Primeramente, se debe comprender que la competencia económica antes de ser un concepto jurídico fue un concepto económico, pues el “agente económico” es el sujeto esencial en esta actividad. El Derecho en Competencia tomó como un punto clave este término, posteriormente se le atribuyó una interpretación jurídica y fue entonces cuando se lo reconoce al Estado como un agente económico, pues era necesario que interviniera en las actividades vinculadas con la producción, distribución, intercambio o consumo. Diversos autores han presentado definiciones con el fin de explicar con mayor claridad lo que busca la materia, algunas de ellas que permiten una comprensión más amplia se mencionan a continuación:
Miranda Londoño (2011) señala que el derecho en competencia es “el conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el poder actual o potencial de las empresas sobre un determinado mercado, en aras del interés público”; en esta definición se nota, primeramente, que el derecho busca regular el dominio que tiene el comerciante para poder manipular las condiciones que se presentan en la empresa, por lo cual protege a los consumidores y empresarios. Complementando esto, cabe citar a Witker (2003), quien define la materia bajo la doctrina mexicana como:
Una rama del derecho económico que regula y ordena los mercados sancionando las prácticas mercantiles anticompetitivas atentatorias a la libre concurrencia y competencia, que incluye al conjunto de normas que regulan las relaciones de mercado que se susciten entre agentes económicos, mismas que pueden tener por objeto la promoción y defensa de la competencia, la eficiencia económica, la apertura de mercados, y el bienestar de los consumidores. (p. 76)
En efecto, la competencia es ampliamente reconocida nacional e internacionalmente, pues problemas como la desigualdad, la pobreza y acceso restringido a determinados productos y servicios son conceptos básicos en este ámbito. En México, el 39 % de la población del país carece de los recursos suficientes para adquirir productos de la canasta básica, según el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (2017). Esto es un problema al que el Estado ha buscado implementar soluciones, una de ellas es el aumento de sueldos y oportunidades laborales así como de educación; sin embargo, se deja de lado el analizar el precio de las cosas, sobre todo cuánto deberían costar, debido a que esto afecta exponencialmente a la economía del país. Esto es de suma importancia ya que, como lo menciona Aradillas (2018), las familias mexicanas pagan 98.2 % más de lo que deberían como consecuencia del poder del mercado de las empresas, lo cual tiene repercusiones graves puesto que, de no existir este poder de mercado, las familias observarían un aumento automático de 15.7 % en la capacidad adquisitiva de sus salarios. Por lo anterior, se debe buscar erradicar todas las desigualdades con el fin de beneficiar a la sociedad.
En consecuencia, el Derecho de competencia “se constituye una garantía jurídica que otorga equilibrio al mercado en virtud del cual, los productores y distribuidores compiten por la demanda, promoviendo mejores precios y calidades” (Miranda Londoño, 2011, p.53), así como una innovación constante en sus productos para ofrecer mayores opciones sin limitar al consumidor a regir su elección por lo que establezca un vendedor (que siempre busca tener efectos positivos para él mismo, enfocándose en la eficiencia de los mercados). Por lo que esta materia procura la corrección de las desigualdades que se presentan en las actividades mercantiles e industriales cuando se agreden las libertades económicas, buscando sobre todo combatir la desigualdad. Por consiguiente, los problemas que se presentan en la competencia económica son distintos y se dividen en diversos tipos que en en futuras entradas se analizarán.
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