Intestamentario. La ley suplirá ésta ausencia de testamento y los Jueces de lo Familiar se encargarán de repartir la masa hereditaria a los parientes más cercanos al De Cujus.
Los casos en los cuales se puede dar apertura a una Sucesión Legítima son los siguientes:
1.      Cuando no hay testamento, o el que se hizo es declarado nulo o inválido.
2.      No ce cumplan las condiciones impuestas al heredero.
3.      Cuando el heredero muere antes que el testador, se repudia la herencia que le correspondía o es incapaz para heredar.
4.      Cuando se compruebe que el De Cujus no dispuso de todos sus bienes en el testamento.
Las personas que pueden declararse como herederos en los casos de sucesión legítima (intestamentaria) pueden ser:
·         Descendientes.
·         Cónyuges.
·         Ascendientes.
·         Parientes colaterales dentro del cuarto grado.
·         Concubina o Concubinario.
·         Se considera también la beneficencia pública a falta de todos los anteriores.

derecho sucesorio méxico

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Juicios Testamentarios e Intestamentarios

La palabra INTESTADO, hace alusión a la persona que en vida, nunca hizo su testamento ante Notario, o habiendo testamento, es declarado nulo o invalidado, por lo tanto el procedimiento a seguir en estos casos es por medio de un Juicio de Sucesión Legítima o Intestamentario. La ley suplirá ésta ausencia de testamento y los Jueces de lo Familiar se encargarán de repartir la masa hereditaria a los parientes más cercanos al De Cujus.
Los casos en los cuales se puede dar apertura a una Sucesión Legítima son los siguientes:
1.      Cuando no hay testamento, o el que se hizo es declarado nulo o inválido.
2.      No ce cumplan las condiciones impuestas al heredero.
3.      Cuando el heredero muere antes que el testador, se repudia la herencia que le correspondía o es incapaz para heredar.
4.      Cuando se compruebe que el De Cujus no dispuso de todos sus bienes en el testamento.
Las personas que pueden declararse como herederos en los casos de sucesión legítima (intestamentaria) pueden ser:
·         Descendientes.
·         Cónyuges.
·         Ascendientes.
·         Parientes colaterales dentro del cuarto grado.
·         Concubina o Concubinario.
·         Se considera también la beneficencia pública a falta de todos los anteriores.

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Atención de juicios Familiares

El Derecho de Familiar, se refiere a las normas que son de orden público e interés social encargadas de proteger a la familia y a sus integrantes. Los Juzgadores especializados en materia familiar, serán los encargados de resolver cuestiones relativas a la familia; así como su organización y desarrollo integral.
Los juicios familiares pueden ser diversos atendiendo a los sujetos hacia los que vaya dirigidos y dependiendo al caso en concreto,  puede tratar asuntos como:
·         Cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y concubinato.
·         Filiación
·         Derechos y obligaciones alimentarias.
·         Guarda y custodia, patria potestad.
·          Parentesco.
·         Menores incapacitados
·         Sucesiones

patria potestad méxico

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Atención de Divorcios

El divorcio es la acción que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Hay que precisar que el sólo alejamiento de los cónyuges, no afecta la vida jurídica del mismo, es decir, debe seguirse un procedimiento ante los Jueces de lo familiar para que, mediante una sentencia,  se determine la disolución del vínculo matrimonial.
Existen diferentes tipos de divorcio a seguir que el interesado puede solicitar acorde al caso que se esté tratando.
El Código Civil para la Ciudad de México contempla el Divorcio Incausado que, con la sola manifestación de alguna de las partes en no querer seguir con el vínculo matrimonial, se puede solicitar el procedimiento. Por su parte, el Código Civil del Estado de México, contempla tres clases de procedimientos a seguir respecto de divorcio a saber: Divorcio Voluntario ( de común acuerdo entre cónyuges), Divorcio Incausado ( no hay necesidad de señalar la  razón que lo motiva ) y Divorcio Administrativo ( que se tramita ante el Juez del registro civil, cumpliendo con ciertos requisitos que la ley ordena).

divorcio voluntario méxico en López portillo Asociados.

/2018/03/01/atenci%C3%B3n-de-divorcios/

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Divorcios



La solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive. 

Contáctanos, podemos ayudarte. 
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Asesoría para empresas

Es el conjunto de herramientas conceptuales e instrumentales las cuales inciden directamente en la formación, organización, operación y control del ámbito empresarial en  todo los relacionado con ellas desde un punto de vista legal, las distintas clases de sociedades, la relación de la empresa con los consumidores, el análisis de la tributación o la contratación mercantil.
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Ejecución de contratos

El contrato es un acuerdo entre dos o más personas con capacidad legal, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 
Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen, para su perfección, otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega (contratos reales), o exigen ser formalizados en documento especial (contratos formales), de modo que, en esos casos especiales, no basta con la sola voluntad. De todos modos, el contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del contrato originar efectos jurídicos (es decir, obligaciones exigibles), de modo que a aquella relación de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual
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Pensión Alimenticia

Los alimentos comprenden: la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Para los menores, incluyen también los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
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Pensión alimenticia

ALIMENTOS

Por: Ana Gómez Obregón
En el derecho de familia, la pensión alimenticia se ampara en la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, (alimentos, educación, vestuario, asistencia médica, transporte, etc), dada su incapacidad de procurárselo solo y dependiendo su capacidad económica. Por esta razón, la obligación de dar alimentos no necesariamente termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Dicha obligación recae habitualmente en un familiar próximo; por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo. Permanece vigente el derecho de alimentos en caso de que a los hijos les afecte alguna incapacidad física o mental que les impida sustentarse por sí mismos o por cualquier otra razón que el Juez considere indispensable para la subsistencia de los hijos disminuidos físicos o psíquicologicos.
 
 

Cuando un Juez, mediante sentencia, obliga al pago de cantidades mensuales por este motivo, esta cantidad se denomina pensión alimenticia. Ejemplo: en el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que se hace cargo de los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no conviven juntos.
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Divorcio Incausado

Por: Ana Gómez Obregón. 
Se podrá solicitar este tipo de divorcio a través de interponer una demanda de divorcio ante un juez de lo familiar, después de  cuando menos un año desde la celebración del matrimonio, pasando este tiempo esta solicitud se puede hacer en cualquier momento en que uno de los cónyuges indique que es su voluntad el no querer continuar con dicho matrimonio.
 
Para poder solicitar este tipo de divorcio el conyugue interesado debe promover  el juicio de divorcio unilateral donde presentara la solicitud y así mismo la propuesta de convenio para regular los acuerdos a la disolución del vínculo matrimonial,  en este se indica:
·         Quien será la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos.
·         Cómo será la forma en que el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, realizara el derecho de visitas a los hijos.
·         La manera en que en que la contraparte dará los alimentos a los hijos y en su caso al conyugue.
·         Asignar que domicilio quedara para el conyugue que se tenga la custodia de los hijos
·         De qué manera serán administrados los bienes de la sociedad conyugal durante el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se liquide.
Cuando el caso sea que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio por el régimen de bienes separados:
·         Se deberá señalar la compensación, que no excederá el 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido en el matrimonio, a los que tendrá derecho el cónyuge
·         En su caso de haber tenido hijos adquiere la misma obligación al dar los alimentos.

 

Esta modalidad solo se encuentra vigente en Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Yucatán y Nuevo León.
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Intestado

Por Alexa Estefania López Negrete

 
Es un término utilizado para referirse a la persona que murió sin dejar testamento, técnicamente a un intestado se le conoce como Sucesión Intestamentaria.
Un intestado también puede presentarse cuando tu familiar si hizo testamento, pero no incluyó todos sus bienes, es decir, la parte no incluida, es un intestado.

También puede presentarse un intestado cuando la persona que fallece hizo un testamento, pero éste es considerado como nulo o pierde su validez por alguna razón prevista por la ley.
 

derecho sucesorio méxico

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-El Derecho Mercantil-

Por: Alexa Estefania López Negrete

 

El Derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los derechos, las relaciones jurídicas y la conducta de las personas y empresas dedicadas al comercio; dentro de su jurisdicción se encuentra el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Como función tiene regular los contratos de empresa, las prácticas de contratación, seguros de vida y de accidentes, títulos de crédito, las sociedades y asociaciones, así como la fabricación y venta de bienes de consumo.

 

 

Es posible distinguir entre dos criterios dentro del derecho mercantil. El criterio objetivo es aquel que se refiere solamente a los actos de comercio, mientras que el criterio subjetivo está vinculado a la persona que se desempeña como comerciante.

 

Sus principales elementos son:

 

  • Actos de comercio, intermediación en el cambio de bienes.
  • Sujetos de la relación de derecho mercantil, comerciantes y empresas.
  • Las cosas o bienes materia de los actos de comercio, objetos o servicios de relación mercantil: empresa, títulos de crédito, moneda, mercancías, etc.
  • Procedimientos judiciales o administrativos. Por ejemplo juicios mercantiles, proceso de quiebra, por mencionar algunos. 
 
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-Sucesión Legítima-

 Por Bianca Elizabeth Valerio Michel

 

¿QUÉ ES LA SUCESIÓN LEGÍTIMA?

 

Un sucesión legítima o también conocida como intestamentaria o intestado, ocurre cuando no hay testamento, cuando el testador no dispuso de todos los bienes o ninguno, o bien cuando el testamento que se otorgó es nulo o perdió su validez. Operará también la sucesión legítima cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, o cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, en los casos que no haya nombrado substituto.

 

¿QUIÉNES HEREDAN POR SUCESIÓN LEGÍTIMA?

 

Tendrán derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina. A falta de los anteriores la beneficencia pública. El parentesco de afinidad no da derecho de heredar en estos supuestos.

 

¿QUÉ ES UNA HERENCIA?

 

Es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima.

 

¿QUÉ ES UN LEGATARIO?

 

Es quien adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.

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-Obligaciones tributarias. Principio de Autodeterminación-

Por Ana Inés Gómez Obregón

 

En el sistema tributario mexicano, contemplado en el Código Fiscal Federal artículo 6 en su tercer párrafo, todo contribuyente está obligado a saber las hipótesis de causación, que causan la obligación de pagar impuestos, además tiene la obligación de determinar en cantidad liquida, las contribuciones (las cuales el Estado puede cobrar de manera coactiva sin juicio previo), mediante operaciones matemáticas con el fin de encontrar en importe exacto, mediante tasas previamente estipuladas en la ley, sin que sea necesario que la autoridad fiscal le requiera el cumplimiento al contribuyente.

 

Es decir, que la referida autodeterminación parte de un principio de buena fe, no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.

 

Referencia: Tesis Jurisprudencial Núm. 1a./J. 11/2012 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala.

 

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¡Prospero 2017!

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Nuestra Nueva Imagen

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Arrendamiento

  

 

 

El contrato de arrendamiento es aquel contrato a través del cual una de las partes, designada como arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y disfrute de una cosa, ya sea mueble o inmueble, a otra parte que se denominará arrendatario, quien se encuentra obligado a través del mencionado contrato a pagar un valor por ese uso y goce.

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LA ORALIDAD EN LOS JUICIOS CIVILES

 

 
Se trata de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la justicia.
 
El proceso oral se entiende en la aplicación de los siguientes principios:
 
Predominio de la palabra como media de la expresión contemplada con el uso de escritos de preparación y documentación.
 
Si se mira sólo el elemento exterior de la oralidad y de la escritura puede conducir a equívocos en cuanto a la índole del proceso pues es difícil concebir un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad y un proceso oral que no admita algún grado de escritura.
 
El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia.
 
El desarrollo del procedimiento civil viene condicionado por la exigencia de mayor sencillez en los actos procesales dada la naturaleza de las cuestiones que son objeto de debate en esta jurisdicción, por la necesidad del incremento de la oralidad en los debates civiles a fin de aumentar la publicidad del proceso, el acceso de las partes y el impacto social de estos.
 
Dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar:
 
Menor formalidad,
 
Mayor rapidez,
 
Propicia la sencillez,
 
Aumenta la publicidad del proceso,
 
Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias,
 
Permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda.

 

 
El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso.
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reconocimiento de paternidad


El reconocimiento de la paternidad, en ocasiones no se produce, es decir que hay padres que no quieren reconocer legalmente a sus hijos, para ello la madre debe acudir a un procedimiento judicial civil, de reconocimiento de paternidad.
El ejercicio de dicha acción ante los Tribunales tiene por finalidad determinar la filiación de un padre respecto del hijo.
La acción puede ser ejercitada por el hijo durante toda su vida, si bien, durante su minoría de edad, se realizará por su representante legal (la madre) o por el Ministerio Fiscal.
Es necesario, para ejercitarla, Abogado y Procurador.
Para que el reconocimiento de paternidad sea admitido ante los Tribunales, la demanda deberá ir acompañada de “un principio de prueba” (fotografías, testigos, cartas, etc.), que puedan acreditar la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el supuesto padre, en la época de la concepción.
Hoy día ese reconocimiento suele configurarse a través de la prueba del ADN, o también llamada prueba criminológica.
Pruebas de ADN en Parentesco Biológico y Criminalística
La identificación genética (identidad) tiene como finalidad la identificación de personas, o de testigos biológicos tales como sangre, saliva, raíces de cabello, semen, piezas dentales u otros tejidos corporales diversos.
Las aplicaciones del análisis del ADN en materia de identificación genética son muy numerosas. De entre ellas, cabe destacar:
1.      Los diagnósticos de parentesco biológico, éstos se realizan casi siempre en casos de paternidad disputada, sin embargo, también se llevan a cabo diagnósticos de maternidad y otras clases de parentesco.
2.      La identificación de vestigios biológicos en relación con delitos, así como en la identificación de cadáveres de personas desaparecidas o que han perecido en accidentes o catástrofes.

 

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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Por Bianca Valerio Michel



Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Principio de Universalidad: Señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.

Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.

Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tiene la función de:

 Contribuir al desarrollo integral de la persona.

 Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares.

 Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función.

 Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias (vida democrática).
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RELACIÓN DEL DERECHO PENAL CON OTRAS CIENCIAS

 

Por Bianca Valerio Michel
 
Medicina forense: es la que interviene a través de sus conocimientos medico quirúrgicos con el fin de apoyar al derecho penal ya que el médico legista es el primero que interviene después de la realización de delitos.
Criminalística: es la rama que ayuda a averiguar si en un delito o un suicidio y a determinar quiénes son o el culpable.
Criminología: es la ciencia que estudia al delincuente desde el punto de vista biopsicosocial.
Psicología criminal: La valoración de las características psicológicas criminales ya sea por herencia o alteraciones psíquicas que se refieren o relacionan con la conducta del sujeto.
Psiquiatría criminal:  determina si el criminal es imputable o inimputable, estudia las enfermedades mentales y que a través de su intervención la autoridad podrá dictaminar si el sujeto es o no imputable o no.
Victimología: Estudia a la víctima y el papel que desempeña en relación al delito y las consecuencias que el delito ocasionada en la victima.
Sociología criminal: estudia los entornos sociales, con el fin de apoyar al derecho penal pretendiendo identificar las causas del delito.
Penología: es la ciencia que estudia la aplicación y la ejecución de las penas y en forma general el castigo y el tratamiento del delincuente.

Estadística criminal: es el número de los crimines o delitos realizados en un lugar y tiempo en específico para llegar a estadísticas numéricas.
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ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO

 

Por Bianca Valerio Michel
 
 
Un contrato es aquel documento en donde las partes acuerdan, producir o transferir obligaciones y derechos.
Los elementos esenciales para que el contrato sea válido son:
 
I) Capacidad: Se divide en capacidad de goce que es la aptitud jurídica para ser titular de derechos y capacidad de ejercicio es la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin ser representados por un tercero.
 
II) Consentimiento: El consentimiento se manifiesta por la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir en el contrato.
También se puede dar los vicios en el consentimiento y se hará invalido si se da por error, violencia o por dolo. 
III) Objeto: Es la cosa que el obligado debe dar. La cosa debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio, en caso de cosas futuras también pueden ser objeto del contrato sin embargo no se podrá llevar acabo en la herencia de una persona viva ni con su consentimiento.
 
IV) Causa: Es la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte.
 
V) Forma: en alguno de los contratos es posible que se exija una forma específica de celebración. Por ejemplo, puede ser necesaria de forma escrita, la firma ante notario y la presencia de testigos.
 
Hay dos tipos de contratos: 
 
Los unilaterales, que se dan cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que la otra quede obligada.
 
Y los bilaterales, estos se dan cuando las partes se obligan recíprocamente.
 
Es importante contar con cada uno de los elementos esenciales ya que en caso de que haga falta alguno de ellos el contrato podrá ser invalido, en alguno de los siguientes casos:
 
I)Por incapacidad legal de algunas de las partes o por una en especifico 
II) Por vicios en el consentimiento, 
II) porque el objeto motivo o fin sea ilícito, 
IV) porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece.
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Mandato

Por: Carlos Gabriel López Portillo S.

El mandato es una representación voluntaria. 
Las personas físicas con capacidad procesal pueden comparecer a través de mandatarios judiciales o procuradores si así lo desean.
Cuando una persona comparece a través de un representante legítimo legal o voluntario debe acompañar a la demanda los documentos que acrediten esa representación.
El mandatario judicial o el representante común designado por los litisconsortes o el representante común nombrado por el juez sera el único que puede representar a los litisconsortes con exclusión de los demás.
Los emplazamientos, las notificaciones y las citaciones se entenderán con el mandatario judicial o el representante común.
 
En el decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publicado en el diario oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996 se adicionó el párrafo cuarto del artículo 112 a fin de establecer que las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a personas con cédula profesional de licenciado en derecho o con carta pasante, a quienes por esta autorización expresada por escrito (que puede ser en la demanda o en cualquier otro escrito posterior) se otorgue una especie de mandato judicial simplificado ya que los autorizados quedan facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad de la instancia por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero.
En el texto reformado por el decreto publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre del año 2009, se prevé en forma más específica que las personas autorizadas estarán facultados para intervenir en representación de la partes que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución,  con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorga, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades. En el escrito en que se haga la autorización se deben proporcionar los datos de la cédula profesional o de la carta de pasante, además de que el autorizado debe exhibir la cédula profesional o la carta de pasante en la primera diligencia en que intervenga. Asimismo, los tribunales deberán llevar a cabo un libro para el registro de las cédulas profesionales y cartas de pasantes.
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DE LA SEPARACIÓN DE PERSONAS COMO ACTO PREVIO A JUICIO

Por Michel N. Rivera Arriaga




El que intente demanda, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación ante el Juez.
La solicitud de separación puede ser escrita o verbal, en la que se expresarán las causas en que se funde el domicilio en que habrá de instalarse quien pide la separación, la existencia de los hijos menores, en su caso, exhibiendo copia certificada de las actas respectivas.
Presentada la solicitud al Juez, sin más trámite resolverá sobre su procedencia y si la concede, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación, atendiendo las circunstancias del caso, determinando los bienes que ha de llevar consigo el solicitante y ordenara la notificación al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causarle molestias, bajo apercibimiento de procederse en su contra.
El Juez podrá modificar las resoluciones decretadas, cuando exista causa justa, o los cónyuges de común acuerdo o individualmente lo soliciten.
El Juez, según las circunstancias del caso, proveerá lo conducente a la guarda y custodia, a fin de salvaguardar la estabilidad de los hijos menores, durante la separación.
Si los cónyuges tuvieren hijos menores de edad, propondrán la forma y términos de su guarda y custodia, decidiendo el Juez, a su criterio, de acuerdo a las circunstancias.
Cualquier reclamación de los cónyuges respecto a la guarda y custodia de los hijos, se decidirá incidentalmente.
En la resolución se señalará el plazo de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella que podrá ser hasta de quince días hábiles a partir del siguiente de efectuada la separación, pudiendo a criterio del Juez prorrogarse por igual tiempo.
Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, denuncia o querella, cesarán los efectos de la separación decretada.
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Acción contra la simulación

Por Ángel Rosas Rojas


Francisco Ferrara define la simulación como “la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.” 
Existen dos tipos de simulación, la absoluta y la relativa.
• La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real.
• Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.
El efecto jurídico que produce la simulación absoluta es que se declara la inexistencia del acto pretendido y que no se produjo efecto jurídico alguno.
En relación al acto de simulación relativo la declaratoria judicial debe ser tanto de inexistencia como de nulidad pues como ya se dijo hay dos actos el aparente y verdadero que esta secreto.
En el caso de que simulación absoluta, al declararse sin efectos el contrato simulado no queda ninguna relación entre las partes, el contrato simulado desaparece.
En el caso de la simulación relativa, el contrato no produce efectos entre las partes dejando a salvo las prestaciones pactadas en el contrato simulado. El contrato disimulado seguirá siendo válido si concurren sus requisitos substanciales y de validez. Al menos que su causa sea ilícita será nulo.
Respecto a terceros 
Un tercero es un subadquiriente de uno de los que participan en el contrato simulado es decir quien adquiere un derecho por lo general real de uno de los participantes en el contrato simulado.
Estos terceros pueden ser de buna fe y de mala fe.
Cuando el tercero es de mala fe y una vez anulado el acto simulado se restituirá la cosa o derecho a quien originalmente pertenezca con sus frutos e intereses si los hubiere, pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución.
Esta figura pudiera ser erróneamente confundida con la acción pauliana, y algunas diferencias entre estas dos figuras son:
• La acción pauliana combate actos realmente efectuados; la acción declarativa de simulación ataca actos ficticios.
• El ejercicio de la acción pauliana está reservado a los acreedores. En cambio, la acción de simulación puede ser intentada por cualquier tercero interesado.
• La acción pauliana requiere que el crédito sea anterior al acto fraudulento. La acción declarativa de simulación no pide tales requisitos.
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Qué es el derecho de retención?

Por Francisco Javier Hernández Becerril.


Derecho de retención es la facultad legal, reconocida genéricamente, a todo acreedor civil, de legitimar por su sola voluntad la manutención de una relación real sobre una cosa, total o parcialmente ajena e incluso propia, que establecida al amparo de una ley, he devenido legítima con la finalidad de constreñir al cumplimiento voluntario de una obligación de dar suma de dinero, que es debida por razón de esa misma cosa, y que salvo los casos de retención anómala, sólo autoriza a su titular a mantenerse en la relación real hasta que se extinga el crédito, o su acción, o se garantice su cumplimiento
Para la legislación mexicana, así como de la mayoría de los países occidentales, el derecho de retención no es objeto de contemplación en sus códigos civiles o de comercio; ya que solo se trata de una facultad concedida en ciertos casos que sí establece la ley en favor del acreedor. 
México por su parte parece no contemplarlo en sus artículos, pero su ontología está presente en las modalidades y la extinción de diversas obligaciones, así como en sumos contratos de carácter civil y mercantil.
Sin embargo, el Art. 810 CCDF, en cada una de sus fracciones hace referencia a la posesión adquirida, así como los artículos subsecuentes que hacen referencia al saneamiento, daños y perjuicios y acciones.
Entonces se trata de una garantía para el acreedor de carácter legal, quien se asegura al retener la satisfacción de su crédito, asimismo es un derecho personal con efectos reales particulares y limitados, puesto que se puede reclamar el derecho solamente al deudor, pero se ejerce directamente sobre el bien retenido.
Para que proceda el ejercicio del derecho de retención es necesaria la existencia de requisitos como:
• La tenencia del bien.
• La existencia de un crédito a favor del tenedor y a cargo de quien reclama la devolución de bien.
• Conexidad entre el objeto y el crédito.
El derecho de retención en la legislación mexicana representa una institución autónoma, que no puede confundirse con los derechos reales, pues estos consisten en el poder del titular para usar directamente la cosa, y en la retención no se cuenta con esa disposición respecto al objeto. 
• Por lo anterior, la retención implica un caso particular de un crédito quirografario con prenda especializada y no se encuentran en él los elementos que constituyen la naturaleza de los derechos reales. 
Como se ha señalado, es una facultad del acreedor, no un derecho. No lo puede ejercer por vías judiciales, sólo puede repeler las acciones que se entablen contra el acreedor. Por consiguiente, y tratándose la tenencia de una cuestión de hecho, cualquier modo de desapoderamiento, no hace factible el recupero por medios judiciales ni tampoco por vías de hecho. En todo caso, puede pedir, judicialmente, el derecho a embargar la cosa. No se trata de un derecho, se insiste, sino en la protección de un hecho.
El origen del derecho de retención es legal, no por acuerdo de partes. Sin embargo, puede ejercerse por motivo de una disposición legal, pero no puede convenirse tan generosamente. Es como renunciar al derecho de propiedad. Y como tal derecho no es renunciable, las hipótesis que pueden manejarse de manera pactada o contractual, implican la transferencia de la propiedad de la cosa no pagada una deuda o prestación. En este sentido es unánime la doctrina. Sin embargo, puede acordarse el uso al retentor, y la transferencia del dominio o propiedad en caso de falta de pago. En tal caso, se hace ejercicio del derecho de retención por motivo de tales derechos, y no por la falta de pago.
¿Qué función cumple la retención?
La función es netamente coercitiva. Si bien algunos autores consideran que puede ser cautelar, menester es, poner de relieve, que, semejante capacidad por parte de los particulares, no es dado por la ley. Cuando los Códigos Procesales establecen la posibilidad de embargar bienes, se parte de un principio de jurisdicción y de bilateralidad. De defensa en juicio de los derechos.
Los autores que sostienen que la función del derecho de retención es cautelar; de esta manera hablan de la imposibilidad de enajenar los bienes, o sea un congelamiento de los bienes del deudor. No podemos estar más en desacuerdo. Las vías procesales son idóneas para el embargo y, además, para el secuestro de los bienes embargados. Ir más allá de la mera función coercitiva, implicaría una justicia por mano propia, jurídicamente inaceptable a los hombres de derecho.
En cambio, cuando se trata de una retención con el objeto de que su uso haga satisfacción al acreedor de una obligación, llamadas, retenciones anómalas, y que tienen ese objeto, legalmente predispuesto, entonces será posible la retención hasta la compensación del crédito mediante su uso, lo cual no hace diferencia con la función coercitiva, pero sí, hace las cosas mas sencillas. La privación es del uso y goce, y fundamentalmente coercitiva.
El derecho de retención se extingue por la entrega o abandono voluntario de la cosa sobre que podía ejercerse, y no renace aunque la misma cosa volviese por otro título a entrar en su poder. el derecho de retención también se extingue por:
• Pago de la deuda por parte del deudor. Si el deudor abona su deuda al retentor o detentador y, por lo tanto, se extingue la obligación, éste último deberá devolver la cosa al antiguo deudor.
• Renuncia. La entrega voluntaria o abandono de la cosa implica renuncia tácita al ejercicio de retención. La renuncia expresa también y con mayor razón, extingue este derecho.
• Pérdida o destrucción total de la cosa. Cuando el objeto retenido no existe, no hay facultad alguna que pueda ejercerse a pesar de permanecer impaga la deuda. Si la pérdida es parcial, puede retener los restos.
• Confusión. Si la cosa, por cualquier tipo que sea, pasa al dominio del retentor, el derecho se extingue, pues es indispensable que la cosa sea ajena.
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Divorcio

LA SOLICITUD DE DIVORCIO PODRÁ PRESENTARSE POR UNO DE LOS CÓNYUGES, SIN NECESIDAD DE SEÑALAR LA RAZÓN QUE LO MOTIVE.

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Qué es el derecho de retención?

Por Francisco Javier Hernández Becerril.


Derecho de retención es la facultad legal, reconocida genéricamente, a todo acreedor civil, de legitimar por su sola voluntad la manutención de una relación real sobre una cosa, total o parcialmente ajena e incluso propia, que establecida al amparo de una ley, he devenido legítima con la finalidad de constreñir al cumplimiento voluntario de una obligación de dar suma de dinero, que es debida por razón de esa misma cosa, y que salvo los casos de retención anómala, sólo autoriza a su titular a mantenerse en la relación real hasta que se extinga el crédito, o su acción, o se garantice su cumplimiento
Para la legislación mexicana, así como de la mayoría de los países occidentales, el derecho de retención no es objeto de contemplación en sus códigos civiles o de comercio; ya que solo se trata de una facultad concedida en ciertos casos que sí establece la ley en favor del acreedor. 
México por su parte parece no contemplarlo en sus artículos, pero su ontología está presente en las modalidades y la extinción de diversas obligaciones, así como en sumos contratos de carácter civil y mercantil.
Sin embargo, el Art. 810 CCDF, en cada una de sus fracciones hace referencia a la posesión adquirida, así como los artículos subsecuentes que hacen referencia al saneamiento, daños y perjuicios y acciones.
Entonces se trata de una garantía para el acreedor de carácter legal, quien se asegura al retener la satisfacción de su crédito, asimismo es un derecho personal con efectos reales particulares y limitados, puesto que se puede reclamar el derecho solamente al deudor, pero se ejerce directamente sobre el bien retenido.
Para que proceda el ejercicio del derecho de retención es necesaria la existencia de requisitos como:
• La tenencia del bien.
• La existencia de un crédito a favor del tenedor y a cargo de quien reclama la devolución de bien.
• Conexidad entre el objeto y el crédito.
El derecho de retención en la legislación mexicana representa una institución autónoma, que no puede confundirse con los derechos reales, pues estos consisten en el poder del titular para usar directamente la cosa, y en la retención no se cuenta con esa disposición respecto al objeto. 
• Por lo anterior, la retención implica un caso particular de un crédito quirografario con prenda especializada y no se encuentran en él los elementos que constituyen la naturaleza de los derechos reales. 
Como se ha señalado, es una facultad del acreedor, no un derecho. No lo puede ejercer por vías judiciales, sólo puede repeler las acciones que se entablen contra el acreedor. Por consiguiente, y tratándose la tenencia de una cuestión de hecho, cualquier modo de desapoderamiento, no hace factible el recupero por medios judiciales ni tampoco por vías de hecho. En todo caso, puede pedir, judicialmente, el derecho a embargar la cosa. No se trata de un derecho, se insiste, sino en la protección de un hecho.
El origen del derecho de retención es legal, no por acuerdo de partes. Sin embargo, puede ejercerse por motivo de una disposición legal, pero no puede convenirse tan generosamente. Es como renunciar al derecho de propiedad. Y como tal derecho no es renunciable, las hipótesis que pueden manejarse de manera pactada o contractual, implican la transferencia de la propiedad de la cosa no pagada una deuda o prestación. En este sentido es unánime la doctrina. Sin embargo, puede acordarse el uso al retentor, y la transferencia del dominio o propiedad en caso de falta de pago. En tal caso, se hace ejercicio del derecho de retención por motivo de tales derechos, y no por la falta de pago.
¿Qué función cumple la retención?
La función es netamente coercitiva. Si bien algunos autores consideran que puede ser cautelar, menester es, poner de relieve, que, semejante capacidad por parte de los particulares, no es dado por la ley. Cuando los Códigos Procesales establecen la posibilidad de embargar bienes, se parte de un principio de jurisdicción y de bilateralidad. De defensa en juicio de los derechos.
Los autores que sostienen que la función del derecho de retención es cautelar; de esta manera hablan de la imposibilidad de enajenar los bienes, o sea un congelamiento de los bienes del deudor. No podemos estar más en desacuerdo. Las vías procesales son idóneas para el embargo y, además, para el secuestro de los bienes embargados. Ir más allá de la mera función coercitiva, implicaría una justicia por mano propia, jurídicamente inaceptable a los hombres de derecho.
En cambio, cuando se trata de una retención con el objeto de que su uso haga satisfacción al acreedor de una obligación, llamadas, retenciones anómalas, y que tienen ese objeto, legalmente predispuesto, entonces será posible la retención hasta la compensación del crédito mediante su uso, lo cual no hace diferencia con la función coercitiva, pero sí, hace las cosas mas sencillas. La privación es del uso y goce, y fundamentalmente coercitiva.
El derecho de retención se extingue por la entrega o abandono voluntario de la cosa sobre que podía ejercerse, y no renace aunque la misma cosa volviese por otro título a entrar en su poder. el derecho de retención también se extingue por:
• Pago de la deuda por parte del deudor. Si el deudor abona su deuda al retentor o detentador y, por lo tanto, se extingue la obligación, éste último deberá devolver la cosa al antiguo deudor.
• Renuncia. La entrega voluntaria o abandono de la cosa implica renuncia tácita al ejercicio de retención. La renuncia expresa también y con mayor razón, extingue este derecho.
• Pérdida o destrucción total de la cosa. Cuando el objeto retenido no existe, no hay facultad alguna que pueda ejercerse a pesar de permanecer impaga la deuda. Si la pérdida es parcial, puede retener los restos.
• Confusión. Si la cosa, por cualquier tipo que sea, pasa al dominio del retentor, el derecho se extingue, pues es indispensable que la cosa sea ajena.

 

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ARBITRAJE

Por Francisco Bustamante Zarate

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.
Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, y que será el encargado de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan elegido las partes, o incluso basándose en la simple equidad, si así se ha pactado.
Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Sin embargo, sí que será necesario acudir a la misma (a través de la acción ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para hacer cumplir el laudo arbitral.
Es el acuerdo voluntario entre las partes para solucionar sus diferencias, que surgen de una relación contractual o no contractual que sean o no, metería de un proceso judicial, sujeta a requisitos generales establecidos en la legislación civil para la validez de los contratos.
La ley de arbitraje considera este principio en materia de convenio arbitral, exigiendo la forma escrita, bajo sanción de nulidad. En la forma de una cláusula inserta en el texto del contrato, o bajo la forma de un acuerdo independiente.
El objeto del convenio arbitral debe ser lícito y posible. La ley de arbitraje ha regulado las materias susceptibles de someterse a arbitraje, como son las materias determinadas o determinables sobre la que las partes tengan la libre disposición; exceptuándose las cuestiones que versen sobre el estado o capacidad civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de los incapaces, sin la previa autorización judicial. Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme, salvo las consecuencias patrimoniales provenientes de su ejecución.
En cuanto se refiere a las partes del proceso; las que interesan al orden público, o que versen sobre delitos o faltas; sin embargo, cabe arbitrarse respecto a la cuantía de la responsabilidad civil, cuando no ha sido fijada en resolución judicial firme.
En una palabra no son competentes los árbitros en las que estén interesado el orden público.
Cuando existe un convenio arbitral, ya no es competente el juez en lo jurisdiccional, debiendo declinar su avocación. Si el convenio es anterior evita el proceso judicial, que pueda promoverse y si fuera celebrado estando pendiente un trámite judicial, produce el efecto de extinguirlo (Art. 1 ley 26572).
Los principios que regulan el arbitraje son:
Voluntariedad: las partes se someten voluntariamente a la decisión de un tercero.
Igualdad: las partes deben ser tratadas por igual, con los mismos derechos y obligaciones.
Audiencia: las partes tienen derecho a exponer sus razonamientos, ya sea por escrito o de manera presencial.
Contradicción: las partes, en concreto el demandado, tiene derecho a saber de qué se le acusa.
Libertad de configuración del Proceso Arbitral: las partes pueden determinar el proceso, incluso una vez éste ya haya comenzado, si están de acuerdo.
Confidencialidad: ni las partes, ni el árbitro, ni la corte (si la hubiere) pueden hacer público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo final. Salvo acuerdo de las partes
LAUDO ARBITRAL
Es la decisión que emiten los árbitros para finalizar un litigo, de tal forma dan cumplimiento a su designación como árbitro, a diferencia del juez de jurisdicción, que al provenir de la estructura orgánica del estado tiene carácter permanente y genérica, con delimitaciones, propias en materia territorial y funcional, y su labor no culmina con la emisión de una sentencia definitiva. Es más el juez tiene la potestad para hacerla cumplir disponiendo las medidas pertinentes para ello. Los árbitros en cambio nacen de una fuente convencional y por lo tanto limitada al caso de la resolución de una situación concreta, así una vez finalizado el conflicto desaparecen sus facultades.
El laudo equivale a una sentencia, que de acuerdo a ley del arbitraje debe ser escrito bajo sanción de nulidad. En principio los árbitros no pueden abstenerse y de hacerlo, debe entenderse se adhieren a lo decidido por la mayoría (Art. 45, 46, ley 26572).
En caso de arbitraje de derecho, el aludo debe consignar el lugar y la fecha de emisión, los datos que identifiquen a las partes y a los árbitros, la cuestión sometida a arbitraje y a una somera relación de los hechos, alegaciones y conclusiones de las partes, la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión, la decisión concreta y los fundamentos de hecho y derecho en que se fundamenta (Art. 50, ley26572).
En caso de arbitraje de conciencia, no se exige en términos estrictos la valoración de las pruebas ni la fundamentación de derecho, no obstante lo cual no requiere una fundamentación razonada de la decisión (Art. 51, ley 26572).
La ley establece que el laudo debe emitirse en caso de no haberse dispuesto otra cosa, en un plazo de 20 días de vencida la etapa probatoria.
Si los árbitros consideran necesario contar con un plazo adicional, podrán ampliarlo, sin exceder de 15 días más (Art. 48, ley 26572).
La emisión del aludo debe emitirse dentro del plazo acordado por las partes, o fijado en las normas reglamentarias, o la ley a falta de acuerdo entre las partes su incumplimiento acarrea graves consecuencias, tanto en lo concerniente a la validez del laudo, y a la responsabilidad de los árbitros. En caso que los árbitros fallen fuera del plazo, constituye causal de nulidad del laudo (Art. 73, inc. 5, ley 26572), por carácter de jurisdicción al agotarse el vencimiento del plazo
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Constituye tu empresa!!

 

La constitución de una sociedad mercantil es una de las fórmulas más habituales para desarrollar una actividad empresarial. Por un lado las posibles ventajas fiscales, por otro la menor responsabilidad sobre el devenir del negocio y, en otros casos, por una cuestión de imagen empresarial. Independientemente de los motivos, la constitución de una sociedad mercantil tiene sus ventajas
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Detención Ilegal

Por: Luis Alberto García Flores. Maestro en Política Criminal.

 
 
Comenzaremos el presente con el objetivo de exponer la forma en que el Estado, en uso de la fuerza, priva de la libertad a las personas. En primer lugar ha justificado tales detenciones con base en lo expuesto por el discurso jurídico penal, lo que se traduce en conductas legales por parte de la autoridad.[1] En segundo orden, las detenciones sin una justificación, las denominaremos ilegales. Para lograr el objetivo pretendido analizaremos el concepto de detención de manera directa,[2] en consecuencia, sólo nos limitaremos a su definición. Logrado lo anterior, clasificaremos la detención en legal e ilegal, para describir las detenciones ilegales que hemos investigado a nivel nacional, para finalizar el presente con las correspondientes conclusiones.
 
Entrando en materia, la Real Academia de la Lengua española define a la detención como “privación provisional de la libertad, ordenada por una autoridad competente”[3]. Ahora bien, expondremos el concepto de detención a la luz de lo mostrado por Héctor Fix Zamudio, el cual ha manifestado sobre el particular que en nuestro país ha sido una práctica muy reiterada las detenciones ordenadas por autoridades diversas de las jurisdiccionales, como lo es el Ministerio Público y que se prolonga por un tiempo desmedido, privando de esta forma al procesado de sus derechos elementales.
 
Por su parte, el diccionario especializado en materia penal establece que la detención es “privación preventiva de la libertad impuesta a un individuo para dar cumplimiento a un mandato judicial”[4].
De las anteriores definiciones podemos inferir que todas tienen dos elementos en común. El primero de ellos obedece a la restricción de la libertad, el segundo es que dicha detención la ordena una autoridad competente. Por lo anterior, estamos en aptitud de clasificar a la detención en legal e ilegal. Sobre el particular, el legislador consideró en el Código Nacional de Procedimientos Penales, diversos supuestos para la procedencia de la detención. El primero es la detención por flagrancia.[5] En este supuesto cualquier persona puede detener a una persona en el mismo momento de cometer el delito.
 
En el mismo orden de ideas, el señalado ordenamiento prevé la detención por caso urgente[6]. En este sentido, sólo el Ministerio Público bajo su responsabilidad puede detener a una persona. La misma codificación ha señalado la orden de aprehensión[7] como otra forma legal de detención.
 
De esta forma, cuando una persona es detenida fuera de los supuestos señalados, podemos considerar que puede ser privado de su libertad de forma ilegal. Para ello, expondremos dos notas periodísticas que son representativas para el presente estudio y por necesidades metodológicas sólo referiremos dos recomendaciones de la Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal CDHDF.
 
En este sentido, la primera de ellas trata de un migrante cuyo nombre es Stephen Compton, quien es un ciudadano australiano, que tuvo que arribar a nuestro país. Comenzó a trabajar como decorador de interiores sin tener permiso legal para ello. El día 19 de noviembre de 2009, Campton preguntó a unos agentes migratorios cómo podría regularizar su situación en el país. Sin embargo, fue detenido y recluido a la estación de Las Agujas en Iztapalapa, en la ciudad de México. Después de cinco días, le ordenaron la expulsión de nuestro país, sin embargo fue hasta el 24 de marzo de 2010 cuando obtuvo su libertad.
 
Por su parte, la Ley de Migración prevé la posibilidad de presentar a las estaciones migratorias a las personas que tengan una situación migratoria irregular. En este supuesto, la detención no podrá ser superior a los quince días.[8]
 
Ahora bien, una vez en libertad Campton declaró que en la estación migratoria existen individuos extranjero que llevan más de ocho meses en reclusión sin tener conocimiento de sus situación legal[9], lo que evidentemente deja en descubierto la forma en que se conducen las autoridades mexicanas en contra de los migrantes irregulares.
 
La siguiente nota periodística, la publica El heraldo de Tabasco. Raúl Hernández García, quien es delegado municipal de la ranchería Vernet de Macuspana, en el estado de Tabasco, fue detenido de manera ilegal por agentes municipales. Ahora bien, debemos poner en contexto su detención. El día 3 de abril de 2014, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez estuvo en Macuspana e inauguró la casa de justicia. En dicho evento político, el delegado, en compañía de otros más, acusó al presidente municipal de nombre Víctor Manuel González Valerio, de no recibir a los diversos delegados que le solicitaban audiencia personal, por lo que el gobernador le llamó la atención al funcionario durante la inauguración.
 
Derivado de lo anterior, el presidente municipal decidió tomar venganza en contra del delegado. En este sentido, Lorena Sánchez Martínez funcionaria municipal relató que con fecha 15 de mayo de 2014, el delegado Raúl se dirigió al parque frente del ayuntamiento en donde se concentrarían otros más con la finalidad de programar acciones de trabajo, sin embargo no acudió nadie a la reunión señalada y decidió entrar al baño del ayuntamiento. El guardia de seguridad le preguntó el lugar al que se dirigía, asi como también su nombre. Una vez que fue identificado, utilizó su radio y dio aviso de que se encontraba en las instalaciones del ayuntamiento.
Hecho lo anterior, se presentaron agentes de la Policía Municipal, quienes lo sometieron y esposaron sin justificación alguna, sin una orden de aprehensión, sin un acuerdo de retención por caso urgente, ni mucho menos por haberlo detenido en flagrancia por la comisión de alguna conducta considerada como delito.
 
Llevado a cabo esta acción ilegal la víctima fue subida a una camioneta y tras varios minutos detuvieron su marcha, obligándolo a ingerir bebidas alcohólicas. En este mismo sentido, la misma funcionaria continúa relatando que los policías dijeron que tenían una orden de ir a buscar un paquete y colocárselo a Raúl. Llegando a la agencia de Seguridad Pública municipal, el director le reitera que por orden del presidente municipal se encuentra detenido e instruye a los agentes que lo trasladen a otro lugar dentro de las mismas oficinas para que confiese su estado de ebriedad.
 
Sin embargo, el hermano del delegado acudió a la agencia municipal y pagó una multa para que fuera liberado. Una vez en libertad acudió a la Comisión de Derechos Humano de Tabasco en donde presentó una queja en contra del alcalde González Valerio e interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de Macuspana.[10]
 
En el mismo sentido, la CDHDF, en su recomendación 1 de 2014 y derivado de un análisis de las constancias que obran en el expediente del joven detenido arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, determinó realizar una recomendación al Secretario de Seguridad Publica y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal[11].
 
En el mismo sentido se encuentra la recomendación número 2 del presente año de la Comisión señalada, dentro del caso de detenciones arbitrarias, uso ilegal y desproporcionado, de fuerza, actos de tortura y violaciones a los derechos de la víctima de delitos en agravio de una familia de Tlahuac.[12]
 
Las notas periodísticas y las recomendaciones de la CDHDF, son suficientes para determinar que en los albores del siglo XXI, siguen practicándose las detenciones de forma ilegal en nuestro país.
 
De esta forma, podemos señalar que la ley es utilizada para el constructo de delincuentes (como lo refiere la propia CDHDF), esto es así ya que no puede entenderse que una persona que camina en compañía de sus familiares sea detenida, se le ponga a disposición de las autoridades ministeriales y sea consignada al reclusorio norte por el delito de robo con violencia a transeúnte.
 
De la misma forma, podemos argumentar que la ley es manipulada con fines de venganza, tal y como aconteció con el delegado en Macuspana en Tabasco. La ley es un instrumento que sirve para lograr las pretensiones de las personas. Es decir, las personas se valen de la misma para satisfacer sus impulsos y deseos.
 
Para finalizar, la ley también puede ser utilizada para violentar a grupos vulnerables como los migrantes. Esto ha quedado en evidencia con el caso del decorador de interiores, que su error fue preguntar cómo podría arreglar su condición migratoria. De esta forma, declaró que existen muchos migrantes en el mismo supuesto y peor aún, porque también existen personas privadas de su libertad que llevan hasta ocho meses, cuya única conducta fue haber nacido fuera de nuestro país. Dejemos que el tiempo indique si ser extranjero es causa suficiente para privarlos de su libertad.


[1] En el desarrollo del presente se utilizará el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó el 5 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de explicar las detenciones legales.
[2] Patrick Dunleavy ha recomendado la utilización de análisis conceptual de manera indirecta la cual comprende 5 momentos. El primero de ellos es incluir el concepto dentro de su universo, el segundo refiere a la búsqueda de antónimos de los conceptos que se analizan dentro de su universo, el tercero es buscar antónimos de antónimos, el cuarto es la búsqueda de palabras compañeras, es decir que provengan de la misma raíz etimológica y el quinto es explicar las diferentes definiciones sobre un mismo concepto.
[3] http://lema.rae.es/drae/?val=detencion. 17 de mayo de 2014. 21:10 hrs.
[4] http://judicialdelnoa.com.ar/diccionario_juridico/DICCIONARIO%20JURIDICO.pdf. Fecha de consulta 17 de mayo de 2014. 22:45 hrs.
[5] Artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[6] Artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[7] Artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[8] Artículos 111 Ley de Migración.
[9] Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/11/17/sociedad/050n1soc. fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 08:00 hrs
[10] Cfr. http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3393417.htm. Fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 09:00 hrs.
[11] Cfr http://cdhdf.org.mx/images/pdfs/recomendasiones/2014/reco_1401.pdf. Fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 09:30 hrs.
[12] Cfr. http://cdhdf.org.mx/images/pdfs/recomendasiones/2014/reco_1402_1.pdf. Fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 09:50 hrs.
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SANEAMIENTO

 

Por Ángel Rosas Rojas
 
 
La obligación de saneamiento significa que el vendedor está obligado a proporcionar al comprador la posesión pacífica y las características aparentes de la cosa entregada.
 
El saneamiento protege el derecho del adquirente a disfrutar en forma pacífica y útil del bien que se le ha transferido, sea en propiedad, posesión o uso. Por otro lado atañe a toda clase de bienes, sean estos muebles o inmuebles.
 
En virtud del saneamiento, el transferente está obligado a responder frente al adquirente, por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, siempre que el bien adquirido no cumpla la finalidad para la cual fue recibido o que disminuya su valor.
 
El saneamiento en nuestro derecho se puede dar desde dos puntos de vista:
 
• Saneamiento por evicción: Es la obligación del vendedor de asegurar al comprador la posesión pacífica de la propiedad o derecho vendido.
 
Elementos de la evicción.
 
A) Hay una persona que adquiere a título oneroso una cosa de otra persona.
 
B) Que es privado de todo o parte de ella.
 
C) Por sentencia judicial que cause ejecutoria.
 
D) Mediante la acción ejercitada en su contra por un tercero, en razón de tener un derecho sobre la misma cosa, anterior a la adquisición.
 
• Saneamiento por vicios ocultos. Consiste en la obligación del vendedor de responder por la cosa vendida en caso de presentar vicios o defectos ocultos que la hagan impropia para el uso a que esté destinada, o que disminuya el uso de ella de tal manera que si el comprador los hubiera conocido, no la habría comprado o hubiera ofrecido un precio menor.
 
Características de los vicios:
 
1.-Que sean ocultos, es decir, que no estén a la vista. Si el comprador es un experto no podrá reclamar los vicios ocultos, si por razón de su profesión u oficio debía fácilmente reconocerlos.
 
2.- Desconocidos por el adquirente, ya que de lo contrario implica que el comprador admitió comprar la cosa como se encontraba, por lo que no se presentan vicios ocultos.
 
3.- Que sean anteriores a la enajenación, ya que si no existía ningún vicio antes de la compraventa, el vendedor no es responsable. En todo caso el comprador debe probar que los vicios eran anteriores a la fecha de compra.

 
4.- Que sea nocivo a la utilidad de la cosa, es decir que no pueda prestar a su destino normal o natural, pero no sólo debe tomarse en cuenta lo anterior sino también el uso convenido por las partes. 
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Marca Registrada

 

 

Tu Marca es una de las variables estratégicas más importantes de tu empresa ya que día a día adquiere un mayor protagonismo.


Una marca debe registrarse para que como propietario, obtengas un título que te da el derecho a usarla en forma exclusiva en todo México. De esta manera nadie deberá usarla sin tu autorización.

Esta es tu distintivo y su finalidad es que el consumidor diferencie tu producto y/o servicio de otro de la misma especie.
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PATRIMONIO DE FAMILIA

Por Michel Rivera Arriaga.

Es el conjunto de bienes libres de gravámenes e impuestos, inembargables y no susceptibles de enajenación, que la ley destina a una familia con el fin de proteger y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los acreedores alimentarios, esto es, los integrantes de la familia, esto es los cónyuges, los concubinos, los ascendientes, los descendientes, para que puedan desarrollarse adecuadamente y sostener una calidad de vida aceptable en el hogar.
Son objeto del patrimonio de la familia, la casa habitación y en algunos casos, una parcela cultivable.
La constitución del patrimonio de familia no transmite la propiedad de los bienes que lo forman, a los miembros de la familia beneficiaria. Solo da derecho a disfrutar de esos bienes.
Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela, el cónyuge del que lo constituye, las personas a quienes tiene obligación de dar alimentos o los miembros dela familia a favor de quien se constituya el patrimonio familiar, este derecho es intransmisible.
Los beneficiarios de los bienes afectados al patrimonio de la familia serán representados en sus relaciones con tercero, en todos lo que al patrimonio se refiere, porque lo constituyó, en su defecto, por el que nombre la mayoría.
El representante tendrá también la administración de dichos bienes.
Los bienes afectados al patrimonio de familia son inalienables y no estarán sujetos a ningún gravamen y cada familia solo puede tener un patrimonio familiar.
El valor máximo delos bienes afectados al patrimonio familiar, será el equivalente a diez mil veces el salario mínimo general diario, vigente en la zona de ubicación de los inmuebles al momento de constituirse.
La persona que quiera constituir un patrimonio familiar, lo manifestará por escrito al juez de la ubicación del inmueble, precisando las características del mismo, comprobando:
1.- que es mayor de edad o emancipado
2.- la existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio,
3.- que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres,
4.- que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no excede del fijado en la ley.
Satisfechos los requisitos anteriores, el Juez aprobará la constitución del patrimonio de familia y ordenará su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
Cuando el valor de los bienes afectados al patrimonio de familia sea inferior al máximo fijado, podrá ampliarse hasta ese valor. La ampliación se sujetara al mismo procedimiento que para su constitución.
Se tiene el derecho a exigir la constitución del patrimonio familiar cuando haya peligro de quien tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas por si o a través de sus representantes, tendrán derecho de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de familia.
La constitución del patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores.
Constituido el patrimonio de familia, ésta tiene obligación de habitar la casa y de cultivar la parcela. 
El Juez del lugar en que este constituido el patrimonio puede, por justa causa autorizar para que se de en arrendamiento o aparcería, hasta por un año.
El patrimonio de familia se extingue cuando:
1.- todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos,
2.- sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa o de cultivar por su cuenta por dos años consecutivos la parcela,
3.- se demuestre que hay necesidad o notoria utilidad para la familia
4.- se decrete expropiación de los bienes,
5.- asi lo decidan los interesados.
La declaración de extinción del patrimonio la hará el Juez competente.
Puede disminuir el patrimonio de familia, cuando se demuestre que su disminución es necesaria o de notoria utilidad para la familia.
Debe disminuirse el patrimonio familiar, cuando éste ha rebasado en más de un cien por ciento el valor máximo establecido por la ley.
Extinguido el patrimonio de familia los bienes que lo formaban vuelven al pleno dominio del que lo constituyó o pasan a sus  herederos si aquel ha muerto.
Para la transmisión hereditaria del patrimonio familiar, exhibida el acta de defunción, acreditado el derecho de los herederos y la existencia del patrimonio familiar, el juez dictara resolución de adjudicación.

 

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ACCIÓN PAULIANA

Por Francisco Javier Hernández Becerril.

 
Es  la  acción por  la  cual  se  demanda  la  ineficiencia de los  actos del  deudor  celebrados en  perjuicio  de los  acreedores cuyos  créditos  son  anteriores  a  dichos  actos; ineficiencia que  afectara  tales  actos  perjudiciales   sólo  hasta  el  importe  de  esos  créditos  y  en  beneficio de los  acreedores  que  la  ejercitaron.
 
Artículo 2163.- Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos.
 
Artículo 2175.- La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.
ELEMENTOS:
 
1.-Que los actos que disminuyen el patrimonio perjudiquen al acreedor.
 
2.-Que los actos reductores del patrimonio del deudor sean reales; es decir, que no sean aparentes ni simulados.
 
3.-Que el crédito del acreedor que ejercite la acción pauliana sea anterior al acto del deudor, celebrado en perjuicio del acreedor. Art. 2163, pues los actos del deudor anteriores al crédito no perjudican al acreedor.
 
4.-Que haya mala fe por parte del deudor y del tercero que contrato con él, cuando es oneroso el acto que perjudica al deudor. Art. 2164.
 
Que el acto del deudor sea gratuito, y en tal caso no importará la buena o mala fe del deudor y del tercero que con el contrato, pues en hipótesis será procedente la acción pauliana. Art. 2165, por ser preferente el interés del acreedor al del tercero de buena fe que nada suministró.
 
Artículo 2165.- Si el acto fuese gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando haya habido buena fe por parte de los contratantes.
 
Buena fe:  Consiste en no saber que el acto del deudor provocará o agravará su insolvencia.
 
Mala fe: Consiste en ignorar que tal acto ocasionará dicha insolvencia.
 
Artículo 2166.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe en este caso consiste en el conocimiento de ese déficit.
 
6.-Ineficacia limitada del pacto perjudicial del deudor, pues dicha ineficacia se restringe a los acreedores actores y hasta el importe de sus créditos.
 
Artículo 2175.- La nulidad de los actos del deudor solo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.
 
7.-Insolvencia del deudor que se establece en relación al crédito y a la capacidad productiva del deudor, el crédito es la posibilidad de procurarse el deudor los medios necesarios para pagar y la capacidad productiva es la aptitud del deudor para obtener con su actividad ordinaria lo necesario para pagar.
ACTOS IMPUGNABLES MEDIANTE LA ACCIÓN PAULIANA
1.- Enajenación de bienes que posee el deudor.
 
2.- Renuncia de derechos a favor del deudor y cuyo goce no sea exclusivamente personal.Art. 2170
 
3.- Renuncia de facultades, que mejorarían el patrimonio del deudor
 
4.- El pago anticipado que hace el deudor insolvente. Art. 2172.
 
5.- El acto celebrado en los treinta días anteriores a la declaración del concurso civil de acreedores y por el cual se da un crédito existente a una preferencia que no tiene. Art. 2173, la impugnación de este acto solo implica la perdida de la preferencia pero no la de derecho. Art. 2177.
LA ACCIÓN PAULIANA Y SU EJECUCIÓN PERSONAL ¿CONTRA QUIÉNES?
 
1.-Contra el deudor que celebró el acto en fraude de acreedores
 
2.-Del tercero que contrató con el deudor.
 
3.-De los adquirientes posteriores (subadquirientes).
DE SU CESACIÓN
 
1.- La restitución. El tercero que contrató con el deudor, así como sus subadquirientes responsables, están obligados a devolver los bienes adquiridos mediante el acto fraudulento, la obligación de restituir dichos bienes se limita al importe de los créditos que sirvieron de base a la acción pauliana ejercitada.
 
2.- Efectos respecto al tercero que contrató con el deudor y en relación a los subadquirientes.

 
3.- Efectos relativos a los acreedores. La acción pauliana es individual y no colectiva, razón por la cual su especie solo beneficia a los acreedores que la ejercitan y hasta el importe de sus créditos. 
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CONCURSO MERCANTIL

Por Francisco Bustamante Zarate


El concurso mercantil es un procedimiento jurisdiccional. Con esta frase se pretende destacar que se está en presencia de un procedimiento en el cual, una autoridad jurisdiccional —Juez de Distrito— desplegará todos los actos tendientes a resolver la controversia o situación que se le plantea, en el sentido de determinar si el comerciante se encuentra en los supuestos del concurso mercantil que prevé la ley, de aprobar el convenio que en su caso se celebre con los acreedores reconocidos, o bien, de declarar la quiebra para proceder al remate de los bienes sujetos al concurso y efectuar el pago correspondiente a dichos acreedores.
 Al que se somete un comerciante. Las personas que pueden ser declaradas en concurso mercantil son los comerciantes. Lo anterior se debe a que si bien todas las personas, comerciantes o no comerciantes, son susceptibles de incurrir en el incumplimiento del pago de sus obligaciones, sólo a los comerciantes se les puede declarar en concurso mercantil. 
Ahora bien, comerciante es toda aquella persona física que tiene capacidad legal para realizar, de manera habitual y profesional, actos de comercio con el fin de obtener un lucro, es decir, de conseguir una ganancia. También son comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, así como las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. 
Además, la ley equipara a la figura de comerciante a fideicomisos con actividades empresariales, las sucesiones y las sucursales de sociedades extranjeras. Asimismo, excluye de la aplicación de ésta a instituciones de seguros y a las de fianzas, que tienen una regulación propia. Para los comerciantes con pasivos menores a 400,000 UDIS, es optativo el atenerse a la Ley.
 Obligaciones. Por obligación debemos entender el deber que tiene una persona llamada deudor —que en este caso es el comerciante—, de conceder a otra llamada acreedor, una prestación, que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer 1.
Derivado de su actividad, un comerciante debe cumplir, de manera habitual, diversas obligaciones contraídas con personas —llamadas acreedores—, que le proporcionan bienes o servicios
 Pago. Es propiamente el cumplimiento de una obligación mediante un dar, un hacer o no hacer. Es decir, el comerciante cumple con la obligación de pagar a sus acreedores cuando entrega una cosa —dinero, mercancía u otros objetos—, presta algún servicio o se abstiene de realizar algún acto, como podría ser el dejar de efectuar actos de comercio en determinada zona, reservada a otros comerciantes.
 Incumple generalizadamente. Esta hipótesis se actualiza cuando el comerciante no cumple en sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presentan las siguientes condiciones:
• Que las obligaciones que tengan por lo menos treinta días de haber vencido, representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante, a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso. 
• Que el comerciante no tenga activos para hacer frente a por lo menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de la demanda.
También, se presumirá que incurrió en el anotado incumplimiento cuando se presente alguno de los supuestos siguientes:
• No existan bienes o sean insuficientes para practicarse un embargo por el incumplimiento de una obligación o al pretender ejecutar una sentencia en su contra.
• Se incumpla en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos. 
• El comerciante se oculte o ausente, sin dejar al frente de la administración u operación de su empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones. 
• El comerciante, en iguales circunstancias que en el inciso anterior, cierre los locales de su empresa. 
• Se acuda a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones. 
• Se incumplan obligaciones contraídas mediante convenio celebrado con sus acreedores en etapa de conciliación, en caso de que se encuentre sujeto a un procedimiento de concurso mercantil.
 Objeto. Se ha considerado de interés público el que se conserven las empresas y se evite que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de ellas y de las demás con las que mantengan una relación de negocios. De ahí que el procedimiento de concurso mercantil conste de dos etapas, a saber: la conciliación y la quiebra. La primera de ellas tiene como finalidad la conservación de las empresas o negociaciones mediante el convenio de pago que éstos celebren con sus acreedores; mientras que la segunda, que inicia cuando no se llega a un convenio, tiene por objeto la venta de la empresa o negociación del comerciante, de los bienes y derecho que la integran, de forma que con su producto, se haga el pago a los acreedores respectivos.
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La enseñanza del derecho y sus deficiencias.

Por Luis Ángel Rosas Rojas

 

En la actualidad la gran mayoría de las instituciones dedicadas a impartir la licenciatura en derecho en nuestro país y en Latinoamérica han usado como herramienta esencial de enseñanza un método especialmente enfocado a la parte teórica, el cual ha sido objeto de críticas y se han formulado diversas propuestas para mejorar este aspecto que sin duda alguna afecta el desarrollo profesional de los licenciados en derecho y los estudiantes del mismo. 
Esta afectación comprende en que si la preparación de futuros abogados se inclina de manera extrema solo por la parte teórica, como resultado de esto tendremos solo académicos y estudiosos del derecho, que muy posiblemente cuando enfrenten situaciones enfocadas a ejercer sus conocimientos y habilidades en la práctica jurídica, no cumplan con el nivel de profesionalismo requerido por la sociedad.
Como ya se mencionó anteriormente se han hecho propuestas para dar equilibrio y una mayor plenitud a la preparación de los profesionales del derecho, estas posibles soluciones concuerdan en el punto de que se debe introducir de manera más reiterada el aprendizaje practico y esto se puede lograr si se implementan varios puntos, algunos de ellos son:
o Incluir en los planes de estudio materias y actividades relacionadas a desarrollar la práctica jurídica.
o Coordinación entre universidades y juzgados u otros órganos para llevar acabo practicas necesarias.
o Requisito obligatorio para la titulación haber estado en un despacho jurídico o con un abogado como aprendiz o pasante, un periodo considerable para adquirir este conocimiento.
Si se implementaran estos y algunos otros puntos posiblemente tendríamos como consecuencia mejores profesionales del derecho que darían mayor seguridad jurídica a una sociedad cada vez más exigente en constante crecimiento y desarrollo. 
Como opinión personal se puede manifestar una rotunda aceptación y apoyo a estos puntos y los ahora estudiantes, futuros abogados no podemos permanecer indiferentes a esta situación y debemos hacer lo que esté en nuestras manos para conseguir que nuestra preparación sea las más amplia y profesional.
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Aval

Por Francisco Javier Martínez Rodríguez
Jurídicamente, consiste en la firma que se consigna en un título para garantizar su pago total o parcial, en caso de no realizarlo la persona obligada a ello.
El aval es una garantía típicamente cambiaria que por el principio de la literalidad tiene que constar en el propio documento.
Se trata de una garantía cambiaria formal, porque debe ajustarse a las solemnidades legales:
•Abstracta: porque permanece ajena a la causa.
•Objetiva: porque no garantiza al avalado sino el pago de la letra a favor de su portador legítimo.
•Autónoma: porque subsiste independientemente de la obligación garantizada, salvo que esta se halle viciada formalmente.
•Limitada: porque a voluntad del avalista cubre total o parcialmente el importe de la obligación cambiaria.

 

•Un elemento formal indispensable es la firma del avalista escrito en el título o en hoja que se le adhiera, es suficiente; sin embargo, es usual que se acompañe de la expresión “por aval” u otra equivalente. Cuando el aval se consigna en documento por separado se convierte en una fianza ordinaria.
El avalista indicará por quién y por cuanto otorga la garantía y estará obligado con todos los acreedores del avalado, pero será acreedor de este. A falta de indicación por quién y por cuánto otorga se confiere el aval, se entiende concederse por el aceptante, en su defecto por el girador y por el importe total del documento.
Características:
A) Accesoriedad:  presupone la existencia formal de la obligación. El aval garantiza precisamente a ésta.
B) Solidaridad: la obligación del avalista es solidaria con la de aquel cuya firma garantiza. Una vez acreditado el incumplimiento del deudor principal, la obligación ya es solidaria, de modo tal que formalizando el protesto se puede perseguir ya al avalista.
C) Unilateralidad: ya que el único obligado es el avalista, sin que se descarten los derechos subrogatorios.
D) Reintegrabilidad: posibilidad de que el avalista recobre del avalado el crédito que ya se pagó.
Por ser una obligación de garantía, se aplican al aval, las disposiciones generales del Código Civil relativas a la fianza, siempre que no contradigan la naturaleza de la obligación cambiaria, es por ello que el aval no puede extenderse más allá de los límites en los que fue prestado, el aval comprende las cuestiones accesorias del adeudo: intereses y demás aspectos considerados por la ley.
El tenedor legítimo puede proceder indistinta y simultáneamente contra el avalista y el avalado; pero si el avalista llegase a pagar el título adquiere los derechos inherentes a ello, contra el avalado y contra aquellos que están obligados cambiariamente con este último, ello significa que el avalista al pagar la letra se convierte en titular de la misma.
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AMPARO ADHESIVO

Por Michel N. Rivera Arriaga


El amparo adhesivo es una figura diseñada para agilizar los juicios de amparo que se promueven contra sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, amparos directos.
La reforma constitucional de 2011, en materia de amparo, por la cual surgió la nueva Ley de Amparo, que introdujo el AMPARO ADHESIVO.
El amparo adhesivo pretende la concentración de procedimientos y evitar que una controversia se prolongue por la promoción de juicios sucesivos dando paso a una solución definitiva en un menor plazo.
El Tribunal Colegiado de Circuito, instancia ante la que se solicita el Amparo Directo, regresaba uno de los argumentos del quejoso reclamaba violaciones procesales que daban lugar a una sentencia para su perjuicio.
A esto se le denominaba AMPARO PARA EFECTOS, y para evitar el ir y venir de argumentos por parte de las partes y prolongación de juicios, da lugar al AMPARO ADHESIVO.
El AMPARO ADHESIVO lo promueve a quien la sentencia le resultó a su favor, y puede intervenir cuando se promueve el juicio de amparo principal por la parte a la cual le perjudicó el fallo.
No se puede promover AMPARO ADHESIVO si no existe un juicio de amparo principal.
El Tribunal esta en aptitud de resolver todas las cuestiones de una controversia en un solo procedimiento, el principal y adhesivo, evitando amparos sucesivos.
Al presentarse el amparo se tendrán que exponer todos los argumentos procesales, es decir, los argumentos de quien impugnó la sentencia y presentó el amparo, se van adherir los argumentos de la contraparte, para que resuelva el Tribunal Colegiado de Circuito.
El artículo 182 de la Nueva Ley de Amparo establece que el AMPARO ADHESIVO, únicamente procederá:
I.- Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso.
II.- Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
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JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Por Francisco Bustamante Zarate

 

Jurisdicción Voluntaria es aquella atendida por los jueces en la cual no existe litigio u oposición entre las partes. Trasladándose en casos particulares a los notarios la facultad de atender algunos de estos trámites con el fin de descongestionar los despachos judiciales. Entre los principales actos de jurisdicción voluntaria con facultades a los notarios se encuentran la liquidación de sucesión y de la sociedad conyugal respectiva por común acuerdo, la celebración del matrimonio civil, la insinuación de donaciones y la corrección de registros civiles. En los procesos de jurisdicción voluntaria, el Juez actúa para la satisfacción de un interés público, que tiene por objeto la buena administración de los intereses privados.

 

 

Frente a la posibilidad de extraer los asuntos llamados de "Jurisdicción Voluntaria" o "no contenciosa" del ámbito de conocimiento de los Tribunales de Justicia que integran el Poder Judicial, lo primero que debemos preguntarnos es por qué razón o razones el legislador entregó estas materias al citado poder del Estado.

 

 

En la revisión de las obras de Derecho Procesal tradicionales y publicaciones relativas a reformas de los sistemas judiciales, encontramos algunas razones que intentaremos exponer; el primer fundamento es de tipo histórico, seguido de lejos por motivos de seguridad o certeza jurídicas. En recientes trabajos, se alude cada vez con más fuerza a razones económicas y de políticas públicas. El fundamento histórico es el que aparece en la doctrina como el más fuerte y poderoso, luego siguen las posturas doctrinarias sobre la naturaleza jurídica de la Jurisdicción Voluntaria

 

 

"Se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del juez sin estar empeñada no promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas... En ellas son hábiles todos los días y horas... Sin necesidad de solemnidades son admitidos los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrezcan. Apenas se haga oposición por quien tenga interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la situación en que estuviesen, al tiempo de ser incoado, los interesados y el objeto de aquél; y se sujetará a los trámites del juicio que corresponda.

 

 

El juez puede variar las providencias que dicta, sin sujeción a términos ni formas establecidas para la jurisdicción contenciosa; salvo tratarse de autos definitivos o recurridos. Son materia de esta jurisdicción, entre otras, la adopción, el nombramiento de tutores, los depósitos personales, la protocolización de testamentos, las informaciones para dispensa de la ley y las de perpetua memoria, la enajenación de bienes de menores e incapacitados, las medidas para administración de los bienes del ausente, las subastas judiciales voluntarias... el deslinde y el mejoramiento".

 

 

También se ha dado en llamar jurisdicción voluntaria al caso en que las partes por su propia voluntad deciden someter a la competencia de un juez que normalmente no era competente. El proceso de jurisdicción voluntaria tiene como objeto hacer constar hechos o realizar actos en que no esté presente la controversia entre partes y hayan producido o deban producir efectos jurídicos, siempre que no se provoque perjuicio para persona determinada.

 

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Inimputabilidad

Por Francisco Javier Hernandez Becerril
Un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de éste.
 
El concepto de inimputabilidad acarrea otra noción: imputabilidad. La imputabilidad implica que una persona entiende que su accionar afecta los intereses de otros; por lo tanto, adapta su conducta a dicho entendimiento. Si el individuo carece de esa comprensión, resulta inimputable y, por lo tanto, no es penalmente responsable del daño que causa.
La inimputabilidad puede decretarse por trastornos psicológicos o por la falta de madurez (este último caso corresponde a los delitos cometidos por niños). Al ser inimputable, el sujeto no sólo no tiene responsabilidad penal sobre su comportamiento, sino que tampoco es declarado culpable a nivel legal.
En concreto, podemos establecer que dentro del ámbito judicial se establecen tres causas fundamentales para declarar la inimputabilidad de una persona:

• Enajenación mental. Dentro de este grupo se encuentran la psicosis, la oligofrenia o la debilidad mental, entre otras.
• Trastorno mental transitorio. Con este término se hace referencia a lo que sería la perturbación de las facultades mentales que un individuo experimenta en un momento determinado y durante un corto periodo de tiempo. Se diferencia de la enajenación porque esta es permanente y él no, él es pasajero.
• Alternaciones en la percepción. Para que alguien goce de inimputabilidad basándose en aquellas, se exige que las mismas que sufre aquel sean de nacimiento o desde la infancia. 
 
No obstante, es imprescindible que afecten de manera grave a lo que es la percepción de la realidad dentro de este grupo se encuentra Sordomudez, careciendo totalmente de instrucción.
Puede decirse, por lo tanto, que la inimputabilidad es una circunstancia que exime a alguien de su responsabilidad y culpabilidad en sus actos.
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¿QUE ES CULTURA DE LA LEGALIDAD?

Por Francisco Javier Hernandez Becerril


La Cultura de la Legalidad de una sociedad determinada, “es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad”. Sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus aplicadores y destinatarios. Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales.


Cultura de la Legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.


El Estado de derecho es aquél en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas en forma democrática, que protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente. En un Estado de derecho, las normas jurídicas: 


1. Se establecen en forma democrática, a través de mecanismos formales. (Toda la sociedad puede participar en la creación de las leyes).


2. Protegen los derechos individuales, en la convivencia de las personas como parte de una sociedad. (Las normas protegen tanto a los individuos como a la sociedad). 


3. Se aplican por igual a todos(as), incluso a los gobernantes, son de carácter general, no importa la situación económica, política, ni el rol social que se desempeñe. (Las normas se aplican a todos por igual).


4. Se hacen cumplir siempre, son obligatorias, las violaciones son sancionadas a través de procedimientos y castigos preestablecidos.

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El derecho y el poder

http://portomagne.blogspot.mx/


Por Luis Ángel Rosas Rojas

 

Para Thomas Hobbes el hombre es malo y egoísta por naturaleza, desde que nace esta hambriento de poder, y el poder no cesa hasta la muerte.

 

“homo homini lupus est” que quiere decir: El hombre es el lobo del hombre

 

De igual manera Norberto Bobbio hace su aportación y dice que el poder es la facultad del ser humano de influir y hasta determinar la voluntad de otro

 

Hay tres tipos de poder: persuasión, coacción y sometimiento.

 

Persuasión: situación en la que el sujeto activo ordena un hacer o dejar de hacer en el sujeto pasivo con la singularidad de que el sujeto pasivo está convencido de que lo hace por su convicción o voluntad.

 

Coacción: Es la situación en la que el sujeto pasivo se encuentra en la disyuntiva de obedecer los mandatos del sujeto activo o enfrentarse a consecuencias muy desfavorables.

 

Sometimiento: Es la desaparición de vestigio de libertad.

 

El papel del derecho en el fenómeno del poder, es limitar el ejercicio del poder en los particulares y en el Estado, si no se controla el poder, se cae en el anarquismo (filosofía que predica que el hombre debe gobernarse por sí mismo, con leyes que el hombre crea para sí mismo) o en el despotismo (gobernar arbitrariamente juzgado de acuerdo a su Estado de ánimo),

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ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL

Por Michelle Nadchielli Rivera Arriaga

 
El Derecho civil, es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de las personas alusivas al derecho de la personalidad, los derechos familiares y patrimoniales.

Para el análisis de este concepto debemos distinguir tres tipos de materias para su dominio de aplicación, las cuales son las siguientes:
-          El Derecho de la Personalidad.

-          El Derecho de la Familia.

-          El Derecho Patrimonial.
El derecho de la personalidad, considera a la persona en sí misma y la organiza socialmente, tal  y como lo afirma Bonnecase, por esta razón, corresponde al Derecho Civil establecer quienes y en qué condiciones son sujetos de derecho, tanto a los seres humanos como a las organizaciones que forma, tal es el caso que al conjunto de reglas aplicables a las personas, se le conoce como el DERECHO DE LA PERSONALIDAD.
Según el contenido del Derecho de la Personalidad debemos identificar tres puntos:
1.- La existencia e individuación de las personas físicas, es decir, la existencia y duración de la personalidad física, que supone la determinación del nacimiento de la persona y su muerte, aunque en ocasiones no coincide el nacimiento de la persona desde el punto de vista legal con la existencia real de la persona, ya que se considera en muchas legislaciones que la personalidad humana existe y produce efectos jurídicos desde la concepción y aun después de su muerte es frecuente prolongar la voluntad del de cuius.
1.1.- La individuación, no basta que el derecho determine la existencia de la persona, sino que es importante que la individualice o identifique a través de atributos o características, tales como, nombre, dirección, nacionalidad, estado civil, edad, etc.
2.- La capacidad de las personas físicas, es la capacidad de goce, de ejercicio, sus grados, límites, causas de incapacidad, inicio, fin, adelantos, la representación del incapaz y las instituciones para asistirlo y/o asistirlo, el estudio de estas y su funcionamiento.
3.- La existencia, individuación y capacidad de las personas morales, pertenece al Derecho Civil establecer los argumentos relativos a sus existencia, individuación, capacidad o legitimación, siempre que sea a personas morales privadas.
EL DERECHO DE LA FAMILIA.
Es el estudio de su constitución, la organización familiar y su extinción, con esto nos referimos al matrimonio, la filiación y la adopción como sus fuentes generadoras.
El análisis del matrimonio comprende lo relativo a la constitución del estado, las relaciones personales derivadas y los regímenes matrimoniales.
La adopción y la filiación se incluyen dentro del estudio de parentesco a través de sus fuentes, que son las siguientes:
-          La filiación

-          La legitimación

-          La adopción
DERECHO PATRIMONIAL.

Es una parte muy extensa para su estudio pero podemos asegurar que los puntos más importantes dentro del derecho patrimonial son:
-          Derecho de los bienes

-          Derecho de las sucesiones

-          Derecho de las obligaciones

-          Derecho de los contratos
Lo anterior, considerando que en términos generales corresponde al DERECHO PATRIMONIAL el estudio de todo lo referente a las relaciones y situaciones jurídicas de la APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.
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5to Aniversario de López Portillo Asociados, S.C.- abogado civil

Luego de algún tiempo de ejercer mi profesión tanto en el Gobierno de la República como en el sector privado y haber incursionado como postulante con un grupo de compañeros de la universidad; el 25 febrero de 2010, familiares cercanos decidimos consolidar este esfuerzo creando una Sociedad Civil a la que llamamos López Portillo Asociados.

 

Hoy celebramos nuestro quinto aniversario, recordando a quienes nos han acompañado en este viaje, a quienes se han ido, a quienes han vuelto, a quienes aun están, a quienes no se irán nunca, a quienes apoyaron, a quienes presionaron, a quienes lastimaron, a quienes nos impulsaron, a quienes destruyeron, a quienes creyeron, a quienes no creyeron, a los que nos elogiaron, a los que sonrieron, a los que se disgustaron, a los que fueron amigos.... en fin positivos o negativos, todos nos han ayudado a forjarnos como un despacho solido y en crecimiento.

 

El personal de López Portillo Asociados, S.C. aprecia en gran manera su preferencia y yo aprovecho para enviarles un cordial y afectuoso saludo, ademas, me parece importante escribir unas breves palabras para agradecer a mi esposa, a mis cuatro hijos, a mi padre, madre y hermanos que han impulsado este proyecto, estoy cierto que sin ustedes no hubiese sido posible.

 

Atte. Lic. Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.  

abogado civil

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LA PENA DE PRISIÓN BAJO EL CONTEXTO CAPITALISTA

Por: Lic. Luis García Flores

Concepto.
El fin dogmático de la pena de prisión es el control absoluto de la vida del sujeto procesado, una manipulación hasta querer cambiar su personalidad como si fuera un objeto de estudio de laboratorio sin voluntad propia. El sistema penal intenta encontrar dónde está la falta y corregirla como si fuera una fábrica de producción de juguetes con alta calidad de sus componentes.[1] Hipótesis que se aleja de la reforma constitucional de 2008, que sustituyó la readaptación por la palabra reinserción social, y que en una función declarada pretende que la sociedad acepte a los sujetos egresados de los centros penitenciarios

Con la voz cárcel se designa histórica y técnicamente al local o edificio en que se alojan los procesados o encausados, y presidio, prisión o penitenciaria indica, en cambio, el destinado a los sentenciados, los condenados en justicia.[2]

Bajo este orden de ideas, podemos afirmar que a lo largo de la historia, se ha construido una ideología para justificar en primer término la denominación de la cárcel, luego prisión y posteriormente penitenciaría. Sin embargo, bajo la óptica de la criminología crítica es menester señalar que la prisión es aquel lugar creado por la clase dominante, el cual es ocupado por los dominados, cuando éstos realizaron una conducta que transgredió los intereses particulares de aquellos.

Nacimiento de la cárcel y su desarrollo.

Los azotes, el destierro y la ejecución fueron los principales instrumentos de la política en Inglaterra hasta la mitad del siglo XVI. A petición de algunos elementos del clero inglés, alarmados por las proporciones que la mendicidad había alcanzado en Londres, el Rey les permitió utilizar el castillo de Bridewell para recoger allí a los vagabundos, los ociosos, los ladrones y los autores de delitos menores, su finalidad era la reforma de los internados por medio del trabajo y la disciplina. El trabajo que allí se realizaba era textil porque así lo exigía la época.[3]

A dichos centros se les asignó el nombre de The London Houses of Corrections, por lo que también de manera indistinta se les llamó bridewells. En Holanda se le denominó Rasp-huis y en Francia l´hopital.

Los pobres, los jóvenes y las prostitutas llenan en el siglo XVII las casas de corrección, ya que la burguesía preparó a los pobres y los proletariados para que acepten el orden y disciplina que los haga dóciles a la explotación.

En el mismo sentido, quien se rebelaba contra la disciplina no era susceptible de corrección sino por el contrario merecía la muerte. El ejemplo de la casa de trabajo fue seguida en muchas otras ciudades europeas esta expansión se fue dando en aquellas zonas donde había un notable desarrollo de tipo mercantil-capitalista.

En el año de 1773, John Howard fue nombrado sheriff de Bedford, por lo que dedicó gran parte de su vida a viajar y conocer las condiciones de las cárceles en aquella época, es decir durante la segunda mitad del siglo XVIII. En dicha investigación las prisiones alemanas utilizadas para la detención de deudores y para custodia en espera de proceso o de pena capital las encontró en pésimo estado: viejas, antihigiénicas, con secretos calabozos subterráneos, llenas de instrumentos de tortura, con poca población e incluso vacías. Sin embargo, las casas de corrección, donde la mano de obra para la producción es fundamental, la situación fue diferente, sólo en cuanto a que existía mayor población. Los presos se encontraban completamente mezclados, los mendigos con los vagabundos y simples pobres, junto con las personas que habían cometido crímenes menores.

Continuando con su investigación, John Howard visitó Copenhague, Estocolmo, San Petersburgo, Berlín, Viena, Munich y la más significativa fue la de Gante, La Maison de forcé reconstruida en 1775, el cual tenía una forma de estrella octagonal basada en la separación celular de los criminales. El trabajo textil se realizaba en grandes ambientes comunes, sin embargo en 1783, encontró un cambio de dicha Maison “todas las maquinas y los utensilios vendidos, debido a la demanda de unas cuantas gentes interesadas. Las cárceles y galeras de Venecia fueron las que más le horrorizaron.

Por otra parte, en el continente americano, en específico en los Estados Unidos de América, se apreciaba una normatividad que restringía el fenómeno de la vagancia, en las colonias más densamente pobladas nacen algunas formas de control y represión de la vagancia. En Pensilvania, se conoció el country jail que se utilizaba para prisión preventiva. Derivado de la evolución, surge una nueva institución denominada –house of correction- la que se habilitó para internar a los fellons (transgresores de normas que no merecían pena corporal o de muerte). En 1718 se decide construir una nueva jail para los deudores, prófugos y una casa de trabajo para los convictos.

Hacia finales del siglo XVIII, el jail había conservado su finalidad de cárcel preventiva, pero el control que se buscaba en house of correction asumió cada vez más la función atípica de institución carcelaria, o sea, el papel de un universo segregativo en el que se internaban, con fines exclusivamente punitivos aquellos condenados que no eran acreedores a otra clase de sanciones. En la medida en que aumentaba la presencia institucional como eje de la política de control social, al mismo tiempo, se desvanecía la función de readaptación social que se debería haber realizado con el trabajo obligatorio y productivo. Y en este momento, el internamiento se transformó en pena propiamente dicha en la que el aspecto de terror e intimidación tomó la delantera sobre la finalidad reeducativa. Con la finalidad de resolver el problema, la política de control social produjo su invención más original “la penitenciaria”.[4]

Como puede advertir el lector, la pena de prisión habría nacido fuera del derecho, como consecuencia de la extensión del modo de producción capitalista y en concreto derivando de las casas de corrección y trabajo construidas en Holanda, en Inglaterra y después en otros países, desde el siglo XVI en adelante, para adiestrar a las masas de vagabundos expulsadas del campo a fin de convertirlos en los trabajadores que las clases burguesas necesitaban. La pena de privación de libertad, no es concebible sin entender el principio de retribución equivalente propio del capitalismo, pues en él todas las formas de riqueza se reducen a la forma más simple y abstracta del trabajo humano medido por el tiempo: en el modo de producción capitalista se puede establecer la equivalencia entre el daño producido por el delito con el pago de la pérdida de libertad durante cierto quantum de tiempo.[5]

En el período del siglo XX se proclama con mayor insistencia la humanización de las penas y principalmente de la prisión; se inicia la sustitución de ésta por multas o se acorta la duración.
En la actualidad se insiste en que la readaptación, ahora reinserción, es devolver a la sociedad a un sujeto readaptado, saneado, cuando en nuestro país no se cuenta con recursos para aplicar un tratamiento adecuado, lo cual es grave si en realidad sigue vigente la cárcel antigua de segregación y cautiverio.[6]

En este sentido, es indispensable observar la postura que se encuentran adoptando las autoridades mexicanas encargadas de administrar y procurar justicia, ya que no es suficiente, ampliar las penitenciarias, ni crear cárceles de máxima seguridad, ni tampoco implementar reformas que en nada son garantistas, como acontece en México, si en primera instancia, no ha quedado definido un programa que atienda a las necesidad básica de los seres humanos recluidos en los centros penitenciarios y no a las necesidades económicas de un sistema capitalista.

Bibliografía:
1.    HENDLER, E.S., “El derecho penal primitivo y su supuesta evolución”, Cuadernos de política criminal. NO. 54, 1994.
2.    MELOSSI, Dario y PAVARINI Massimo, Cárcel y fábrica, los orígenes del sistema penitenciario. México, siglo XXI, 2010.
3.    MENDEZ PAZ, Lenin, Derecho penitenciario. México, Oxford, 2008.
4.    NEUMAN, Elias, Prisión Abierta, una nueva experiencia penológica, México, Porrúa, 2006.



[1] MENDEZ PAZ, Lenin, Derecho penitenciario. México, Oxford, 2008. p 100
[2] NEUMAN, Elias, Prisión Abierta, una nueva experiencia penológica, México, Porrúa, 2006 p 11.
[3] MELOSSI, Dario y PAVARINI Massimo, Cárcel y fábrica, los orígenes del sistema penitenciario. México, siglo XXI, 2010, p 32.
[4] Ibídem p 167
[5]HENDLER, E.S., “El derecho penal primitivo y su supuesta evolución”, Cuadernos de política criminal, nº
54, 1994, p. 1211-1217.
[6]  MÉNDEZ PAZ, Lenin, op cit nota 1 p.97

 

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Organización de las Representaciones de la PGR en el extranjero.

 

El siguiente texto, nos habla de la organización de las representaciones de la Procuraduría General de la República en el extranjero, así como de sus funciones, creo que todo abogado debería conocer los alcances de una institución como lo es la Procuraduría General de la República, ya que al tener este tipo de información puede de alguna forma solicitar el apoyo de la misma, muchas veces lo hace, sin embargo de manera incorrecta (tema para texto de publicación).


Las Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace son los Órganos Desconcentrados que representan a la Procuraduría General de la República en el extranjero, fungiendo como auxiliares del Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de extradición, asistencia jurídica y técnica y búsqueda de fugitivos requeridos por la justicia mexicana, así como en el intercambio de información estratégica.


Las Agregadurías y Oficinas de Enlace encuentran su sustento jurídico en los siguientes ordenamientos:

Artículo 10 fracción IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

“Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:

[…]

 

IX. Agregados;

[…]”

Artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

“Artículo 46. Al frente de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:

[…]

II. Coordinar a las agregadurías y oficinas de enlace;

[…]”

Artículo 104 primer párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

“Artículo 104. La Procuraduría contará con agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace, que serán órganos desconcentrados, coordinados por el Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

[…]”

 

Así mismo, complementa dichos ordenamientos, el Acuerdo A/304/09 mediante el cual el Procurador General de la República establece la organización y funcionamiento de las Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace.


Conforme al artículo 106 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, las Agregadurías Legales tienen las siguientes funciones:


 “Artículo 106. Al frente de cada agregaduría legal habrá un Agregado, quien tendrá las facultades siguientes:

Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución;

Supervisar las actividades de las agregadurías regionales y oficinas de enlace dentro de la circunscripción de su competencia;


Auxiliar a las unidades administrativas y coordinarse con los órganos desconcentrados de la Institución, para el ejercicio de sus funciones;


Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados;


Participar en reuniones y grupos de trabajo con autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en foros internacionales, en relación con los asuntos de su competencia;

Recopilar y sistematizar la información relacionada con la procuración y administración de justicia en su circunscripción, y remitirla al Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías;


Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales en su circunscripción, particularmente en materia de delincuencia organizada transnacional;

Difundir los planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Procuraduría ante las autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en los foros internacionales que le corresponda atender con motivo de sus funciones;


Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o consular o misión especial, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas institucionales, y

 

Suscribir los contratos que afecten el presupuesto de la agregaduría legal, relativos a la adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme a los ordenamientos legales, los lineamientos que establezca la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables.”


El citado ordenamiento jurídico, en su artículo 108 indica las funciones de las Oficinas de Enlace:


 “Artículo 108. Al frente de cada oficina de enlace habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:

Coordinar y dar seguimiento al intercambio de información con la o las agencias de enlace en las que esté acreditado;


Acordar los asuntos de su competencia con el Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías;

Participar en reuniones y grupos de trabajo con la o las agencias de enlace en las que esté acreditado, así como en foros internacionales, en relación con los asuntos de su competencia;


Coordinarse con el Agregado legal, o la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que suministre información, debiendo informar al Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías;


Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales, particularmente en materia de delincuencia organizada transnacional;


Apoyar a la Procuraduría en el desahogo de diligencias cuando le sea solicitado por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y


Las demás que le encomiende el Agregado legal, el Agregado regional o la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que suministre información, debiendo informar de esto al Agregado legal correspondiente y, en su caso, al Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías.”


La PGR actualmente cuenta con 5 Agregadurías Legales, 4 Agregadurías Regionales y 2 oficinas de enlace distribuidas de la siguiente manera:

 

Agregadurías Legales:

Agregaduría para América del Norte con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América;

Agregaduría para Centro América y el Caribe, con sede en Ciudad de Guatemala, Guatemala;

Agregaduría para América del Sur, con sede en Bogotá, Colombia;

 

Agregaduría para Europa, con sede en Madrid, España; y

Agregaduría para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, Austria.

Es de resaltar, que en el Acuerdo A/304/09 se contempla la Agregaduría Legal para Asía -  Pacífico, ubicando su sede en Los Ángeles California.

 

Agregadurías Regionales:

Agregaduría Regional de Los Ángeles, California;

Agregaduría Regional de San Antonio, Texas;

Agregaduría Regional de San Diego, California; y

Agregaduría Regional de El Paso, Texas.

 

Oficinas de Enlace:

1.            Oficina de Enlace con el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas, (Air Marine Operation Center - AMOC), con sede en Riverside, California; y


2.            Oficina de Enlace con el Centro de Inteligencia de El Paso, (El Paso International Center - EPIC), con sede en El Paso, Texas.

 

Ahora se preguntaran cual es la diferencia entre Agregaduría Legal y Agregaduría Regional, de acuerdo con el acuerdo A/304/09 nos dice lo siguiente:

“…”

NOVENO.- El agregado legal de la Procuraduría será el representante adscrito en la o las Embajada(s) de México en el o los país(es) que corresponda(n). En tal virtud ejercerá la representación de esta Institución ante las autoridades centrales de los gobiernos de los países de su adscripción.


Asimismo, los agregados legales deberán coordinar, supervisar y evaluar el trabajo que realicen las agregadurías regionales y oficinas de enlace de esta Procuraduría en el país correspondiente.


DECIMO.- Los agregados regionales estarán adscritos a los consulados de su circunscripción y representarán a la Procuraduría ante las autoridades respectivas de su adscripción o, en su caso, ante el equivalente en el país correspondiente.

“…”

Una vez establecido cuales son las representaciones en el extranjero de la Procuraduría General de la República, así como sus funciones, podemos avanzar al siguiente tema que son las asistencias jurídicas internacionales, del cual se presentará en la página en próximas publicaciones.


Espero que este tema les sea de su interés, ya que como se mencionó al principio de este texto, el abogado debe conocer los alcances no solo de la Procuraduría General de la República, si no de todas las instituciones que conforman este gobierno.


 

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PRINCIPIOS PENALES MODERNOS Y POSMODERNOS

Por Luis García Flores


Al hablar de los principios del Derecho Penal modernos, resulta de suma importancia referirnos a Cesar Bonessana Marqués de Beccaria, ya que fue pionero al formular los principios del derecho penal clásico, basando su ideología en atención al contrato social y finalmente quedaron plasmados en su libro intitulado “de los delitos y de las penas”. Bajo este contexto, es menester, en primer lugar enumerar los principios modernos, para posteriormente analizar los principios posmodernos y, por último, realizar un esquema comparativo entre ambos.

1.    Principio de legalidad.- Todos los delitos que se imputaban a una persona y las penas que se imponían, deberán estar preestablecidas en una ley emitida por el poder legislativo y mediante un procedimiento legalmente previsto.

2.    Principio de interpretación de la ley.- Los jueces no deben interpretar la ley sólo aplicarla en sus términos en que ha sido hecha, pues su interpretación crea incertidumbre subjetiva del intérprete, por lo que el legislativo es el único encargado de crearla.

3.    Principio de seguridad jurídica.- Un derecho escrito con permanencia garantiza a la sociedad una forma fija de gobierno

4.    Principio de certeza jurídica.- Las leyes deben ser claras, precisas y estén escritas en un lenguaje que les permita a las personas juzgar cual será el éxito de su libertad y no las ponga en posición de dependencia de algunos pocos.

5.    Principio de proporcionalidad de las penas respecto del delito.-En el entendido del mayor o menor grado de dañosidad social que provoque y considerando que “Los atentados contra la seguridad y libertad de los ciudadanos, son uno de los mayores delitos y bajo esta clase se comprenden, no sólo los asesinatos y hurtos de los hombres plebeyos, sino también los cometidos por los grandes magistrados”.

6.    Principio de inaceptabilidad de la acusación directa.- porque semejantes costumbres hacen falsos y dobles a los hombres, ya que quien sospecha ver en el otro a un delator, ve en él a un enemigo.

7.    Principio de no interés fiscal, ni de los decomisos a favor del erario público en los juicios.- Porque las penas pecuniarias y los delitos de los hombres no deben convertirse en el patrimonio de los gobernantes.

8.    Principio de la prontitud de la pena.- será más útil y menos injusta, cuanto más pronta y cercana esté del momento en que se cometió el delito.

9.    Principio de la no tortura.- no son los tormentos ni la crueldad de las penas las que evitan los delitos.

10.  Principio de de la infalibilidad de las penas.- La certidumbre del castigo, aunque moderado hará siempre mayor impresión, que el temor de otro mas terrible unido con la esperanza de la impunidad.

11.  Principio de no pena de muerte.- No es lo intenso de la pena lo que hace el mayor efecto sobre el ánimo de los hombres, sino su extensión.

Ahora bien, es menester agregar a los principios anteriores, los contenidos en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los cuales son:

1.    Principio de inocencia.- Mediante el cual debe presumirse que todo hombre es inocente mientras no se pruebe y declare que es culpable.

2.    Principio de responsabilidad de los servidores públicos.- En el sentido de que la sociedad tiene derecho a pedir cuenta de su administración a todo empleado o servidor público.

PRINCIPIOS PENALES POSMODERNOS

Por otra parte, podemos señalar que el control social posmoderno es la imposición de reglas internacionales que hacen los países centrales a los Estados periféricos.

Antecedentes:

Con el fin noble de erradicar la tortura, México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1987, en donde los países perdieron soberanía jurídica quedando sometidos a la voluntad extranjera. Dicha convención sentó las bases para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CNUTIESP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 1990, de la cual surgen los principios penales posmodernos, los cuales se enlistan enseguida:

 

1.    Principio de privación de la libertad de personas por sospecha.- Basta con presumir de las circunstancias objetivas del caso, la intención, el conocimiento o la finalidad de los elementos que constituyen los delitos que la convención define, para atribuirlos a título de responsabilidad penal a una persona.

2.    Principio de analogía en materia penal.- Se admite para agravar los delitos, cuando al sujeto imputado se conozca declaraciones de culpabilidad anteriores, por delitos análogos a los que se les incriminan, ya sea por tribunales extranjeros o del propio país.

3.    Principio de discrecionalidad de autoridades.- se permite la discrecionalidad de las autoridades conforme al derecho interno y se ejerza con la máxima eficacia para el enjuiciamiento de los delitos contenidos en la convención.

4.    Principio de no utilización de beneficios penitenciarios.- se recomienda que dada la gravedad de los delitos, las autoridades deben demorar los beneficios de libertad anticipada o de libertad condicional.

5.    Principio de no prescripción de la acción penal ni de la pena.- Se exhorta para que se prolonguen los plazos para evitar que prescriban los delitos y las penas.

6.    Principio de negación del concepto teórico de delito político.- Se rechaza que a cualquier delito en la convención cometido, se le califique como político o se alegue que este políticamente motivado.

7.    Principio de la carga de la prueba es para el acusado.- Se impone al sospechoso la obligación de probar la proveniencia licita de sus bienes o probar que no sabía la proveniencia ilícita de los mismos.

8.    Principio de la competencia jurídico penal transnacional.- Los Estados se obligan a declararse competentes de los delitos que define loa convención, comprometiéndose a conceder la extradición cuando sea requerida.

9.    Principio de extradición universal.- Si no existe tratado entre las partes, la convención se erige como fundamento jurídico para proceder a la misma, simplificándose los datos probatorios.

10.  Principio de eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras.- Si el país requerido niega la extradición, el país requirente puede juzgar en ausencia a una persona no extraditada y solicitar al estado requerido, que ejecute en su territorio la sentencia extranjera emitida por el Estado requirente.

11.  Principio de traslado internacional de testigos.- Se faculta a detener a personas consideradas testigos y mandarlas de un país a otro.

12.  Principio de apropiación de decomiso en función de su territorialidad.- Se muestra un ánimo acaparador y de venganza de los grupos de poder de los países firmantes de manera que el decomiso de los bienes derivados del narcotráfico parecen un botín fundamental, porque se los apropia el país en donde se encontraron.

13.  Principio de negación de carácter fiscal de un delito.- La convención prohíbe, otorgar a los delitos en ella contenidos el carácter de fiscales, de ello se deriva que los capitales y los bienes vinculados con el narcotráfico no pueden ser reivindicados como fiscales por el estado que investiga o sentencia.

14.  Principio de utilización de agentes infiltrados.- se realizan entregas vigiladas y se legitima la acción de policías, militares, estudiantes que fungen como grupo de choque provocando delitos que sirvan para motivar la acción directa de los aparatos represores del Estado.

 

Por último y con la finalidad de ejemplificar lo anterior, se realizará un cuadro comparativo de los principios penales que a continuación se ilustra:

NO.

PRINCIPIOS MODERNOS

PRINCIPIOS POSMODERNOS

(C.N.U.T.I.E.S.P.)

1

Sólo se podía detener a una persona que había cometido un delito.-

Principio de privación de la libertad de personas por sospecha.- (Art. 3, numeral 3)

2

No se aceptaba la analogía ni la mayoría de razón en materia penal.

Principio de analogía en materia penal.- (Art. 3, numeral 5,h)

3

Las autoridades no tenían discrecional y sólo podían hacer lo que las normas les facultaban.

Principio de discrecionalidad de autoridades.- (Art. 3, numeral 6)

4

Se establecieron los sustitutivos penales como la remisión parcial de la pena, la libertad de la pena, la libertad preparatoria.

Principio de no utilización de beneficios penitenciarios.- (Art. 3, numeral 7)

5

La prescripción de la acción penal y de la pena era un derecho y garantía para las personas.

Principio de no prescripción de la acción penal ni de la pena.- (Art. 3, numeral 8)

6

Los delitos políticos deben ser tratados por la autoridad con benevolencia dadas las motivaciones altruistas.

Principio de negación del concepto teórico de delito político.- (Art. 3, numeral 10)

7

La carga de la prueba era para quien afirmaba algo contra alguien

Principio de la carga de la prueba es para el acusado.- (Art. 3, numeral 1, ordinal b)

8

La competencia para perseguir los delitos la tenía el Estado nacional soberano, dentro de los límites legales y territoriales.

Principio de la competencia jurídico penal transnacional.- (Art. 4, numeral 2)

9

La extradición era un derecho soberano de los Estados y para que procediera, se exigía la preexistencia de tratados en los que generalmente se prohibía la extradición de militares, delincuentes políticos y de nacionales del Estado requerido.

Principio de extradición universal.- (Art. 6, numerales 5,6 y 8)

10

Las sentencias se basaban en el derecho nacional y tenían efecto en el territorio en que se ejercía soberanía.

Principio de eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras.- (Art. 6, numeral 9 y 10)

11

Para la declaración de testigos y el desahogo de pruebas se utilizaban las cartas “requisitorias” o las “rogatorias” que se enviaban a las autoridades del otro país con el fin de solicitar el cumplimiento de lo pedido.

Principio de traslado internacional de testigos.- (Art. 7, numeral 4)

12

Los medios para cometer los delitos y sus productos tenían carácter fiscal y por lo tanto los reivindicaba el erario público del Estado soberano.

Principio de negación del carácter  fiscal de un delito.- (Art. 10, fracción 10)

13

La infiltración de agentes provocadores o encubiertos eran una violación al Estado de derecho.

Principio de utilización de agentes infiltrados.-

Bibliografía:

SÁNCHEZ SANDOVAL Augusto, Sistemas ideológicos y control social, México, IIJ.UNAM, 2008.

GONZÁLEZ VIDAURRI, Alicia y SÁNCHEZ SANDOVAL Augusto, Criminología, 3ª ed. México, Porrúa, 2013.

 

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Sobre la extradición

Por Luis García Flores

El control social posmoderno es la imposición de reglas internacionales, que hacen los países centrales a los Estados Periféricos. Lo anterior, es de suma importancia para comprender los principios posmodernos del derecho penal, dentro de los cuales podemos ubicar a la EXTRADICIÒN.

Ahora bien, ahondando en materia, el 11 de septiembre de 1987, se publicó en el D.O.F. la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Tortura. En ella se prevé la posibilidad de que en caso de que no “existiera tratado de extradición” entre los estados firmantes, éstos podrán considerar la convención como la base jurídica para realizar la extradición… (Art. 13).

Si un país no concediere la extradición deberá someter el caso a las autoridades competentes y a sus leyes, como si el delito se hubiere cometido en su jurisdicción… (Art. 14) 

Como es evidente, bajo el fin noble de erradicar la tortura, los estados firmantes pierden su soberanía quedando sometidos a la voluntad extranjera. Sin embargo, esto no se considera tan grave, si dicha convención no hubiera sido el sustento para crear la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicada en el D.O.F. el 5 de septiembre de 1990. 

Derivado de dicha convención, surgen los llamados principios posmodernos del Derecho Penal, que acotaremos a la extradición, ejemplificando lo anterior:

PRINCIPIO MODERNO REFERENTE A LA EXTRADICIÓN
La extradición era un derecho soberano de los estados y para que existiera se exigía la existencia de tratados en los que generalmente se prohibía la extradición de militares, delincuentes políticos y nacionales de estado requerido.

PRINCIPIO POSMODERNO REFERENTE A LA EXTRADICIÓN (C.N.U.T.I.S.S.P.)
La extradición se vuelve funcional a las necesidades del poder. Si no existe tratado la convención se convierte en sustento jurídico para realizarla, con lo cual se abre la posibilidad de extraditar a los militares, delincuentes políticos y nacionales del estado requerido. 

Por su parte, la Ley de Extradición Internacional señala que ningún mexicano podrá ser entregado a un estado extranjero (principio moderno) salvo en casos excepcionales (principio posmoderno). Bajo estas premisas surge la interrogante ¿En cuántas ocasiones el Estado mexicano ha autorizado la extradición de nacionales? Es decir, ¿cuántos han sido los casos excepcionales que refiere la mencionada ley?

Es evidente que se necesita mucho más que una ideología dogmático jurídico penal para justificar la extradición, no basta un discurso que defina y clasifique la extradición si no comprendemos que la misma es herramienta funcional a las necesidades de poder.

Bibliografía:
1.- González Vidaurri y Sanchez Sandoval Augusto. Criminologia, 3ª. Ed. Mèxico, Porrúa, 2013.
2.- Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Tortura.
3.- Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
4.- Ley de Extradición Internacional.

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Delitos Políticos y Extradición en México

Por Edson Dagoberto Terán Aguilar

http://www.lopezportilloasociados.com.mx/

 

En estos últimos días, se han suscitado algunos acontecimientos entorno al nombre del ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, cuyo nombre es Napoleón Gómez Urrutia, como se recordara, luego de las denuncias que interpusieron los mineros en el 2006 y por supuestas órdenes de aprehensión en su contra, Napoleón Gómez tomó la determinación de exiliarse en suelo canadiense arguyendo que era “exiliado político”, mientras sus detractores lo calificaban de “prófugo de la justicia”.


Tradicionalmente la comunidad internacional ha negado la extradición de personas acusadas, procesadas o sentenciadas por delitos políticos, situación que la persona citada en el párrafo anterior ha utilizado para no ser extraditada alegando ser exiliado político, aun y cuando las autoridades federales de México lo ha solicitado en diversas ocasiones.


La manera más sencilla de determinar si un delito debe ser considerado como político es mencionándolo expresamente en la legislación. En un primer momento esto es lo que se hace en el artículo 144 del Código Penal Federal, que a la letra señala: Se consideran delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.


Sin embargo, los criterios del Código Penal Federal no son los únicos que deben tomarse en cuenta. Debe considerarse que en los diversos tratados de extradición puede haber señalamientos, para determinar qué delitos serán considerados como políticos.


Es importante reiterar que la inclusión de delitos políticos dependerá de cada tratado de extradición, que a su vez está sujeto a las negociaciones entre Estados. Por lo tanto, es indispensable revisar cada uno de los tratados en lo particular para determinar cuál fue el resultado de cada uno de los acuerdos tomados.

Debemos aclarar que aún y cuando esta disposición es clara y sencilla, no es suficiente, toda vez que hay la posibilidad de que un delito que normalmente se califique como no político adquiera este matiz cuando se realiza atendiendo a diversas circunstancias.


Por lo que atendiendo el caso en concreto esta situación está regulada en casi todos los tratados de extradición de los que México es parte, al agregarse que los delitos conexos a los políticos también pueden dar lugar a que se niegue la extradición, por lo que se representa una nueva dificultad, por lo que surge la pregunta ¿Cuándo un delito ordinario debe ser considerado conexo a uno político?


Se han otorgado diversas respuestas por parte de diferentes Tribunales en la jurisprudencia que surge al impugnarse este aspecto de la extradición.

 

Los Tribunales franceses diseñaron la prueba denominada objetiva en la que se establece que un delito no es extraditable solamente si dañó directamente los derechos del Estado. Es decir, si el gobierno es el objetivo del delito o el titular del objeto de protección, los Tribunales franceses considerarán  que se está frente a un delito conexo a uno político y negarán la extradición.

 

Los Tribunales suizos idearon la prueba de la proporcionalidad, tal y como lo indica su nombre, se toman en cuenta los motivos y las circunstancias del delito, así como la proporción entre los medios usados y los fine políticos, de tal suerte que de haber predominio de los elementos políticos sobre los del delito común se negará la extradición.

 

Los Estados Unidos y la Gran Bretaña, refieren que los delitos comunes sean tratados como delitos políticos si se cometen en el transcurso o en la consecución de un disturbio político. A este criterio, los tribunales de la Corona han agregado que debe haber una intención de cambiar el gobierno.

 

En todos los casos expuestos, salvo el mexicano, se toman en cuenta las circunstancias del caso concreto para tomar una determinación, independientemente de la postura ostentada. De conformidad con los tribunales mexicanos, la evaluación se debe desarrollar en abstracto, sin tomar en consideración las circunstancias particulares y, por el contrario, se analiza el tipo penal y se determina el bien jurídico-penal que protege.


Aquí  es importante hacer una aclaración. Dado que la determinación de lo que constituye un delito conexo es subjetiva y varía de país en país, es importante establecer que la facultad de la determinación en la relación Estado requerido-Estado requirente es el primero al que le corresponde hacer este estudio;  lo cual se desprende del texto de los tratados internacionales. Por otro lado corresponderá de conformidad  con el procedimiento de extradición pasiva en cada uno de los países establecer la autoridad concreta que tiene esa facultad.


En México, es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que tiene la facultad de establecer el carácter del delito por el cual se solicita la extradición.

 

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LA EXTRADICIÓN

Por Edson Dagoberto Terán Aguilar.

 

Concepto y Antecedentes Históricos

 

Aunque del tema de la extradición internacional numerosos juristas, (antiguos y modernos), se han dado a la tarea de emitir su opinión en relación a este mecanismo de cooperación internacional, inclusive rechazándola, por diversos motivos (que en posteriores publicaciones, expondremos) no incluiremos aquí una extensa mención de opiniones.

 

Pero primero, siempre que se quiere comprender el significado de algún concepto, es fundamental acudir a su etimología, de acuerdo a lo que establece el Diccionario de la Lengua Española nos dice: Extradición (De ex y el lat. Traditio, -onis, acción de entregar). Procedimiento por el que las autoridades de un Estado hacen entrega de una persona a las de otro que la reclaman para que pueda ser enjuiciado penalmente en este segundo o cumpla  en él una pena ya impuesta.

 

Una vez que obtenemos esta definición, haremos una semblanza histórica y entrando en contexto:

Vicenzo Mancini nos dice: El Instituto de la Extradición es aquél particular ordenamiento político-jurídico, según el cual un Estado provee a la entrega de un individuo imputado o condenado, que se encuentra en su territorio, a otro Estado que quiere proceder penalmente contra él o someterlo a la ejecución de una condena penal ya irrevocable pronunciada.

 

Sebastián Soler llama extradición al Acto por el cual un Estado entrega un individuo a otro Estado que lo reclama, con objeto de someterlo a un juicio penal o a la ejecución de una pena y agrega Contemporáneamente y para la mayoría de los Estados modernos la extradición es una verdadera institución de derecho, basada en tratados y convenciones internacionales y en leyes especiales sobre la materia.

 

Alfonso Gómez-Robledo Verduzco señala que históricamente, el Derecho Internacional desarrolló la institución de la extradición principalmente para resolver la serie de problemas que se generan cuando un presunto delincuente se refugia en un Estado que no posee  jurisdicción sobre él o ya sea que esté imposibilitado para procesarlo porque los medios de prueba se encuentran fuera del país. Un Estado que procede entonces a la extradición de una persona para que esta pueda ser juzgada por el país que lo requiere por supuestos delitos cometidos en contravención de su orden jurídico.

 

La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas señala que: Desde Roma y Grecia, regularon estatutos para los extranjeros, pasando por los tratados de extradición que celebraban algunos soberanos para la mutua entrega de algunos delincuentes, obviamente basados en el libre arbitrio del soberano, hasta la creación del derecho de asilo, la extradición no mostraba el perfil que actualmente tiene; sino que se limitaba a ser un acto de orden político, supeditado a la voluntad soberana de un Estado o un monarca y regido particularmente por el principio de reciprocidad.

 

En este orden de ideas puede destacarse que desde el punto de vista del Derecho Internacional, la figura de la Extradición se erige como un acto por virtud del cual se relacionan dos Estados a través de sus órganos competentes, generándose así derechos y obligaciones para aquéllos. Esto significa que, cuando se dé cumplimiento a las condiciones previstas en los ordenamientos respectivos (Leyes, Tratados, Convenciones, entre otros), la extradición constituirá un derecho para el Estado requirente y una obligación para el Estado requerido.

 

Desde el punto de vista jurídico-procesal, la extradición se percibe como un acto de auxilio judicial de índole internacional, esto es, un trámite que va encaminado a facilitar la labor judicial del juez del territorio o de la nacionalidad del delincuente.

 

Para conseguir mayor cobertura del tema, preferimos definir la extradición de la siguiente manera:

 

Es la petición formal basada en el tratado internacional o en los estatutos internacionales, para que un Estado requirente solicite a un Estado denominado requerido, entregue a la persona que hallándose en  territorio del Estado requerido esté legalmente señalada como probable responsable o como sentenciado prófugo, por la comisión de algún delito fuera de la jurisdicción del requerido y dentro de la del requirente, con el objeto de que éste pueda procesarlo o sujetarlo al cumplimiento de una condena.  De esta breve definición se pueden extraer dos clases de extradición: activa y pasiva.

 

Extradición Activa: Se entiende como el acto por el cual un Estado se dirige a otro pidiendo la entrega de un imputado delincuente.

 

Extradición Pasiva: Se entiende como la entrega que el Estado requerido hace al requirente, del delincuente que busco refugio en el primero de ellos.

 

El procedimiento de Extradición se encuentra regulado a nivel constitucional, por lo dispuesto en el artículo 119, tercer párrafo de la Constitución Federal que establece:

“…”

 

Las extradiciones a requerimientos de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta constitución, los tratados internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

 

Además de este precepto constitucional, otros artículos constitucionales relacionados con la extradición son el artículo 133 que tiene que ver con los tratados que suscribe nuestro país y su jerarquía en nuestro orden jurídico, así como los artículos 1-garantía de igualdad-, 14-garantía de seguridad jurídica-, 15- garantía de libertad-, 16-garantías de libertad y seguridad jurídica-, 18, párrafo quinto, -seguridad jurídica-,33-condición de extranjero-, 39-relacionado con la soberanía nacional- 89, fracción X, en lo que se refiere a la celebración de tratados internacionales y 104 fracción I, competencia de los Tribunales Federales sobre el cumplimiento de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como en los distintos tratados que sobre la materia ha signado nuestro país con otras naciones- 50 aproximadamente.

 

Asimismo, es necesario hacer referencia a nuestra Ley de Extradición Internacional que contempla los diversos aspectos relacionados con el objeto, principios- artículos 1 al 15 y el procedimiento de extradición- artículos 16 al 37.

 

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Enhorabuena

 

Damos la bienvenida al Licenciado Edson Teran, que se integra al despacho a partir de hoy para reforzar e innovar el esquema de trabajo aplicado en nuestros procesos, sin duda una importante decisión que incrementará nuestra capacidad y alcance.

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AUTONOMÍA PRIVADA DEL ACTO JURÍDICO Y POTESTAD NORMATIVA.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

Como ya he señalado la autonomía, es la facultad de hacer, no hacer o dejar hacer, lo que la voluntad del individuo como sujeto desee, siempre y cuando esta autonomía de la voluntad no atente contra la moral, las costumbres y el derecho, este último visto como un ordenamiento jurídico tendiente a regular la autonomía privada a través de cuerpos normativos (leyes, reglamentos, decretos, bandos, políticas, etc.) restrictivos de conducta, que permiten que el hombre habite en sociedad, toda vez que sin estos ordenamientos se estaría al borde de la anarquía por lo que limitan positivamente la actividad de los individuos (autonomía privada) y sin ellos sería imposible convivir en sociedad.
Por lo tanto, es por ello, que desde épocas antiguas, primero las costumbres y posteriormente al codificarse y estructurarse la ley se fueron constituyendo como forzosos los lineamientos que hoy en día denominamos derecho en el entendido de que este es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica.

 

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LIMITES DE LA AUTONOMÍA PRIVADA DEL ACTO JURÍDICO

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

Los ordenamiento jurídicos privados no imponen moldes preestablecidos en cuanto al tipo de relaciones jurídicas que puedan surgir, si no que deja en manos de los propios Interesados la regulación de sus intereses, lo anterior quiere decir que los sujetos de una relación pueden diseñarla a su gusto estableciendo los derechos y deberes que tengan por convenientes, su contenido, alcance y sentido, van encaminados a que se puedan alcanzar los objetivos propuestos.
Los límites de la autonomía privada son: 
1.- La voluntad de las partes es libre respecto de todo aquello que la ley no le prohíba o le ordene.
2.- La autonomía privada faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses y no de los ajenos.
3.- Todo contrato debe contener las cláusulas que se refieren a los requisitos esenciales establecidos por la ley para que tengan el alcance jurídico deseado.
4.- La autonomía privada está limitada por el orden público y las buenas costumbres, es decir, todo acto jurídico debe ajustarse a dichos conceptos, por lo tanto, son inderogables por voluntad de las partes.
5.- Lo que no está expresamente prohibido estará permitido.
6.- Las consecuencias derivadas de la buena fe, el uso o la ley resultan aplicables en los contratos por encima de los que se hubiesen pactados.
7.- La cláusula penal nunca podrá exceder en valor o en cuantía a la obligación principal.
8.- En los actos jurídicos innominados debe tenerse presente que no puede ser arbitrario ni caprichoso, en el sentido de no perseguir un fin práctico de conveniencia social.

 

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PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PRIVADA.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

La teoría de la norma jurídica funcionaría como un silogismo en virtud del cual si se produce un evento, se podrán generar efectos o de otra manera, las consecuencias jurídicas de cualquier hecho o acto se encontrarían predeterminadas por el Derecho positivo de tal manera que incluso en relación a los actos humanos conscientes y voluntarios, la libertad o albedrío de la persona quedaría limitada a la decisión de realizar o no el acto que representa el supuesto de hecho típico de la norma jurídica aplicable.
Semejante entendimiento de la cuestión presenta, al menos, dos objeciones fundamentales que la doctrina jurídica ha tratado de superar recurriendo a una categoría complementaria de las anteriores, el negocio jurídico:
En primer lugar, la libertad de la persona no puede quedar reducida al extremo de limitarse a decidir si lleva a cabo o no el supuesto de hecho contemplado en las normas jurídicas. Al menos en las relaciones entre particulares, resulta necesario reconocer a las personas ámbitos de libertad superior, que les permitan no sólo decidir si realizan o no determinado acto, sino poder determinar las consecuencias del mismo, conforme al propio acuerdo o pacto conseguido con otra persona o según la propia voluntad del actuante.
En segundo lugar la comprensión del Ordenamiento Jurídico no llega al extremo de prever una solución concreta para todo hecho o acto jurídico que realmente pase.
El reconocimiento de la autonomía privada supone que las relaciones entre particulares se encuentran sometidas no sólo a las normas jurídicas en sentido estricto (ley, costumbre y principios generales) sino también a las propias reglas creadas por los particulares.
La autonomía privada es “la facultad o el poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, sean éstas ventajosas u onerosas”

 

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EL ACTO JURÍDICO

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

Entendemos como acto jurídico, cualquier manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
Para que exista el acto jurídico debe reunir una serie de requisitos tanto esenciales o de existencia, como de validez.
El acto jurídico puede clasificarse usando diversos criterios, por ejemplo:
Actos jurídicos en relación con la parte que emite la declaración de la voluntad: pueden ser unilaterales o plurilaterales. Es unilateral el acto jurídico en el cual interviene, para su formación, una sola voluntad o varias pero concurrentes a un mismo fin. Es plurilateral cuando para su formación se requiere de dos o más voluntades que buscan sus respectivos efectos jurídicos.
En relación con la función del acto jurídico este se clasifica en mortis causa e intervivos; atributivos de patrimonios y no atributivos; de disposición y de obligación; onerosos y gratuitos.
La estructura fundamental del acto jurídico está compuesta por varios tipos de elementos, que son:
Elementos de existencia o esenciales que son: la voluntad de las partes, el objeto física y jurídicamente posible y, en los casos que la ley así lo prevenga, la solemnidad.
Requisitos de validez son: la capacidad de las partes, la ausencia de vicios de la voluntad,  la licitud en el objeto motivo o fin del acto jurídico y la formalidad.
Elementos naturales. Algunos  autores  señalan que son aquellos que se encuentran implícitos en el acto jurídico sin necesidad de ser señalados expresamente por las partes, pero si pudieran convenir válidamente su supresión (ej. Que el vendedor responda por los defectos o vicios ocultos de la cosa vendida).
Elementos accidentales. Son aquellos requisitos modalidades o condiciones que sin afectar lo sustancial del acto jurídico, pueden ser incorporados por las partes libremente.
El derecho civil y la teoría general del acto jurídico descansan en dos soportes fundamentales que son: libertad y voluntad.
El hombre es libre para vincularse o no con otros; y decidir si es su voluntad obligarse en un acto jurídico.
En el contexto constitucional en el que se señala que todos los hombres son libres e iguales debe concluirse que todo contrato libremente convenido por las partes es necesariamente equitativo, de tal modo que cualquier obstáculo o control del legislador comprometería su equilibrio e implicaría una injusticia.
El vocablo autonomía, en sus diversas connotaciones "significa: ley propia (gr. autonomía; de autos, propio, y nomos, ley)". El concepto autonomía es empleado para significar la "facultad de gobernar las propias acciones, sin depender de otro". Quien goza de autonomía es el que puede darse, a sí mismo, las formas de autorregular su conducta, el carácter de autónomo implica autogobernarse. En opinión de García Máynez, la autonomía "es la capacidad de una persona (individual o colectiva), de darse las leyes que han de regir sus actos".
El derecho, en general, versa sobre "la conducta; es ordenación de conducta, concierne al comportamiento del hombre". El derecho es producto de la voluntad general representada por la ley, la cual tiende a regir la concurrencia de las voluntades de los individuos, dotándoles, dentro de límites, del máximo poder creador de sus propias relaciones. La libertad de auto obligarse es "el resultado último a que conduce el poder autónomo de la voluntad".
Para Hernández Gil, la autonomía de la voluntad puede manifestarse en tres formas: 1. autodecisión, 2. autorregulación, 3. auto-obligación. La libre conclusión o celebración del contrato (autodecisión) se concibe como "un acto totalmente voluntario, desde el punto de vista de su celebración, toda persona es libre de contratar o no. El contrato no se impone". Es fruto de determinaciones volitivas, libremente adoptadas. Por regla general, basta la coincidencia de las voluntades para que surja el contrato. Es decir: consensualismo y espiritualismo. El contrato existe desde que se perfecciona, lo cual daba lugar al nacimiento de las obligaciones. La libertad para la determinación del contenido del contrato (autorregulación) se refiere a las normas reguladoras que pueden ser imperativas o prohibitivas y, en una gran parte, dispositivas o supletivas. Las imperativas fijan los límites dentro de los cuales actúa la autonomía de la voluntad; ésta no puede válidamente sobrepasarlos. En cuanto a las normas dispositivas, son las que reconocen un poder regulador a la voluntad, y las supletivas sustituyen o complementan la voluntad, para el caso de que no llegue a declararse, y convierten en norma lo que presumiblemente cabría considerar deseado. Las normas imperativas son inderogables por la acción de la voluntad; o se acatan o se violan; no hay otra posibilidad de actitud hacia ellas, y sólo la primera es jurídicamente eficaz.
La concepción tradicional del contrato no excluye la presencia de normas imperativas, inderogables. La propia institución contractual aparece modelada por la concurrencia de un conjunto de elementos o requisitos, a los que se subordina su validez jurídica; sin ellos, el contrato no existe. El poder autónomo reconocido a la voluntad no puede elaborar un contrato sin esos elementos. El contenido concreto de cada contrato lo dictan las partes contratantes. Son ellas las que libremente determinan la composición de intereses que encierra el contrato. En este orden de ideas, la autonomía de la voluntad equivale a autorregulación. La fuerza vinculante del contrato (auto-obligarse), significa que el contrato se celebra con libertad; y se fija su contenido con libertad. Surgido así, aparece dotado de fuerza normativa vinculante. Lo pactado, es decir, lo recíprocamente autorregulado, pasa a ser precepto que vincula a los contratantes. Obligarse es, en el contrato, auto-obligarse. Hay que estar no a lo impuesto desde fuera, sino a lo querido desde dentro. La vida del contrato viene a ser una inalterable subsistencia de lo querido.
El principio de la autonomía de la voluntad hace al hombre árbitro de sí mismo y de lo suyo, de forma que puede h hacer todo lo que no esté prohibido. Con tal que se respete el orden público y las buenas costumbres, la voluntad individual además de ser soberana en el ámbito de las relaciones humanas lo es también con respecto al ordenamiento jurídico.
Por lo tanto considero que la autonomía de la voluntad es un principio jurídico de acuerdo con el cual se tiene la facultad de realizar o no determinados actos, en su caso, con la forma y extensión que las partes consideren convenientes; es el poder de autodeterminación de las personas, complejo y reconocido a su individualidad para el ejercicio de las facultades que le son conferidas dentro de la libertad que le pertenece, y como reflexión surgen las siguientes premisas que deberán regir el principio de la autonomía privada:
1.- El hombre es libre para obligarse o no.
2.- El hombre es libre para renunciar por su voluntad a un derecho siempre y cuando dicha renuncia no esté prohibida por la ley.
3.- El  hombre es libre para determinar el contenido de los actos jurídicos que celebre.

 

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Emplazamiento, términos de contestación y formalidades de las audiencias en el juicio oral mercantil.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

 

Con las recientes reformas al proceso ya no es necesario dejar citatorio cuando no se encuentre el demandado, pero debe existir una certeza de que ahí vive la persona a emplazar.
El emplazamiento es la única notificación que se realiza de forma personal en el nuevo juicio oral mercantil, tomando en cuenta que la reconvención es una demanda como tal y por lo tanto se debe emplazar con las formalidades normales, es decir, en el domicilio.
El término para contestar una demanda o reconvención es de nueve días y una vez efectuado se citara par audiencia preliminar que deberá llevarse a cabo en los diez días siguientes ordenándose la preparación de la pruebas relaciones con las excepciones procesales.
Las formalidades de las audiencias en el juicio oral mercantil son las siguientes:
  • Pueden atenderlas los representantes si cumplen con los requisitos del artículo 1069 del Código de Comercio y cuentan con las facultades para conciliar y convenir.
  • Con la sola presencia del actor o del demandado o de sus representantes se tienen por notificados de todas las actuaciones y resoluciones practicadas dentro de la audiencia.

 

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Ofrecimiento de pruebas en el juicio oral mercantil.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

 

 

Deben ofrecerse en la demanda, contestación de la demanda, reconvención, contestación a la reconvención o en el desahogo de vista y sus requisitos son los siguientes:

 

  • Estar relacionadas con los puntos controvertidos.
  • Proporcionar nombres, apellidos y domicilios de los testigos que se mencionaron en los hechos o contestación a los mismos.
  • Nombres, apellidos, domicilios e identificación de los peritos y la clase de pericial que se exhibe con el cuestionario correspondiente.
  • Exhibición de las documentales que tenga en su poder o el acuse de recibo de la solicitud a que se refiere el artículo 1061 del Código de Comercio.

 

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Requisitos de la demanda del juicio oral mercantil (art. 1390 bis 11)

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.
Todo escrito inicial de demanda debe contener:
  • · Juez ante el que se promueve
  • · Datos generales del demandado
  • · Prestaciones
  • · Hechos (claros y numerados)
  • · Señalamiento de testigos
  • · Ofrecimiento de pruebas
  • · Fundamento de derecho y clase de acción
  • · Valor de lo demandado
  • · Firma del actor
La demanda podrá prevenirse cuando fuere oscura, irregular o no cumpla los requisitos anteriores (art. 1190 bis 11).
NOTA: El ofrecimiento de pruebas se debe hacer en la demanda, contestación de la demanda, reconvención, contestación a la reconvención o en el desahogo de vista.

 

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Nulidades y recusación procedentes en el juicio oral mercantil

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.
  1. La nulidad de actuaciones, que debe reclamarse en la audiencia subsecuente bajo pena de quedar validada (esto aplica para las notificaciones).
  2. La nulidad producida dentro de audiencia debe reclamarse en la misma.
  3. La nulidad del emplazamiento se puede promover en cualquier momento del juicio hasta antes de que se dicte sentencia.

 

El procedimiento de nulidad es el siguiente:
  • Verbal, señalando claramente la actuación mal practicada y el precepto violado.
  • Se dará vista inmediatamente a la contraria para que en el acto manifieste lo que a su derecho corresponda.
  • El juez resolverá lo que proceda dentro de la misma audiencia (art. 1390 bis 40).

 

El  procedimiento de recusación dentro de los juicios orales mercantiles orales no es requisito para admitirlo la exhibición de garantía pero si resulta infundado se impondrá sanción de treinta días de salario mínimo.
La recusación es inadmisible cuando no se presenta en tiempo, esto es antes de la admisión de pruebas en la audiencia preliminar.
Cuando no se funde en alguna de las causas que prevén los artículo 1132 y 1138 del Código de Comercio (impedimentos).

 

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Reglas de la supletoriedad en materia mercantil.

Por Michel Nadchieli Rivera Arriaga.
1.- Que el ordenamiento la admita expresamente y señale el estatuto supletorio.
2.- Que el ordenamiento objeto de la supletoriedad prevea la institución jurídica respectiva.
3.- Que las normas existentes sean insuficientes.
4.- Que las disposiciones con que se subsane las ineficiencias no contraríen el sistema de sustentación de la institución suplida.
El derecho sustantivo en materia mercantil es el Código Civil Federal (artículo 2 del Código de Comercio).
El derecho adjetivo en materia mercantil, son los procedimientos contenidos en el Código de Comercio, leyes especiales, código federal de procedimientos civiles, y en último término el Código de Procedimientos Civiles local (art. 1063 C.Com).
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Breve explicación del Juicio oral mercantil.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

Clases de juicios mercantiles:
Ordinarios, ejecutivos, especiales y orales.
Los juicios orales mercantiles en la República Mexicana proceden cuando la cuantía es menor a $500,000 pesos, sin contar intereses ni accesorios, siempre y cuando no exista procedimiento especial para el caso en concreto.
Estructura del juicio oral mercantil.
De manera general se observan las siguientes etapas:
·       Etapa Postulatoria
·       Etapa Conciliatoria
·       Etapa Probatoria
·       Etapa Preconclusiva
·       Etapa Conclusiva
Se llama Juicio Oral y algunos autores lo señalan o lo califican como “predominantemente oral”, lo que me parece adecuado debido a que inicia mediante la interposición de una demanda por escrito.
En la contestación deben ofrecerse todas las pruebas ya que no serán admitidas en fecha posterior salvo las supervenientes, y en su caso de ser necesario interponerse la reconvención.
Se dará vista a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto de la contestación de la demandada y se citara para audiencia preliminar ordenando preparar las pruebas a efecto de llevar a cabo la citada audiencia.
En la audiencia preliminar se buscará conciliar a las partes y se calificarán las pruebas señalando fecha para que se lleve a cabo la audiencia de juicio.
En la audiencia de juicio se desahogarán la pruebas, se presentarán alegatos de manera oral en un máximo de quince minutos y se leerán los resolutivos que la autoridad judicial considere.
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Breves señalamientos sobre Argumentación e Interpretación Jurídica

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

Hermenéutica significa interpretación y en el derecho es una rama de estudio ubicada en la filosofía jurídica que se divide en sistemática, que estudia los ordenamientos y la técnica que se enfoca en el acto mismo de interpretar.
Tipos de interpretación.
Por los sujetos:
Autentica legislativa, es una interpretación complicada y difícilmente adecuada.
Judicial, es realizada por los órganos jurisdiccionales.
Doctrinal, es elaborada por los estudiosos del derecho.
*Las tesis aisladas no son obligatorias*
Por los resultados:
Declarativa, es una interpretación a la letra de la ley.
Restrictiva, es una interpretación que se realiza mediante la aplicación de otros ordenamientos (es más amplia).
Extensiva, no solo interpreta, sino que se aplica al caso en concreto.
Interpretación por su forma
·       Literal o gramatical
·       De contexto ideológico
Ejemplo: alimentos no solo es comida, debe interpretarse como la institución que abarca TODOS los satisfactores.
·       De Conjunto: todo el cuerpo de la Ley.
La finalidad de la interpretación:
·       Reconstruir el contenido de la norma para reconocer su alcance
·       Aplicar al caso en concreto
·       Desentrañar el sentido de la norma
·       Determinar límites de la norma
·       Evitar indefensión de las partes
·       Llenar vacíos de la ley
·       Producir certidumbre
·       Proporcionar seguridad jurídica
Distinción entre aplicar e interpretar la norma:
Interpretar, es determinar la claridad y precisión de la norma jurídica.
Aplicar la ley, es precisar los efectos que produce la norma a un caso determinado.
ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN.
ESCUELA DE LA EXEGESIS.
Postula que si algo no está en la ley, no existe en la vida jurídica.
ESCUELA  HISTÓRICA.
La jurisprudencia dogmática es la base del derecho de precedentes.
La jurisprudencia de conceptos señala que ante la laguna de la ley, se interpreta todo el cuerpo normativo.
La jurisprudencia de intereses estudia cual fue el interés de crear la norma y en base de ello se interpreta.
ESCUELA CIENTÍFICA FRANCESA.
Un ejemplo de esta es la jurisprudencia técnica.
SOCIOLOGISMO Y ESCUELA DEL DERECHO.
Postula que no se interpreta la voluntad del pueblo sino la del legislador.
En la interpretación en bloque constitucional, se toma en cuenta la carta magna y los tratados internacionales.
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SISTEMA PROCESAL.

apuntes por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez
Es el conjunto de disposiciones que regulan la sucesión concatenada de los actos jurídicos realizados por el juez, las partes y otros sujetos procesales, con el objeto de resolver las controversias que se suscitan con la aplicación de las normas de derecho sustantivo. 
Desde el punto de vista histórico las disposiciones procesales que han tenido transcendencia en nuestro ordenamiento jurídico son las que tuvieron vigencia durante la época colonial, en virtud de que las de origen precortesiano poco influyeron con posterioridad a la conquista, y se aplicaron en forma muy restringida a través de su reconocimiento por las leyes españolas. 
De acuerdo con lo señalado por Alcalá-Zamora, el derecho procesal estuvo regida por la legislación castellana, ya sea como fuente directa en un principio y posteriormente como supletoria para llenar los vacios del derecho indiano. Y considera que el derecho procesal de la nueva España estuvo integrado por tres sectores, las leyes castellanas vigentes en el virreinato; las dictadas con carácter general para los diferentes territorios americanos, y las especificas para la nueva España; junto a este conjunto legislativo subsistió el derecho autóctono, ya que la recopilación de 1680 confirmo las leyes y las buenas costumbres de los indígenas anteriores a la conquista, con tal que no fuesen contrarias a la religión católica y a las leyes de Indias; y finalmente la citada recopilación de las leyes de las Indias, promulgadas por Carlos II, el 18 de mayo de 1680, contiene algunas reglas sobre procedimiento, organización judicial, recursos y ejecución pero tan incompletas que eran necesario seguir aplicando a cada paso el derecho castellano, según el orden establecido por las leyes de Toro, es decir: ordenanzas reales, fuero real, fueron municipales y en materia procesal, la partida III. 
Proclamada la independencia siguieron aplicándose en México los cuerpos legales castellanos, y tras algunos intentos de reforma de alcance limitado, entre ellos el proyecto de ley 1838, para el arreglo de la administración de justicia, se promulgo el 4 de mayo de 1857, la ley de procedimientos, también de inspiración española y que era a un tiempo orgánica, procesal civil y solo en un sector regulaba la materia procesal penal. 
A partir de entonces se expidieron los códigos que podemos considerar como modelos tanto en materia procesal civil como penal, así como la parte relativa al enjuiciamiento mercantil y el castrense. En el primer sector, podemos citar los códigos de procedimientos civiles para el Distrito y territorios federales de 9 de diciembre de 1871, 15 de septiembre de 1880 y de 15 de agosto de 1932. Por lo que se refiere a la esfera nacional, los códigos procesales civiles de 6 de octubre de 1897 y 26 de diciembre de 1908. 
En cuanto al proceso mercantil rigió por breve tiempo el código de comercio del 16 de mayo de 1854 sustituido por el del 15 de abril de 1884, antecesor del vigente del 15 de septiembre de 1889. 
En relación con el enjuiciamiento criminal, deben mencionarse, por constituir el modelo de los de carácter local, los códigos de procedimientos penales del Distrito y territorios federales de 15 de septiembre de 1890, 6 de julio de 1894 y 15 de diciembre de 1829, este ultimo sustituido por el vigente del 27 de agosto de 1831. Además, puede mencionarse el código federal de procedimientos penales del 18 de diciembre de 1908, antecesor del actual del 23 de agosto de 1934. 
En cuanto a la justicia militar, pueden citarse la ley de procedimientos en el fuero de guerra y de organización y de funcionamiento de los tribunales militares del 20 de septiembre de 1901, derogado por el vigente código de justicia militar del 28 de agosto de 1933. 
Brevemente puede afirmarse que debido a la conjunción de la tradición hispánica colonial y la influencia del derecho angloamericano, el proceso administrativo posterior a la independencia estuvo vinculado a las normas procesales civiles, ya que los conflictos contra las autoridades administrativas se planteaban ante los tribunales ordinarios, y por conducto de los procedimientos regulados por los códigos procesales civiles. Hubo dos intentos por introducir el sistema francés del contencioso administrativo a un consejo de estado por las leyes sobre lo contencioso administrativo y sus respectivos reglamentos del 25 de mayo de 1853 y 12 de octubre de 1865. 
Restablecida la republica, a partir de 1867 se continúo con el sistema judicialista, planteándose los conflictos antes los tribunales civiles y a través de los códigos procesales de esta materia, hasta que se introdujo el Tribunal Fiscal Federal por la ley de justicia fiscal del 27 de agosto de 1936, que inicio la evolución hacia el establecimiento de un proceso administrativo especializado. 
Finalmente por lo que se refiere al proceso constitucional y en particular en el juicio de amparo, el mismo como es sabido tuvo su origen en la constitución yucateca el 16 de mayo de 1841; en el ámbito nacional en el artículo 25 del acta de reformas a la constitución de 1824, y se consagro definitivamente en los artículos 101 y 103 de la constitución de 1857. Dichos preceptos fueron reglamentados por las leyes de amparo del 30 de noviembre de 1861, 20 de enero de 1869, 14 de diciembre de 1882, y la parte relativa de los códigos federales de procedimientos civiles de 6 de octubre de 1897 y 26 de diciembre de 1908. En la constitución vigente del 5 de febrero de 1917, y reglamentado por la ley de amparo del 18 de octubre de 1919, sustituida por la vigente del 30 de diciembre de 1935. 
Con el objeto de describir de manera panorámica los diversos sectores del ordenamiento procesal mexicano, este puede dividirse en tres categorías: 
a) El derecho procesal dispositivo, regido de manera predominante por citado principio, y que comprende a las normas procesales civiles y mercantiles. 
b) El derecho procesal social orientado pro el principio de justicia social o de igualdad por compensación, según la grafica expresión del ilustre procesalista uruguayo Eduardo J. Couture, dentro del cual podemos agrupar las disposiciones procesales laborales, agraria y de la seguridad social. 
c) El derecho procesal inquisitivo, en el cual quedan comprendidos los preceptos procesales penales, militares, administrativos y familiares así como los de carácter constitucional. 
Junto con la acción y la jurisdicción, el proceso constituye sin lugar a dudas, la clave y el fundamento de la ciencia procesal contemporánea, constituye la forma más rotunda de los medios de heterocomposición de los conflictos, a través de un juzgador imparcial, ajeno a las partes que conoce y resuelve el litigio mediante un acto coactivo o de autoridad. 
Como fórmula heterocompositiva el proceso es hoy el método idóneo para dar solución a los litigios, tanto por su nota de imparcialidad como por la fuerza de sus resoluciones, respaldadas por el aparato coactivo del Estado. 
En opinión de Couture, es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver mediante juicio (como acto de autoridad) el conflicto de intereses. Su función sustancial es dirimir, con fuerza vinculatoria, el litigio sometido a los órganos de la jurisdicción. En esta virtud, si bien desempeña una función pública y resuelve los litigios con poder de imperio, el juzgador interviene a petición de las partes o del Ministerio Público. 
Fairén Guillén considera que el proceso es una cadena de situaciones jurídicas contrapuestas de las partes, integradas por un cuerpo de poderes, expectativas y cargas destinadas a obtener una serie de satisfacciones por obra del juzgador. Con el desarrollo de las instituciones, el proceso presupone el desdoblamiento de la autodefensa en dos litigios: acción y jurisdicción que son las pautas de partida y de destino. Couture señala, por su parte, que el proceso es el cúmulo de actos de la conducta jurídica, o sea un medio para dirimir imparcialmente, a través de un juicio de la autoridad, un conflicto de intereses con relevancia jurídica. 
Por lo mismo, como instrumento de resolución de los conflictos, por antonomasia, el proceso verifica la verdad de los hechos en conflicto e identifica la norma que rige el caso en concreto. Puede así desprenderse que el Estado asume de manera exclusiva y excluyente el derecho de juzgar y de imponer los castigos. Se inicia en ese instante, apunta García Ramírez, “la lucha por constreñir dentro de marcos legales, la actividad juzgadora del poder público, brega que se identifica con la lucha por el mismo Estado de derecho”. 
Por ello ha de meditarse en que tras la lucha inagotable por la supervivencia y el anhelo de alcanzar una existencia pacífica, el proceso ha venido a constituir, a juicio de la dogmática, la forma más razonable, acabada e institucional para dar solución a los litigios a través y de acuerdo al prestigio del derecho positivo como suma expresión de la justicia. 
ACTOS PROCESALES. 
De realización exclusiva en el juicio, se conoce como actos procesales a la especie de actos jurídicos dirigidos a la formación, desarrollo, conservación o en su caso, modificación de una relación de carácter procesal. El proceso así, se desenvuelve y resuelve a través de una secuencia de acciones: actos y hechos jurídicos que trascienden el litigio o conflicto de intereses. 
Sin embargo, se ha apuntado que los hechos del mundo exterior cobran trascendencia procesal cuando dejan de surtir sus efectos dentro del proceso, como ocurre, por ejemplo, con la fuerza mayor u otro hecho cualquiera, independientemente de la voluntad de las partes litigantes, como el caso de alguna rebelión. Así, el hecho procesal puede entenderse como el acontecimiento no jurídico que modifica, suspende o extingue el proceso. 
Dentro de otro orden de cosas, el acto procesal es todo hecho voluntario que directa o indirectamente inicia, modifica o extingue el proceso. Al efecto Prieto Castro explica los actos procesales como aquellos que realizan las partes y el tribunal para preparar, iniciar, impulsar y terminar el proceso, de conformidad con el fin que se proponen. 
Así, como especie del acto jurídico, el acto procesal es entendido como aquel “emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir, efectos jurídicos”. 
El estudio riguroso del acto procesal distingue y considera científicamente los siguientes componentes: 
La descripción normativa del acto, que equivale a la conducta en la que el mismo consiste; la evaluación normativa del mismo, o su cualificación como lícito obligatorio; y los efectos del acto. 
En este sentido, la descripción normativa del acto procesal abarca: 
a) El presupuesto de la conducta que implica. 
b) El sujeto o titular del mismo. 
c) La voluntad, el contenido y el objeto del acto, así como la causa y la forma mediante la cual se manifiesta. 
En atención a su origen, los actos procesales suelen ser subdivididos en actos procesales del órgano jurisdiccional y aquellos actos de parte. 
Salvo que la ley haya previsto una forma especial determinada, las promociones y las actuaciones judiciales podrán realizarse en una forma cualquiera (art. 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles). 
Como condición de los actos procesales, el legislador previene que los actos de las partes y de los participantes en el juicio deberán expresarse en castellano, y los documentos redactados en un idioma extranjero deberán acompañarse de una traducción en castellano. Así también, aquellos que no conozcan el idioma castellano rendirán sus declaraciones en el juicio a través de sus intérpretes. De igual suerte se requiere, como forma obligatoria, que las fechas y las cantidades se escriban con letra. 
Respecto a la forma escrita, el legislador previene en los diferentes ordenamientos procesales que los escritos deberán estar firmados por las partes o sus representantes, así como que las actuaciones judiciales deberán estar firmadas por el juzgador que intervenga en las mismas. Se dispone que en las actuaciones no podrán utilizarse abreviaturas, ni rasparse las frases o palabras que pudieran resultar equivocadas, debiendo ponerse una línea delgada sobre ellas, que permita su lectura, para al final corregir el error cometido (arts. 57 y 58 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 13 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y 17 y 26 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES. 
En una amplia perspectiva, para un estudio sistemático de los actos procesales, éstos pueden dividirse en tres sectores muy amplios: 
Los propios del juzgador, aquellos inherentes a las partes, y los actos procesales de terceros. 
Los actos del juzgador pueden ser de decisión, de comunicación o de documentación. Los primeros son las providencias jurisdiccionales para resolver el proceso; atender sus incidencias o garantizar el impulso procesal, los actos de comunicación notifican a las partes o a otras autoridades los actos de decisión, y los actos de documentación pretenden dejar constancia escrita de las actuaciones procesales. 
Los diversificados actos de las partes pueden ser clasificados en actos de obtención y actos dispositivos. Los primeros persiguen obtener del juzgador la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso. Couture los subclasifica de la siguiente manera: 
a) Actos de petición, que tienen por objeto determinar el contenido de una pretensión. 
b) Actos de afirmación, consistentes en las proposiciones formuladas por las partes a través del juicio de deparar al juzgador el conocimiento de lo pretendido en el proceso. 
c) Actos de prueba, que pretenden incorporar al proceso objetos o relatos necesarios para persuadir al juzgador de las afirmaciones expresadas durante el proceso. 
Como actos dispositivos referentes al derecho material discutido en el proceso o los derechos procesales particulares, Couture menciona varias figuras que nosotros ya estudiamos dentro de los equivalentes jurisdiccionales, a saber: el allanamiento, el desistimiento y la transacción. 
De los actos procesales que realizan los terceros, en mucho menor medida que las partes principales, Couture señala: 
a) Los actos de prueba en los que más intervienen, y a través de los cuales cuadyuvan a esclarecer la verdad de los hechos litigiosos, compareciendo fundamentalmente, como peritos o como testigos. 
b) Los actos de decisión cuando requeridos por la ley se ven precisados a resolver, pese a ser terceros, algún punto determinante del proceso; como ocurre, por ejemplo: en su participación dentro de los jurados populares. 
c) Asimismo, los actos de colaboración, cuando contribuyen con el juzgador para dar eficacia y rigor a las resoluciones de aquél, incluyendo la sentencia. 
BIBLIOGRAFIA. 
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, HÉCTOR SANTOS AZUELA,EDITORIAL MC GRAW HILL. 
SINTESIS DE DERECHO PROCESAL, ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, EDITORIAL PORRÚA. 
DERECHO PROCESAL CIVIL, JOSE CHIOVENDA, EDITORIAL CARDENAS EDITOR Y DISTRIBUIDOR.
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EVOLUCIÓN DEL PROCESO CIVIL.

apuntes por: Carlos Gabriel López Portillo Sánchez
Para Ermo Quisbert, autor boliviano, es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas por el juez en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley procesal le impone, por las partes y los terceros atendidas ante un órgano jurisdiccional en ejercicio de sus poderes, derechos, facultades y cargas que también la ley les otorga, pretendiendo y pidiendo la actuación de la ley para que: dirima la controversia, verificando que sean los hechos alegados, en una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada.
Según Giuseppe Chiovenda (José Chiovenda), el proceso civil es el conjunto de actos coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley “en relación con un bien que se presenta como garantizado por ella”, por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria.
De estos argumentos podemos concluir entonces, que el proceso, es un cumulo de actos enlazados en una secuencia y promovidos ante la autoridad jurisdiccional de los tribunales por los sujetos que intervienen en una controversia, con el objeto de obtener la aplicación concreta de la ley y resolver alguna controversia en particular.
GENERALIDADES DEL PROCESO
Generalidades de la historia y legislación procesales.
José Chiovenda puntualiza:
"El proceso civil moderno en la mayor de las naciones europeas es resultado de la fusión de diversos elementos de los procesos romano y germánico de los cuales existen profundas diferencias.
La solución en el proceso germánico depende, no del convencimiento del juez sino del resultado de formulas solemnes, en las que el pueblo descubre la expresión de un acto superior e imparcial: la divinidad; esto da al proceso y a la prueba un aspecto sumamente formal, siendo objeto de la prueba, no los hechos particulares, sino la afirmación jurídica de una parte. La prueba se dirige al adversario antes que al juez. La misión del juez se reduce a declarar quien a de probar y con que medios, por eso la sentencia definitiva es, en realidad, la sentencia que provee a la prueba y que surge en mitad del pleito.
Por el contrario en el proceso romano la prueba se dirige a formar la convicción del juez, que figura entre las partes, como árbitro y responsable de la decisión; son admisibles diversos medios de prueba y representa una carga que corresponde generalmente al que ataca (actor) y sobre los resultados de las pruebas y contra pruebas el juez expresa su libre apreciación en la sentencia definitiva. En el proceso romano además de la libertad en la exigencia y la apreciación de las pruebas en juez tiene la libertad para la dirección de la causa.
También existe una notoria diferencia entre ambos procesos, y es la que la sentencia germánica aun conserva la naturaleza de acto acordado en la asamblea popular y por lo mismo obliga y perjudica a cualquiera que de ella tenga conocimiento, mientras que la sentencia romana tan solo perjudica a los que han sido parte en el pleito.
El proceso germánico nunca tuvo una preponderancia absoluta en Italia y ha habido países en los cuales el proceso romano fue de aplicación general.
El proceso germano llego a tener influencia en lugares en donde se aplicaba el derecho romano y fue creciendo tanto que ya para el siglo XI, el proceso longobardo aparece profundamente influido por el derecho romano; y cuando la floreciente civilización italiana, progresando paralelamente con el estudio del derecho romano, busco instituciones procesales más adecuadas con el desarrollo de su vida, y fue entonces que el proceso romano adquirió general preponderancia.
Siempre es difícil entender el proceso de los tiempos antiguos, además de que las fuentes romanas no estaban completas en lo que a el proceso se refiere por lo que en una época, los glosadores trabajaron, completando los esquemas de la antigüedad con el estudio directo de las fuentes y con su experiencia personal siendo hasta el siglo XII, que tenemos obras sistemáticas completas (ordines judiciarii) o monografías más o menos extensas referentes al proceso de Piacentino, Juan Bassiano, Pillio, Ottone Di Pavia, etc. Mas numerosas aun en el siglo XIII con predominio de canonistas como Damaso o Inocencio IV entre otros, más adelante estas obras se encuentra resumidas en el especulum judiciale de Guillermo Duranti escrita en 1271, rehecha en 1286, que es la ciencia procesal anterior y posterior, lo que la glosa de Accursio es a la ciencia del derecho procesal.
Toda esta elaboración se verifica hasta el comienzo del siglo XVI, primero por obra de los comentaristas y después por los autores de practicoe judiciarioe u ordines judiciarii atribuidas a Bartolo y Baldo entre otros diversos autores que elaboraron el principal factor del injerto, sobre todo de instituciones germánicas en el tronco romano.
Los glosadores tenían fuertes contactos con la práctica del proceso consuetudinario de sus tiempos y es por eso que se encuentran a menudo predispuestos a mal entender los textos de las fuentes romanas buscándoles afinidad con las instituciones procesales que tenían vigor, esta tendencia fue aun más notoria con los postglosadores.
Se deriva de aquí un proceso mixto llamado común porque se aplicaba en cuanto no fuera derogado por leyes locales especiales y el cual puede distinguirse mejor con el nombre de “italiano”. Los principios sobre las pruebas y la sentencia eran romanos pero muchas instituciones eran germánicas, algunas de las cuales han pasado al derecho moderno, como la querela nullitatis que es el origen del recurso de casación y en el caso del derecho mexicano, el juicio de amparo.
Estas reminiscencias del formalismo germánico constituyen una de las causas que han hecho el proceso común excesivamente extenso, complicado y difícil. Habiendo introducido después la costumbre de redactar actas de todos los actos del pleito, este proceso se redujo poco a poco a un proceso escrito en el que las partes no comparecían sino que dejaban actos escritos en el juicio; las declaraciones de los testigos se recopilaban en un proceso verbal que luego servía de base al juicio, sin que las partes asistieran al examen de los testigos. Pero junto al proceso ordinario se fue formando otro más sencillo llamado sumario, que aplicaba en ciertos casos y buscaba concentrar en una sola audiencia todas las deducciones de las partes reafirmando todos los poderes del juez en la dirección del pleito, acreciendo la relación entre las partes y el juez y la oralidad del pleito; admitiendo un juicio de rebeldía propio.
Junto a este procedimiento sumario indeterminado hubo la necesidad de evitar las dilaciones del proceso y se favoreció el desarrollo de formas más eficaces de procesos sumarios determinados o ejecutivos fundándose en los actos y en los contratos celebrados con intervención notarial podría producirse una sentencia que se hacía cargo de las excepciones de pronta y fácil prueba y, en su defecto, condenaba conservando al deudor el derecho de hacer valer más tarde las otras excepciones. Estas formas así como el embargo de bienes y la detención del deudor sospechoso de fuga, pasadas al derecho moderno, son también de origen germánico. 
El proceso ordinario, los sumarios y especiales se han desarrollado paralelamente en Italia, encontrando mayor o menor aplicación en las diversas comarcas, según prevaleciese en ellas la tradición romana, la influencia canónica o la practica germánica.
Estos procedimientos se regulaban por diversas leyes, que no estaban completas y muchas partes del derecho procesal se regulaban por estatutos, por leyes romanas, canónicas o por la jurisprudencia practica, de ahí que gran parte de los inconvenientes que habían intentado evitar perduraban, sobre todo la incertidumbre de la ley aplicable al caso y al modo de aplicarla, esto derivado de la falta de textos precisos y la enorme cantidad de escritos y de opiniones divergentes sobre todas las materias, por lo anterior, se generaban contiendas entre jueces y también se facilitaba frecuentemente el abuso del arbitrio y de la prepotencia y se comenzó a sentir la necesidad de leyes procesales completas y únicas; pero la tendencia a la codificación hacia fines del siglo XVIII produjo un código judicial compilado por Barbacovi para el principado de Trento en 1786; en aquel momento Italia fue invadida por leyes extranjeras que rompieron la evolución natural del derecho procesal como las siguientes:
·       El reglamento general judicial de José Segundo en 1781.
·       Texto galiciano-italiano que sustituyó en el Veneto a la primera redacción.
Posteriormente apareció el Código de Procedimiento Civil publicado en 1806, que fue sustituido por el método judicial del 14 de abril de 1804, y el reglamento judicial complementario de las constituciones civiles entre otros.
La historia del Código de Procedimiento Civil Francés es muy diferente y fue influido por el derecho romano pero el proceso francés no se ha abandonado a la lenta evolución y elaboración de la doctrina y de la práctica. Francia tuvo un importante órgano central de jurisdicción: El Parlamento de París, cuyo proceso fue como el sostén de la legislación procesal en la que se fusionaban elementos romanos y germánicos.
Fue así como a raíz de la conquista el derecho canónico, romano y germánico influyeron en el derecho vigente en México, que se ha desarrollado a través del tiempo hasta mostrar las formalidades y matices procesales que hoy en día norman el derecho instrumental."

BIBLIOGRAFIA.
DERECHO PROCESAL CIVIL, JOSE CHIOVENDA, EDITORIAL CARDENAS EDITOR Y DISTRIBUIDOR.
DERECHO PROCESAL CIVIL, ERMO QUISBERT, EDITORIAL USFX.
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SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez 

A la luz de la dogmática y con perspectiva de conjunto, son sujetos procesales, el juzgador y las partes, incidiendo frecuentemente en el mismo los terceros y los coadyuvantes. Íntimamente ligados en el desarrollo del procedimiento, son sujetos procesales las personas entre quienes se establece y desarrolla la relación dominante en qué consiste el proceso. Por su presencia y carácter pueden ser subdivididos en sujetos principales y accesorios. 
Son considerados sujetos principales aquellos cuya presencia es indispensable para el surgimiento de la relación jurídica procesal; en contraste con los accesorios, cuya participación en contingente, en la vida de la misma. Puede entonces afirmarse que estos últimos no tienen una intervención insustituible en la vida del proceso, cuya relación jurídica concreta puede existir con su ausencia. Con gran transcendencia práctica el concepto de sujeto procesal es más amplio que el de parte. De esta suerte, los sujetos de la relación jurídica procesal son clasificados en dos tipos: parciales e imparciales. 
Son sujetos imparciales de las relaciones procesales los jueces, los funcionarios del ministerio público y aquellos que forman parte de la procuraduría de la defensa del trabajo; y son en cambio, parciales, las partes en el proceso. 
En este orden de ideas, son sujetos procesales las personas entre quienes se establece y desarrolla la relación jurídica en qué consiste el proceso, distinguiendo claramente los sujetos principales y accesorios; entendiendo a los primeros como aquellos que son indispensables para el surgimiento de dicha relación, en tanto que los segundos tienen solo carácter accesorio dentro de la vida del proceso. Son sujetos procesales en el proceso penal, el juez, el inculpado y el ministerio público, agregando al defensor. Así mismo, son sujetos accesorios el actor y el responsable civiles.
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PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DEL PROCESO

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez 

El principio de publicidad consiste en manejar como abiertas las audiencias judiciales, como la garantía más importante de las fiscalizaciones populares sobre la actividad de los defensores y los magistrados. Se parte de la premisa de que alimentado por la democracia, el pueblo se ha prestigiado como juez de más alta jerarquía. 
El principio de publicidad comprende, en opinión de Couture, la libre exhibición del expediente; el carácter público de las audiencias y la misma condición abierta de los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. Por ello constituye una garantía de la función jurisdiccional y una expresión manifiesta de la esencia del sistema democrático.
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Algunos Principios aplicables en el derecho Mexicano.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente al ordenamiento jurídico, se entiende que son parte de él, porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Son aquellos principios generales del Derecho que se derivan de los valores superiores y que son reconocidos por la constitución; principalmente contenidos en los artículos 14, 16 y 31 de la Carta Magna.
En nuestra Constitución encontramos en los artículos antes señalados los siguientes principios:
     ·       No analogía de la ley
     ·       Nadie puede ser molestado sin mandamiento judicial
     ·       Protección de las personas
     ·       Principio de generalidad
     ·       Principio de obligatoriedad
     ·       Principio de vinculación al gasto público
     ·       Principio de proporcionalidad
     ·       Principio de equidad

PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL

Son los principios formativos del proceso y se han producido a lo largo de la historia y perfeccionado conforme a las exigencias del momento y en múltiples ocasiones han conservado su esencia y valor originales, su aplicación tiene por objeto presentar alternativas para resolver los casos de insuficiencia u obscuridad de la ley, se consignan de manera expresa, en los modernos ordenamientos sobre la materia.
Los principios formativos del proceso con sus caracteres distintivos, que con frecuencia aparecen al igual que los valores, contrarios y por parejas.
En un cuadro descriptivo este tipo de principios son:
       a)       Dispositivo e Inquisitorio
       b)       Oralidad y Escritura
       c)        Rigidez y Flexibilidad
       d)       Mediatez e Inmediatez
       e)       Desconcentración y Economía Procesal
En relación con los anteriores la dogmatica señala entre otros principios los siguientes:
      ·       El principio de contradictorio o controversia
      ·       El principio de paridad procesal
      ·       El principio de eventualidad
      ·       El principio de publicidad
      ·       El principio de probidad
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Principios formativos del proceso o principios procesales.

Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

 

Principio de Dispositividad: Corresponde a las partes mantener en activo la dinámica del juicio hasta su resolución; en su voluntad depende la amplitud del objeto del proceso, fijando al juzgador el marco que debe conocer.

 

Como consecuencia el Principio de Dispositividad, es facultad del actor desistir del proceso o renunciar de su objeto o poder del demandado allanarse o de ambos transigir o someterse en árbitros la solución del conflicto.

 

Principio de Oficiosidad o Inquisitorio: Confiere al órgano jurisdiccional un papel preponderante en la dirección y conocimiento del proceso para mantenerlo activo hasta su conclusión.

 

Principio de Oralidad: Se deriva de un Derecho positivo en el que los actos procesales se realizan verbalmente, regularmente en Audiencia y reduciendo las piezas escritas al mínimo. Con la oralidad el Juez dirige el proceso y tiene contacto directo con la causa y las partes favoreciendo la concentración y la claridad de las etapas, abreviando el tiempo y recursos propiciando con ello la solución pronta y expedita del litigio.

 

Es un sistema deseable que debería promoverse pues resulta un principio flexible, sin formalidades y ágil, que habilita el contacto directo entre las partes y el Juez.

 

Principio de Escritura: A través de la documentación se da certidumbre al proceso, permite al juzgador estudiar los pormenores del caso proporcionando mejores elementos para razonar su juicio.

 

Principio de Rigidez: Por solemnidad, estrechamente ligada al Derecho formulario, sobre todo en materia civil se ha preponderado en el proceso una estricta rigidez.

 

Principio de Flexibilidad: En contrapartida del de rigidez, aplica principalmente en el Derecho Social (Laboral) se han dilatado las formas, buscando agilidad que permita una actuación abierta que induzca a la verdad y abrevie los costos del juicio.

 

Principio de Inmediatez: Es el avecinamiento del juzgador y las partes, de tal forma que su trato sea directo, sin terceros o intermediación.

 

Principio de Economía Procesal: El juzgador y los órganos auxiliares de la jurisdicción tienen el deber de practicar las medidas necesarias para procurar rapidez en el desarrollo del proceso, suprimiendo las fases de inactividad.

 

Principio de Concentración: Es una especie de principio de economía procesal y pretende realizar la subsunción de diversos actos procesales en una sola audiencia, de las que integran las fases de todo el procedimiento; pugna por aproximar los actos procesales unos a otros, resumiendo en breve tiempo su realización conjunta.

 

Principio de Controversia: La dualidad de las partes en el actuar del proceso, determinan el marco y los hechos para la decisión del litigio, aportan argumentos y pruebas para formar el soporte que habilite la sentencia, este principio se garantiza constitucionalmente en el artículo 14 constitucional procurando a las partes en pugna el respeto a las formalidades esenciales del proceso.

 

Principio de Paridad Procesal (Igualdad): Garantiza a las partes no tan solo el mismo trato, si no idénticas oportunidades para invocar sus pretensiones y hacer valer sus derechos.

 

Principio de Legalidad: Es el deber de las Autoridades de ajustar sus facultades y poderes a los marcos fijados por las Leyes, este principio reclama que los órganos judiciales fundamenten y motiven sus resoluciones conforme a derecho.

 

Principio de Eventualidad: Impone el deber de que las partes realicen los diversos actos procesales que les corresponden, en la oportunidad y términos procesalmente necesarios.

 

Principio de Publicidad: Es la libre exhibición del expediente, el carácter público de las Audiencias; constituye una garantía de la función jurisdiccional y una expresión manifiesta de la esencia del sistema democrático.

 

 

 

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Presupuestos procesales y etapas de los procesos civil y penal.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

 

Como presupuestos procesales generales encontramos los siguientes:

 

1.-La presentación del escrito de demanda.

2.-La capacidad procesal de las partes.

3.-El interés procesal.

 

Existen presupuestos procesales especiales para cada acción a intentar, por ejemplo en un juicio de divorcio, el acta de matrimonio constituye un presupuesto procesal especial para dicho proceso.

 

Etapas del proceso civil

(Primera instancia)

 

1. Etapa postulatoria: comprende desde la presentación de la demanda hasta la fijación de la litis.

2. Etapa probatoria: abarca desde el momento de la presentación de la pruebas hasta su desahogo.

3. Etapa conclusiva: comprende los momentos de la presentación de alegatos y el pronunciamiento de la sentencia.

 

(Segunda instancia)

 

4. Etapa de impugnación, en esta las partes exigen la revisión del proceso ante un tribunal de alzada.

5. Etapa de ejecución, tiene lugar cuando la sentencia ha causado estado y se tramita por lo regular en tres pasos: el embargo o secuestro de bienes, el remate de bienes y la adjudicación de bienes.

 

Etapas del proceso penal.

 

1. Etapa de pre-instrucción: comprende desde la averiguación previa y se desarrolla ante el Ministerio Público, puede iniciarse a través de denuncia o por querella con la intención de que se recaben las pruebas e indicios para acreditar el cuerpo de un delito y la probable responsabilidad del imputado; una vez integrados estos dos elementos se procede a la consignación y ejercicio de la acción penal.

 

2. Etapa de instrucción: las partes y el juzgador proceden a recopilar las pruebas tendientes a comprobar plenamente la responsabilidad o no del inculpado o su grado de participación en el delito.

 

3. Etapa de juicio: en esta, el Ministerio Público y la defensa presentan sus conclusiones y se señala fecha para el careo entre la víctima y el agresor, posteriormente se dicta la sentencia correspondiente.

 

4. Etapa de impugnación: se interpone el recurso de apelación objetando la sentencia dictada por el “A Quo” a efecto de que se modifique, revoque o confirme.

 

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Conexidad.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

 

Se da cuando dos o más litigios tramitados por separado se encuentran ligados porque provienen de la misma causa o participan los mismos sujetos, esta puede ser de dos tipos.

 

- Conexidad objetiva.- es la que acumula dos o más litigios dentro de un mismo proceso en virtud de que provienen de una misma relación jurídica sustantiva (causa)

 

- Conexidad subjetiva.- es la acumulación de los procesos en los cuales intervienen los mismos sujetos.

 

Estas figuras tienen por objeto evitar que se produzca la emisión de sentencias que puedan resultar contradictorias.

 

Para proceder a la acumulación por conexidad, la tramitación de los procesos se realizará separadamente, debiendo de resolverse en una misma sentencia, de acuerdo con el principio de que el juicio mas reciente habrá de acumularse al más antiguo.

 

abogado

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Apuntes sobre Jurisdicción.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez

 

• Jurisdicción es el poder de decir o declarar el derecho y como actividad pública destinada a la actuación del derecho objetivo es entendida como el instrumento idóneo para la aplicación de la norma general al caso concreto.

 

• La jurisdicción es confundida con diferentes figuras como el fuero o la competencia, el primero que se explica como un tipo de legislación particular, históricamente circunscrita a determinada comarca o región. La competencia constituye una especie de la jurisdicción y es explicada como la medida del poder del juzgador.

 

• La función jurisdiccional ha de entenderse como la obligación y el poder del juzgador de restablecer o preservar el orden jurídico que se estima amenazado o violado a criterio de las partes en el juicio, generando situaciones particulares, concretas o individuales.

 

• La jurisdicción declarativa al mismo tiempo declara el derecho preexistente y crea nuevos estados jurídicos de certeza y de coerción inexistentes con anterioridad a la cosa juzgada.

 

• La dogmatica clasifica a la jurisdicción en civil y penal, dentro de la primera encontramos las siguiente subclasificación:

 

o Contencioso-administrativo

 

o Fiscal

 

o Agraria

 

o Del trabajo

 

• La jurisdicción puede ser expresa o tacita.

 

o Expresa.- es otorgada por la ley a un juez o en su caso a un tribunal.

 

o Prorrogada.- se confiere a un determinado juez o tribunal por la voluntad, actividad u omisión de las partes en el juicio. (En materia laboral es improrrogable).

 

• La jurisdicción también puede clasificarse en sistemas federalizados como el nuestro en federal y local.

 

• La constitución reconoce en el artículo 104 fracción I, la llamada jurisdicción recurrente facultando al actor para elegir promover el proceso ante los tribunales federales o ante los locales.

 

• Existen criterios que distinguen entre jurisdicción ordinaria, especial y de excepción.

 

o Ordinaria es la facultad conferida al juzgador para conocer y resolver los conflictos litigiosos con fuerza vinculatoria, la ordinaria se caracteriza por el conocimiento y decisión de todas las controversia a las que la ley no asigna juzgadores especiales….

 

• Jurisdicción voluntaria es en principio un procedimiento jurisdiccional sin oposición o controversia entre las partes, un acto del juzgador, no precisamente judicial, que no cuenta con partes en sentido estricto, pues el llamado peticionario o pretensor no exige verdaderamente algo contra alguien. y es opuesta a la jurisdicción contenciosa.

 

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Fuentes e interpretación de las normas procesales.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

 

Son las formas mediante las cuales se generan y se manifiestan las normas jurídicas del derecho procesal, también pueden entenderse como, el origen factible de la suma de disposiciones del derecho positivo en el ámbito especifico del contexto del proceso y pueden ser directas o indirectas.

 

Las fuentes directas del derecho procesal son: la legislación, los reglamentos, las costumbres y los principios generales del derecho.

 

Dentro de las fuentes indirectas encontramos: la doctrina, la jurisprudencia, la analogía y la equidad.

 

La dogmatica contempla tres tipos fundamentales de interpretación jurídica: la autentica, la doctrinal y la judicial.

 

- Autentica es la efectuada por los órganos legislativos.

 

- Doctrinal es el reflejo y resultado del estudio de los tratadistas.

 

- Judicial es la que compete a los órganos jurisdiccionales.

 

Para la interpretación de las normas procesales, siempre deben tomarse en cuenta, los principios constitucionales, ya que estos reflejan fielmente el pensamiento político de la nación, una exegesis contraria, además de inconstitucional, resultaría absurda y arbitraria.

 

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Diferencia entre Proceso y Procedimiento.

Por Michelle Nadchieli Rivera Arriaga.

 

Proceso es entendido como el cumulo de actos jurídicos realizados con el fin de conseguir la administración efectiva de justicia, mediante la aplicación del derecho objetivo al caso concreto, a través de la sentencia.

 

Suele identificarse con el concepto de juicio, mismo que puede especificarse como: “El trabajo lógico – jurídico que realiza el Juez cuyo final o conclusión es el fallo o parte dispositiva de la resolución que termina un asunto (sentencia) que resulta investida de la autoridad de cosa juzgada en convertirse en sentencia firme.”

 

El procedimiento es aplicado como el conjunto de normas a través de las cuales se realiza y se tramita el proceso. Es el conjunto de formalidades o el conjunto secuencial de las etapas a lo largo de las cuales el legislador regula la tramitación del juicio.

 

El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva de litigio y el procedimiento puede darse fuera del campo procesal constituyendo al efecto una coordinación de actos en marcha, que se ligan entre sí por la unidad del impacto jurídico final que bien puede ser de un proceso o solo una de sus fases o fragmentos.

 

Para distinguir con claridad al proceso de procedimiento, se sostiene que el primero es un fenómeno jurídico cuya vida es privativa de la función pública y concretamente jurisdiccional. Que el procedimiento, en cambio en cuanto a combinación de actos vinculados causalmente, puede presentarse dentro de los órganos jurisdiccionales o fuera de los mismos.

 

El proceso se explica como el todo y el procedimiento por lo tanto ha de entenderse como su curso formal, o el rito para su praxis.

 

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La norma procesal.

Por Carlos López Portillo Sánchez.

Es la disposición del ordenamiento jurídico positivo que regula el actuar coordinado del juzgador y las partes dentro del litigio dirigido a obtener una sentencia.
Se pueden entender como normas generadoras de órganos jurisdiccionales y que fijan sus correspondientes competencias, como aquellas que establecen el desarrollo del proceso; y como las leyes que determinan las obligaciones, derechos y cargas de las personas o entidades que intervienen en el proceso.
La importancia de la norma procesal es manifiesta, debido a que quien no conoce la técnica del proceso, y se limita al estudio del derecho sustantivo, carece de las reglas para hacer valer sus derechos y por consiguiente le es imposible pedir justicia.
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Clasificación del derecho procesal.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.
De acuerdo con la proporción y forma en que inciden los principios formativos sobre los procesos, el estudio del derecho procesal se puede clasificar en tres sectores:
1. Derecho procesal dispositivo, en esta disciplina son importantes los principios de disponibilidad de la iniciativa, impulso y renuncia de los actos procesales por las partes en juicio y se subclasifica en:
- Derecho procesal civil
- Derecho procesal mercantil
El derecho dispositivo en materia procesal mercantil es concurrente, debido a la aplicación de Códigos procedimentales de las entidades federativas y el federal en un mismo ámbito espacial, no así, en materia mercantil en donde su aplicación es únicamente del orden federal.
2. Derecho procesal social, se subclasifica en:
- Derecho procesal del trabajo
- Derecho procesal agrario
- Derecho procesal asistencial
3. Derecho procesal inquisitorio, otorga al juzgador amplias facultades para impulsar y dirigir el proceso y en el ámbito civil es aplicable en la rama familiar y del estado civil de las personas.
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Sistemas de resolución de conflictos por voluntad de las partes.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.
La autodefensa y la autocomposición emergen como soluciones parciales del litigio, la primera supone la ausencia de un tercero en la solución de un conflicto y la imposición unilateral de su resolución por voluntad y exigencia de la parte dominante.
En materias civil y penal la autodefensa unilateral se legítima cuando el ofendido defiende su derecho y repele incluso un ataque injusto.
Existen tres tipos de autodefensa: licita o autorizada, tolerada y prohibida.
La autocomposición por su parte, es un acto procesal de mutuo arreglo, mediante la concesión o sacrificio, total o parcial, que se hacen las partes recíprocamente y puede ser bilateral o unilateral.
Formas de autocomposición unilateral:
- Desistimiento
- Allanamiento
- Perdón del ofendido
La dogmatica distingue entre el desistimiento de la demanda, el desistimiento de la instancia y el de la acción.
- De la demanda es entendido como el retiro del escrito inicial por voluntad del actor antes de su notificación al demandado. (deja a salvo sus derechos).
- De la instancia es el acto por el cual el actor renuncia a proseguir su actuación en el proceso, una vez notificada la demanda a la contraria, razón por la que es preciso recabar el consentimiento expreso de la demandada para que el retiro surta efectos.
- El desistimiento de la acción es la renuncia del actor a la pretensión o pretensiones invocadas a través de la demanda.
Allanamiento: es el acto de disposición del demandado, mediante el cual se somete lisa y llanamente a las pretensiones del actor; dentro del ordenamiento mexicano no es jurídicamente factible, condicionar los efectos del allanamiento a la demanda.
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Derecho procesal.

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.
También conocido como derecho adjetivo, formal o instrumental, es el sistema de reglas de carácter técnico que establecen como debe procederse para conseguir que las normas protectoras de los bienes de la vida tengan cumplimiento eficaz en los casos especiales o concretos.

El proceso se expresa en tres vertientes:

- Doctrinal
- Legislativa
- Jurisprudencial
El procesalismo científico no usa los términos controversia, pleito o conflicto sino el de litigio, en virtud de que este último es la controversia jurídicamente suficiente para trascender al derecho y al proceso y constituye un conflicto de intereses calificado por la pretensión del interesado y la resistencia de su contraparte.
La controversia se torna en litigio cuando una persona invoca una pretensión en juicio contra otra, con la intención de someter el interés de la contraparte al propio, de no presentarse oposición, quedaría el conflicto sin materia, es decir, no se configura el litigio.
El litigio actualmente se entiende en dos sentidos:
- Materialmente como el mero conflicto de intereses.
- Formalmente como la lucha de voluntades generadas por la pretensión invocada en el proceso y la resistencia de la demandada.
Elementos del litigio:
- Quien pretende
- Quien resiste
- Un bien jurídico material o intelectual
El proceso emana como de su genesis, de una situación externa y metaprocesal… denominada litigio.
Hay dos vías fundamentales para la solución de conflictos: 1.- El proceso como instrumento normal y, 2.- Los equivalentes jurisdiccionales. 

En conclusión el derecho procesal es la ciencia que estudia y regula la actividad coordinada del juzgador y las partes, con el fin de resolver los litigios mediante la aplicación vinculatoria de las normas de derecho, y se sustenta dogmaticamente en la trilogia fundamental: acción, jurisdicción y proceso.
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PROCESO PENAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA “Rules of Criminal Procedure”

Por Carlos Gabriel López Portillo Sánchez. 
EN LOS ESTADOS DE LA UNIÓN AMERICANA EL PROCESO SE REGULA POR EL “CRIMINAL PROCEDURE CODE” DE CADA ESTADO QUE ES EL EQUIVALENTE A LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTATALES DE MÉXICO. EN MATERIA FEDERAL EL PROCEDIMIENTO ESTA REGULADO POR EL’”FEDERAL RULES OF CRIMINAL PROCEDURE” (FRCP).
APLICABILIDAD
EL “FRCP” ES APLICABLE EN LAS CORTES DE DISTRITO, EN LAS DE APELACIÓN Y EN LA SUPREMA CORTE DE LOS E.U.
EN LOS ESTADOS, POR LOS JUZGADOS, INCLUSIVE EN GUAM, NOTHERN MARIANA ISLANDS Y VIRGIN ISLANDS.
SI EN UN ESTADO ALGÚN PROCEDIMIENTO ES DEROGADO, SE APLICA LA LEY FEDERAL.
EL “FRCP” NO REGULA SOBRE LA EXTRADICIÓN DE FUGITIVOS, NI VIOLACIONES A ORDENAMIENTOS FEDERALES REFERENTES A LA PROPIEDAD PRIVADA.
PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES (PRELIMINARY PROCEDINGS)
LA DENUNCIA (COMPLAINT)
Requisitos:
Nombre de la persona que la realiza (denunciante).
El delito cometido.
Los hechos u omisiones constitutivos del delito.
El nombre de la persona contra quien se cometió el delito.
Especificaciones de lugar y tiempo.
ARRESTO JUDICIAL
Arresto: es un procedimiento publicado por un tribunal penal, ordenando a un oficial a detener a un inculpado designado en la orden.
La persona que cometa cualquier ofensa contra la ley penal dentro de los límites del estado en flagrancia será arrestado y llevado ante la justicia de paz y si al oficial le es encomendado lo procesará.
Todos los arrestados serán tratados con cortesía siempre garantizando sus derechos.
La propiedad robada y recuperada será rematada así como la confiscada, los beneficios de dicha operación serán a favor de la tesorería.
En caso de menores, serán llevados a la casa juvenil del condado, y el oficial hará del conocimiento de la institución los cargos, razón por los cuales arresto al menor.
Una solicitud de arresto puede ser enviada a uno o a varios oficiales.
Se emite orden de aprehensión si se ha iniciado una denuncia de hechos ante una autoridad en materia penal cuando:
El tribunal determina la suficiencia de la denuncia, de lo contrario debe eliminarla.
También puede aún siendo suficiente la denuncia, negarse a emitir la orden de arresto hasta examinar a los testigos.
Si el juzgado está conforme con lo que el denunciado responde, es suficiente para negarse a emitir una orden de arresto.
El arresto solo lo emite al juzgado que conoce de la denuncia.
La orden de arresto se puede turnar a cualquier policía.
Si el acusado esta bajo supervisión del estado, la autorización para su detención puede ser ejecutada por un oficial de libertad condicional o oficial encargado de su supervisión.
La orden de detención es ejecutable cuando es publicada por un tribunal de distrito en todas partes del estado, si es publicada por un tribunal de ciudad; en el condado o en cualquiera contiguo.
Principios para que un arresto sea legal
Será ilegal si no hay “POWER OF ARREST”, que consiste en:
Si se cree que la persona ha cometido una ofensa que amerite arresto.
Si se cree que está cometiendo la ofensa.
Si existe una orden de arresto. Ej. Si violo una fianza.
Un guardia puede arrestar a una persona si cree que esta por cometer un delito que amerite arresto o es razonablemente sospechosa de haber cometido una ofensa.
Si comete una ofensa no susceptible de arresto pero el oficial no puede obtener su nombre y domicilio, entonces arrestará.
Si representa un peligro para la sociedad o para el mismo.
Si existen poderes estatutarios para la detención “orden del estado”. Ej. Obtener huellas digitales después de compurgar una pena.
Orden de arresto:
Nombre de la persona que vio afectado algún bien jurídico tutelado por las leyes penales.
Debe ser publicada por una autoridad judicial, cuando el denunciante hace una declaración jurada (affidávit) y debe reunir los siguientes requisitos:
Ser por escrito indicando la denominación de la autoridad emisora y en nombre del estado que solicita su ejecución.
Fecha y lugar de emisión de la orden.
Nombre, alias o descripción de la persona por arrestar.
Lugar y tiempo en donde se cometió el delito (cada delito será declarado por separado).
Delito por el que se le persigue. (Tipo penal)
Relato conciso de los hechos u omisiones.
Orden expresa de arresto.
Si el delito o falta lo permite debe contener el monto de la fianza.
El nombre del oficial a quien es dirigida y quien deberá ejecutarla.
Debe ser firmada por la autoridad judicial.
Se emitirá la orden si el tribunal cree que la ofensa fue cometida y el ofendido realiza su denuncia, Un juez de paz no puede publicar una orden de arresto en contra de un oficial en ejercicio de sus funciones, ni de administradores de algún centro educativo (directores o maestros), sin previa investigación.
Si la denuncia se hace fuera de la jurisdicción de la cual el delito fue cometido, la autoridad judicial inmediatamente notificara a la fiscalía (procuraduría) del lugar en que fue cometida.
Detención en flagrancia (fresh persuit).
El oficial continuará la persecución fuera de sus límites, si se cometió el delito en territorio donde ejerce su competencia, o si la persona comete el delito en su presencia o es nombrado en una orden de arresto extraordinaria.
Si el arresto se hace fuera de su territorio pero dentro del estado, se regresara al individuo a su territorio, pero si se logra fuera del estado, entonces el oficial pondrá a disposición de la policía local para su posterior extradición interregional.
Supuestos en que se realiza el arresto sin la orden de aprehensión:
La ofensa (misdemeanor) se comete en presencia a la autoridad (el oficial).
Si la persona cometió un crimen. (Felony)
Si el oficial sospecha que la persona cometió una ofensa aún si no es en su presencia.
Si el oficial tiene conocimiento de que otro oficial cuenta con la orden de arresto contra la persona.
Quien está en persecución puede entrar en otra jurisdicción (fresh persuit).
No es necesario informar al delincuente del arresto, si este comete la ofensa en el momento, porque puede intentar huir.
El arresto lo puede realizar un civil si la ofensa es cometida en su presencia (flagrancia).
Método de arresto
El oficial que ejecuta el mandamiento informará a la persona que existe una orden de arresto en su contra, esto puede omitirse si se cree que el probable responsable puede resistirse al arresto.
El oficial debe tener la orden de arresto al momento, en caso contrario, la mostrará al sujeto lo antes posible.
Lugar y tiempo en que es ejecutable.
Cualquier día de la semana y a cualquier hora.
El oficial puede usar la fuerza física.
Si la detención es en la vivienda de un tercero, se debe obtener la autorización de este, de no ser posible porque el aviso pueda causar que el inculpado escape o se ponga en riesgo la vida de alguien o causar destrucción de evidencia, este requisito puede ser omitido.
Si se cuenta con la autorización para entrar pero no se le permite el acceso al oficial, podrá romper cerraduras.
Si la detención la realiza otro oficial al que no le fue enviada la orden de arresto, éste deberá sin tardanza entregarlo en custodia al oficial que tiene dicha orden.
Se debe informar al inculpado su derecho a presentarse ante un tribunal penal para que se le imponga una fianza, si la gravedad de su conducta lo permite.
Para detener a un denunciado por una ofensa (delito no grave/ misdemeanor), además de un crimen (delito grave/felony) , un policía que no tiene en su poder la orden de arresto puede mantenerlo en custodia por un periodo no mayor de dos horas, para entregarlo al oficial que la tenga.
Si el inculpado no paga la fianza, el oficial le solicitará su declaración por escrito de tal hecho, asimismo debe retenerlo en custodia y sin tardanza entregarlo al tribunal, cuando éste se niega a firmar dicha declaración.
Si el demandado no paga la fianza que le corresponde, el oficial lo retendrá para entregarlo a un tribunal.
Antes de llevarlo ante el tribunal, el policía debe llevar a cabo todo el marcaje, “fingerprinting” (se refiere a las huellas dactilares y remitirlo al tribunal.
Procedimiento cuando el arresto se realiza en otra jurisdicción de donde se cometió la ofensa
Será detenido, hasta que pague la fianza o sea transferido al lugar en que es requerido.
Este arresto no puede ser por más de diez días.
El “Police and Criminal Evidence” dispone las reglas para que una detención sea legal, a saber:
Que en la orden de arresto sea claro, quien es detenido y porque?
Se le debe mostrar al individuo la orden y si no es posible al momento, se hará a la brevedad.
Puede ser usada la fuerza razonable, en excepción con ancianos, ni con persona que ya se encuentre en una comisaría.
Se les debe advertir que lo que digan puede ser usado en su contra como evidencia.
Debe ser llevado inmediatamente a una estación de policía.
La orden debe indicar la comisaría a la que será trasladado, este requisito es flexible, atendiendo a la disponibilidad de comisarías.
Derechos del indiciado
• A un proceso rápido.
• A ser informado de los cargos que se le imputan.
• A ser representado por un abogado.
• A no ser procesado dos veces por el mismo delito.
• No ser obligado a declarar en su contra.
• A que se le confronten los testigos en su contra.
• A presentar testigos a su favor.
• A un proceso con jurado.
• A apelar en todos los casos.
Proceso/juicio.
Procedimientos
Promociones antes de recibir declaraciones, estas se harán fuera de la presencia del jurado en la etapa de reuniones entre partes que se realiza antes del juicio.
Los argumentos base en un proceso deben ser la denuncia y la declaración de culpabilidad.
Cualquier defensa, objeción o solicitud que pueda determinarse fuera del juicio, no tendrá validez si ya inicio el juicio.
Dichas promociones pueden ser orales o escritas y a discreción del juez, este puede permitir a las partes que presenten respuestas y apoyar en el proceso, cualquier apoyo será archivado al menos 20 días antes del juicio y cualquier respuesta 10 días, a menos que el juez disponga otros plazos.
Las promociones siguientes deben realizarse antes del proceso:
Las que desafíen la suficiencia de la queja.
Sobre errores procesales y los que reclaman sobre las medidas tomadas por la autoridad, si son consideradas perjudiciales para los derechos civiles del inculpado.
Requerimientos de información entre las partes.
Promociones solicitando procesos separados de múltiples inculpados o separación de cargos.
Defensa y objeciones basados en la instrucción de la persecución, en la denuncia, sobre la jurisdicción o sobre el delito imputado.
Descubrimiento (discovery)
Al inculpado le será permitido inspeccionar, copiar o fotografiar objetos que están en posesión del denunciante o del tribunal.
El tribunal entregará al inculpado una lista con nombres de las personas que pueden ser llamadas como testigos y si se encuentran nuevos, los hará de su conocimiento.
Si el tribunal lo solicita, el inculpado permitirá al “representante social/fiscal” (prosecutor), copiar o fotografiar evidencia en su posesión.
En caso de que una de las partes obtenga evidencia nueva, se la hará saber a la otra parte o al tribunal inmediatamente.
EL JURADO
Se conforma de 12 personas calificadas por el tribunal (jurors), existen jurados alternativos (suplentes), que fungirán en caso de ausencia de los titulares.
Si el jurado está en sesión las siguientes personas deben presentarse:
Fiscales
testigos
interpretes
el reportero de la corte
El operador de “grabadora” (recording device).
INFORMACION:
FELONY: (DELITO GRAVE)
ES UNA OFENSA QUE DEBE SER PERSEGUIDA POR DENUNCIA Y ES CASTIGADA CON PENA DE MUERTE O POR MÁS DE UN AÑO EN PRISION.
MISDEMEANOR: OFENSA QUE SE CASTIGA CON PRISION DE UN AÑO O MENOS, DEBE SER PERSEGUIDA PROCEDIENDO CON UN CITATORIO O CON UNA NOTIFICACION DE VIOLACIÓN.
EMPLAZAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA EL JUICIO
Emplazamiento (Arraingment)
Las personas detenidas serán remitidas a más tardar en tres días laborales ante el juez.
Se le entregara una copia de la orden de arresto, se le dará lectura y se le solicitara se declare culpable o inocente.
DECLARACIÓN
Antes de que el tribunal acepte la declaración de culpabilidad, se le hará saber y entender que su declaración es voluntaria y no a la fuerza, ni bajo amenazas, las consecuencias de la misma, así como la pena máxima, también se le informará que tiene derecho a un abogado en todas las etapas del proceso.
Tiene derecho a confrontarse con quien atestigüe en su contra, a ofrecer testigos en su favor, a declarar en cuanto a los cargos que se le imputan y que una vez que acepta hacerlo habrá renunciado al derecho de rechazar declarar en cualquier materia relevante al asunto.
Si se declara culpable el tribunal puede condenar al momento o indicar fecha posterior.
Si decide no declarar acerca de su culpabilidad el juez determinara que no existe voluntad de hacerlo o que no entiende la naturaleza del delito, entonces lo determinará o considerará como si fuera no culpable.
Regla de exclusión
Si una de las partes los solicita podrá evitar que algún testigo esté presente en las audiencias hasta que sea llamado por el tribunal.
COMPARENDO / CITACIÓN (SUBPOENA)
Es una orden del tribunal por la que se requiere la asistencia de un testigo en el proceso (el tribunal pagara 10 dólares por cada día de asistencia)
Puede ordenar a un testigo que muestre objetos, libros, fotos etc., estos al llegar al tribunal serán examinados por las partes y debe ser dirigida a mayores de edad así como presentarse en el lugar que la corte designe, no necesariamente el tribunal.
JUICIO
Declaraciones de apertura (opening statements).
El fiscal presentará su declaración primero, seguido de la defensa, este podrá conservar su declaración hasta el final, ambas partes pueden renunciar a emitir su declaración.
Carga de la prueba.
Recae sobre el fiscal para mostrar que el inculpado cometió lo vertido en la denuncia, esta carga es sobre el fiscal siempre.
Después de que el fiscal presenta testigos de refutación (rebuttal witnesses).
Una vez que se han presentado todas las pruebas, las partes pueden presentar argumentos de cierre.
Peritos
Cada parte absorbe el costo de los peritos
El tribunal puede designar a un perito si así lo considera
Instrucciones del jurado
El tribunal puede solicitar al jurado instrucciones sobre el proceso, y aceptarlas o desecharlas.
Se le informará al jurado, que el hecho de que el inculpado, aunque en su declaración de culpabilidad acepte los cargos, debe ser considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
Promoción para juicio de absolución
Se realiza si las pruebas son insuficientes para sostener la acusación, si se realiza al finalizar todas las pruebas, el tribunal puede reservar su decisión hasta el veredicto del jurado.
Si el jurado dicta un veredicto de culpable, sin haberse resuelto la promoción de absolución, el tribunal hará a un lado el veredicto y se adentrará a resolver la promoción.
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LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

Por: Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.
En un sistema democrático todos los órganos del estado deben actuar conforme a lo estipulado en la Constitución, por lo que ningún acto de poder público es válido si no se ajusta a las prescripciones jurídicas que lo prevén y rigen. La actuación de los órganos estatales fuera del derecho o contra el derecho es inválida en la democracia e incompatible con ella.
La supeditación al derecho del poder público, o sea, de la conducta funcional de todos los órganos del estado se expresa en el principio de juridicidad, que a su vez comprende el de constitucionalidad y el de legalidad.
El principio de constitucionalidad condiciona todos los actos de los órganos estatales incluyendo las leyes, las cuales, si se oponen a la constitución, no pueden dar validez formal a los actos de autoridad que regulan. El principio de legalidad rige a los actos administrativos y jurisdiccionales, los que, sin embargo, deben someterse primariamente y a derecho de lo que disponga la legislación ordinaria, a los mandamientos constitucionales.
Ningún acto de autoridad, independientemente de su naturaleza y del órgano estatal del que provenga, puede escapar a su imperatividad; y tratándose de la leyes, su validez formal depende de su adecuación a la Constitución.
Ahora bien, la violación por parte de los órganos del estado al principio de juridicidad bien sea mediante actos de autoridad que vulneren el principio de legalidad o el de constitucionalidad, trae aparejada en un sistema democrático la invalidez de tales actos.
Esta invalidez no opera automáticamente, sino que requiere de su declaración jurisdiccional que se encomienda a otros órganos estatales de diversa índole según el régimen especifico de que se trate.
La Leyes Generales inciden válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las Leyes Generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.
“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
El Congreso de la Unión carece de facultades para emitir una Ley General de Victimas que distribuya competencias entre la Federación y las Entidades Federativas y por lo tanto obligue a Autoridades Federales, Locales y Municipales, debido a que no existe en la constitución una prerrogativa expresa para ello, razón por la cual con la expedición de esta ley se violentaría la autonomía de los Estados y del Distrito Federal por lo que para emitirse, debe existir tanto una disposición constitucional que establezca que esta materia es una materia concurrente, así como que faculte al congreso para emitir dicha ley, de otra manera se otorga un espacio a los gobiernos locales para no aceptar la obligación de cubrir el daño.
En atención al principio de legalidad, se genera la necesidad de reformar el artículo 73 constitucional para otorgar la potestad requerida y robustecer la base de la ley propuesta, de otra manera se genera un ordenamiento endeble y susceptible de ser controvertido y suprimido por las entidades federativas o los municipios.
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JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TCADF

Por: Carlos Gabriel López Portillo Sánchez.

El artículo 9 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las Autoridades de la Administración Pública y el artículo 32 de la Ley Orgánica de este Tribunal, señala que las Salas de este son competentes para conocer de los Juicios de los Actos Administrativos de las Autoridades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, contra resoluciones definitivas, contra la falta de contestación, contra las negativas fictas entre otros, lo que abarca las posibilidades que en el caso que nos ocupa pudiesen suceder y en su artículo 85 señala las formalidades que debe contener la demanda ante ese Órgano Jurisdiccional mismas que se mencionan a continuación:
- Nombre del Actor
- Domicilio para recibir notificaciones
- Señalar los actos administrativos que se impugnan
- Señalar la Autoridad o Autoridades demandas
- Nombre y domicilio del tercero interesado
- Las pretensiones
- La fecha en la que fue notificado el acto de administración que se impugna
- Descripción de los hechos
- Firma del actor
- Pruebas que se ofrezcan
También deberá adjuntarse:
- Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes;
- El documento que acredite su personalidad, y si ésta ya fue reconocida por la autoridad el documento en el que conste.
- El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia donde conste el sello de recepción de la instancia no resuelta por la autoridad, salvo cuando se demande la nulidad de las resoluciones verbales,
- El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante, y,
- Las pruebas documentales que ofrezca.
- Si se desconoce el acto administrativo que se pretende impugnar se expresará en la demanda.
El presidente del Tribunal enviará al Magistrado que corresponda por turno, quien de no encontrar irregularidades en la demanda ordenará emplazar a las partes para que dentro del término de quince días contesten la demanda; en el acuerdo de admisión se resolverá sobre la procedencia de las pruebas.
Una vez contestada la demanda se citará a las partes a una audiencia con objeto de desahogar las pruebas ofrecidas y oír los alegatos correspondientes y dentro del plazo de treinta días siguientes a dicha audiencia, se pronunciará por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la Sala, la sentencia que puede reconocer la validez del acto impugnado, declarar la nulidad lisa y llana o únicamente para determinados efectos precisando la forma y términos en que la Autoridad debe cumplirlos o sobreseer el Juicio.
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EL RECURSO DE REVOCACIÓN

Por: Carlos Gabriel López Portillo Sánchez
Según el artículo 433 del Código Fiscal del Distrito Federal, este Recurso será optativo, toda vez que, existe la posibilidad de interponer el Juicio de Nulidad directamente ante el Tribunal de lo Contencioso y se estudian en este apartado los requisitos de procedencia y las formalidades requeridas para la sustanciación del Recurso de Revocación.
El Recurso de Revocación debe interponerse mediante escrito dirigido a la Procuraduría Fiscal dentro de los quince días que haya surtido efecto la notificación del acto impugnado o en cualquier tiempo siempre y cuando la autoridad no emita ninguna respuesta y deberá contener:
- Nombre
- Domicilio para oír y recibir notificaciones
- Correo electrónico (opcional)
- La descripción del acto o resolución que se impugne así como la fecha en que fue notificado.
- Descripción de los hechos
- Argumentos en contra del acto impugnado
- Fundamentos de Derecho (de ser posible)
- Pruebas (constancia de notificación, documento en el que conste el acto o resolución definitiva impugnada, las demás con las que cuente).
El artículo 447 fracción I, inciso b), indica que, el Recurso de Revocación tendrá sustento contra las resoluciones que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme la Ley y que hayan sido dictadas por Autoridades entre las que se encuentran la Secretaría de Finanzas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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El ejercicio de la acción causal.

Por Carlos Gabriel López Portillo.

 

Quien tiene un título de crédito, del cual perdió su derecho a hacerlo valer mediante la acción cambiaria por el transcurso del tiempo y del cual ha intentado inútilmente cobrarlo mediante la vía ejecutiva mercantil, tiene derecho para ejercer la acción causal por la vía ordinaria mercantil. Esta, una vez ejercida, el actor de la demanda, tiene la obligación de señalar la relación jurídica que dio origen a la emisión del título base de la acción, esto significa que, debe indicar como fundamento de su demanda cual fue el negocio jurídico que generó la emisión o transmisión del título de crédito (cheque, pagare o cualquier otro), en virtud del cual el demandado adquirió obligaciones, y que fueron incumplidas, lo anterior con el fin de que quien esta siendo llamado a juicio como deudor esté en posibilidad de excepcionarse en contra de las pretensiones del actor, de otra manera quedaría en estado de indefensión, además de que de esta forma se proporcionan al juzgador los elementos necesarios para que esté en posibilidad de determinar si resulta o no procedente la referida acción.

 

Cuando se ejerce la acción causal, en caso de que existan diferencias entre el contrato y el título de crédito, debe atenderse a lo plasmado en el contrato que le dio origen y no a lo que esta contenido en el titulo de crédito.

 

El endosatario en procuración para lograr el cobro por la vía judicial de un documento de crédito, como representante del endosante, puede intentar la acción causal. Lo anterior es así por que con los endosos en procuración se busca facilitar la representación de los acreedores y el mandato contenido en un endoso de esta naturaleza desaparece hasta su cancelación, la renuncia del endosatario o la conclusión del negocio, por lo que dicho mandato no se extingue por la caducidad de la acción cambiaria directa.

 

Ahora bien, si se atiende a que la ley considera al endosatario en procuración como un tenedor del título entonces este puede ejercer la acción causal, por lo que no es necesario ser el propietario del título para ejercer la acción causal.

 

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